El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, aprovechó la decisión del Gobierno nacional de suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc para irse lanza en ristre contra la política de paz total, que ha sido una de las prioridades del gobierno del presidente Petro desde su llegada a la Casa de Nariño.
El Gobierno nacional tomó la decisión de suspender el cese al fuego decretado el 31 de diciembre del 2022 —y que iba inicialmente hasta el 30 de junio del 2023— después de que se conociera que miembros de este grupo armado reclutaron forzosamente y luego asesinaron a cuatro menores indígenas en el Caquetá cuando intentaban escapar.
Para el gobernador, este crimen cometido por el frente Carolina Ramírez del grupo armado Estado Mayor Central de las Farc, liderado por Iván Mordisco, confirma las denuncias que él ha hecho en los últimos meses sobre reclutamiento de menores “por parte de todos grupos ilegales que supuestamente participan en el proceso de la Paz Total”.
El gobernador no se quedó en la condena de la masacre ´del Caquetá y fue más allá: aseguró que todos los grupos participantes de la Paz Total habían violado el cese al fuego de manera “constante y evidente”.
Gaviria le pidió al Gobierno nacional escuchar más (y hacerle caso) a los gobernadores y a otras voces que, según él, han sido ignoradas. “Es más que necesario un nuevo direccionamiento del proceso, escuchar a los gobernadores y las voces de otros actores clave que han sido ignorados”, dijo.
Lea también: Clan del Golfo estaría presionando el paro minero en Bajo Cauca y Nordeste, según la Gobernación
Para el mandatario, la decisión de suspender el cese al fuego con las disidencias de las Farc, así como en su momento lo fue con el Clan del Golfo, era algo que se veía venir. La Paz Total es “un proceso que arrancó mal y va mal” y que no tiene “bases sólidas”, bajo la perspectiva de Gaviria.
Si bien los tentáculos del Estado Mayor Central se extienden por 15 de los 32 departamentos del país, entre ellos Antioquia, el Presidente solo suspendió el cese en 4 zonas: Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, justamente las regiones donde opera el frente Carolina Ramírez, al mando de alias “Danilo Alvizu”, responsable de las muertes de los jóvenes que hacían parte de la comunidad indígena Murui (Putumayo).
“Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores lo mismo. Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto”, declaró Petro.
