La búsqueda de cuerpos de posibles víctimas de desaparición en el conflicto armado continuará en el cementerio de Carepa, Urabá antioqueño, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) diera inicio a la segunda jornada de caracterización, prospección y exhumación en ese camposanto cobijado con medidas cautelares desde julio pasado, junto al de Mutatá, ubicado en esa misma región.
Inicialmente, las intervenciones en el cementerio de Carepa se hicieron entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre pasados, como parte de las acciones del Caso 04 de la JEP, que investiga la situación de Urabá en lo que tiene que ver con los efectos que dejó el conflicto armado. Pero el tiempo no fue suficiente para terminar todas las actividades requeridas, por lo cual se hizo necesario extender las fechas.
Ahora, bajo esas medidas cautelares, ordenadas por le Sala de Reconocimiento, la JEP extendió la segunda etapa de la intervención desde este jueves 9 de noviembre hasta el próximo viernes 17 del mismo mes.
La intención de intervenir el camposanto de Carepa es proteger los cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada que se presume hay en el lugar, según versiones voluntarias que han dado cuenta de que en allí habrían enterrado, sin identificar, a personas asesinadas en medio del conflicto y presentadas como bajas en combate.
El auto que extiende las labores de búsqueda, firmado por la magistrada Nadiezhda Henríquez, relatora del Caso 04, incluyen las instrucciones de lo que deberá hacerse en esta segunda fase para dar continuidad a las actividades y resultados obtenidos entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre.
Así las cosas, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP mantendrá las diligencias de prospección, recuperación y exhumación de los cuerpos esqueletizados o estructuras óseas que fueron enterradas sin identificación, para lo cual se definieron puntos de interés forense en el camposanto.
Por su lado, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la UIA tiene la obligación de embalar y rotular bajo los protocolos estrictos requeridos los cuerpos o estructuras óseas que sean recuperados en el sitio, para entregarlos a personal del Instituto Nacional de Medicina Legal, que se encarga de adelantar los procesos que permitan su identificación.
Esto también implica jornadas con los posibles familiares que están buscando a sus seres queridos. De hecho, entre el 14 y el 17 de este mes se hará una atención integral con ellas, en la que participarán distintas instituciones convocadas por la JEP para acompañar estos procesos, como la fuerza pública, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías municipales.
En la primera fase, las jornadas con las víctimas incluyeron toma de muestras para usar en los procesos de identificación, orientación, entrevistas y el trámite de 23 solicitudes de acreditación como víctimas para el Caso 04. También se brinda asesoría y acompañamiento jurídico y sicosocial.
Las medidas cautelares decretadas para los cementerios implican la suspensión de obras de construcción o remodelación que puedan afectar las áreas de interés forense definidas en este proceso.
Con estas diligencias, que se han hecho en otros municipios de Antioquia y otros departamentos del país, se busca proteger los cuerpos de posibles víctimas de hechos ocurridos en el conflicto armado, en especial, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, de modo que puedan hacerse labores de identificación, para entregar los cuerpos a sus familias y que puedan darles una sepultura digna.
