Hay dolor y consternación en Anorí, en el Nordeste antioqueño, por el fallecimiento de dos jóvenes de 15 y 18 años, tras pisar un artefacto explosivo mientras trabajaban en una zona rural conocida como Alto del Zapatillo, en la vereda Tacamocho. Sector donde ya se han presentado varios de estos accidentes y que las autoridades locales han denunciado que tiene gran cantidad de minas antipersonal y otros elementos de ese tipo enterrados.
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De acuerdo con Gustavo Silva, alcalde de Anorí, los dos jóvenes residían en el casco urbano del municipio, pero estaban cumpliendo labores de minería en esa zona (ubicada a unas seis horas de camino), actividad que desarrollaban para ayudar al sustento de sus familias. Hacia el mediodía de este miércoles 4 de junio, pasaron por ahí y pisaron uno de los artefactos que grupos armados ilegales habían escondido bajo la tierra, con lo cual activaron su explosión.
El mandatario local dijo que el accidente ocurrió muy cerca de la carretera veredal por donde transitan los habitantes de por lo menos seis sectores de comunidades campesinas, dos indígenas y una afro (esta última del corregimiento Charcón del Iberia). Todos han visto limitado su derecho a la libre movilidad debido a la presencia de campos minados.
Las comunidades viven atemorizadas y confinadas
Ese es el mismo sector donde, en febrero pasado, un campesino de 64 años que estaba cumpliendo labores de campo pisó otro artefacto y sufrió daños graves en las extremidades inferiores, tras lo cual tuvieron que amputarle la pierna izquierda. En ese caso, el hombre alcanzó a ser trasladado a un hospital, donde pudieron salvarle la vida, pero quedó con las secuelas y la discapacidad.
Infortunadamente, en el caso de los dos jóvenes, dijo el alcalde, uno falleció en el mismo sitio, mientras que el otro estaba vivo cuando llegó una ambulancia y pidieron asistencia para trasladarlo por aire para recibir atención médica, pero el tiempo no les alcanzó y tampoco logró llegar vivo al hospital.
“Dejaron dos familias sumidas en el dolor, están destrozadas, eran dos muchachos apenas empezando a vivir, buenas personas, humildes, que trabajaban para conseguir el sustento del hogar. Toda la solidaridad con las familias, estamos esperando que les entreguen los cuerpos”, señaló el mandatario Silva.
El alcalde también habló de la crisis que viven en el municipio por cuenta de estos artefactos explosivos que parecen estar plagando la tierra de nuevo, poniendo en riesgo a las comunidades, a los campesinos que trabajan la tierra, a los niños y niñas que deben caminar a las escuelas, a las mujeres que salen a alguna cita. Lo grave es que no hay suficiente pie de fuerza en la zona y el mandatario sostuvo que la respuesta del gobierno nacional ha sido mínima.
“De parte del gobierno departamental se ha solicitado ayuda al gobierno nacional, solicitando apoyo con más personal, más unidades porque estas son zonas bastante difíciles con presencia de todos los grupos armados (ELN, Clan del Golfo y disidencias de las extintas Farc), pero la respuesta del gobierno nacional ha sido mínima”, sostuvo.
Hay que recordar que ante estos hechos y los ataques a la fuerza pública en el departamento, el pasado 5 de mayo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le solicitó al gobierno nacional que le brindara asistencia militar al departamento. La respuesta, por medio de una carta firmada por un asesor presidencial, llegó casi 20 días después y en ella le indicaron al mandatario que había “tomado debida nota de su solicitud y de los argumentos allí expuestos”.
Para el gobernador esta fue una respuesta “vacía”. Justamente, el Nordeste antioqueño es una de las zonas del departamento para la cual está pidiendo dicha asistencia, pues se requiere fortalecer la capacidad de la fuerza pública ante los difíciles problemas de orden público que allí se viven.
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En diciembre de 2024, antes de que le ocurriera el accidente al campesino, otra fuerte explosión de un campo minado en Anorí dejó gravemente heridos a tres militares, dos soldados y un suboficial, quienes por vía aérea fueron rápidamente trasladados a centros asistenciales para atender sus heridas. Según la información preliminar en ese entonces, los miembros del Ejército Nacional, de la Brigada 14, cayeron en el campo minado durante un operativo en el corregimiento Charcón del Iberia, por lo que fueron auxiliados por el enfermero de combate de emergencia.
Justamente, en abril pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alertó por el incremento de accidentes con minas antipersonal y artefactos explosivos en Antioquia, por cuenta de las disputas de grupos armados. De acuerdo con la entidad humanitaria, con corte a ese mes, las afectaciones por estos hechos se habían duplicado en el último año.
Según las cifras presentadas, en 2024 hubo 91 lesionados en Antioquia en hechos en los que se usaron explosivos o minas, siendo las últimas las que mayor cantidad de afectaciones dejaron. Lo más delicado es que para 2023 se contabilizaron 48 casos, lo que llevó a un aumento del 89% de un año a otro. Lo que más preocupa a este organismo es que de los afectados el año pasado, 12 eran civiles que quedaron en medio de las disputas entre grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN.
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