La polémica ante la veintena de dudosos nombramientos de jefes de control interno que en diciembre pasado realizó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, llegó a las puertas de la Procuraduría General de la Nación.
A través de una denuncia en la que aparecen mencionados seis altos funcionarios del Municipio, incluyendo al mismo alcalde, se pidió a ese órgano de control investigar y esclarecer una de esas designaciones, que tal como documentó EL COLOMBIANO en enero pasado dejaron en el aire muchas suspicacias.
El caso de la demanda se trata del de la subgerente de Evaluación y Control de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Paula Andrea Trujillo González, quien tomó posesión de ese cargo el 3 de enero y cuyo nombramiento quedó formalizado en el Decreto 1180 del 21 de diciembre de 2021.
Requisitos en duda
Al igual que en otros casos revisados por este diario, el nombramiento de Trujillo González dejó varias preguntas, ya que, además de ser hermana del senador conservador Carlos Andrés Trujillo González, uno de los aliados del alcalde Quintero, su experiencia profesional y académica no encajarían con los requisitos que las normas exigen para su cargo.
De acuerdo con la información consignada en su hoja de vida publicada en el Sigep, la vinculación de Trujillo con el sector público se remonta al 13 de febrero de 2008, cuando trabajó como técnica operativa en la Alcaldía de Itagüí hasta el 12 de noviembre de 2009.
Además de pasar por entidades como el Cefit de Envigado, entre 2011 y 2012, su currículum registra su paso por otras instituciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Contraloría de Antioquia, el Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahíta, la Personería de Itagüí, entre otras. En materia académica, ese documento muestra un estudio de pregrado en Contaduría Pública y dos especializaciones, una en Alta Gerencia y otra en Especialización en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
La nuez de la discusión se centra en que, pese a su experiencia, el currículum de Trujillo iría en contravía de los requisitos exigidos por la ley y las normas de la misma EDU, según aparece en la denuncia que llegó a la Procuraduría.
Normas contradictorias
La primera resolución en cuestión se trata de un documento de 77 páginas, con el que la EDU rediseñó su estructura organizacional en 2017.
Además de especificar las funciones de cada uno de los cargos de esa entidad, en su artículo octavo la norma estableció los requisitos para la Subgerencia de Evaluación y Control, especificando que la persona a ocupar ese puesto debía tener un título profesional de cualquier disciplina y una especialización en áreas relacionadas con sus funciones; para esta última, sólo sugiriendo que dicha especialización sería “deseable”, más no obligatoria.
Aunque a luz de esa norma, la experiencia de Trujillo encajaría, dos normas adicionales enredarían su aterrizaje en la EDU.
La primera de ellas se trata del Decreto 989 del 9 de julio de 2020, firmado por el presidente de la República, que hizo más estrictos los requerimientos de todos los jefes de control o cargos con esas funciones en los municipios de categoría especial, como Medellín.
Según estableció ese decreto, cómo mínimo deben cumplirse dos condiciones: o tener un título profesional, maestría y 52 meses de experiencia relacionada con asuntos de control; o, a falta de una maestría, tener un título profesional, un posgrado o especialización y 64 meses de experiencia en asuntos de control interno.
Con base en ese mismo decreto, la EDU emitió un mes después, el 6 de agosto de 2020, una resolución en la que, específicamente, actualizó el manual de funciones del empleo de Subgerente de Evaluación y Control, incorporando en su artículo segundo esos mismos dos requisitos al interior de la entidad.
Curiosamente, este último documento, que aparece publicado en la página de la entidad, fue firmado por el secretario de Gobierno, Esteban Restrepo Taborda, en condición de presidente de la junta directiva de la EDU, y por el secretario ejecutivo de ese mismo órgano, Sergio Alejandro Mazo Bohórquez.
Con base en la información publicada en su hoja de vida del Sigep, Trujillo González ni contaría con una maestría ni con los 64 meses de experiencia en cargos con esas funciones específicas, sostiene la denuncia que fue entregada a la Procuraduría General de la Nación.
Bajo esa óptica, uno de los factores que causan suspicacia es por qué la misma administración municipal, que se encargó de dejar por escrito la incorporación de requisitos más estrictos, habría considerado que el perfil de la hermana del senador conservador se ajustaba, tal como lo estableció la Secretaría de Gestión Humana a través de un certificado expedido el 20 de diciembre de 2021.
“(...) solicito aplicar el procedimiento señalado en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, es decir efectuar la revocatoria del nombramiento, por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial, quien tiene la facultad nominadora en estos empleos”, formuló el denunciante en su acción ante la Procuraduría, cuyo nombre EL COLOMBIANO se abstiene de hacer público.
Implicaciones disciplinarias
Aparte de poder tumbar el nombramiento de Trujillo, la denuncia radicada podría volverse un dolor de cabeza para el mismo alcalde de Medellín, quien, cómo máxima autoridad del municipio, es el responsable directo del nombramiento, tal como se lee en el decreto en cuestión, que fue publicado en la Gaceta Municipal 4909 del 29 de diciembre de 2021.
Como lo contó EL COLOMBIANO el pasado 23 de enero, de constatarse la presunta irregularidad de dicho nombramiento, según explican expertos en derecho administrativo, el alcalde podría ser procesado a la luz de la leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, que consideran como una falta gravísima la contratación de funcionarios públicos sin el lleno de los requisitos legales.
Para conocer su posición frente al tema, EL COLOMBIANO envió un requerimiento a la EDU y a la Alcaldía de Medellín, preguntando por su versión sobre el nombramiento de Trujillo González.
“(...) la EDU no es competente para suministrar o emitir lo solicitado dado que a la fecha no hemos sido notificados oficialmente por parte del ente de control”, respondió esa entidad en un pronunciamiento escrito.
Por su parte, la Alcaldía expresó no tener conocimiento de señalamientos por el nombramiento de Trujillo y señaló no tener tampoco notificaciones de la Procuraduría.