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Los cuestionamientos que acechan la elección de nuevos contralores
Mientras en Medellín se libra una batalla por la elección de la universidad, en Antioquia la Asamblea reanudó el proceso tras el levantamiento de una medida cautelar.
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Tanto en la Asamblea de Antioquia como en el Concejo de Medellín avanzan los procesos para seleccionar a las cabezas que liderarán las contralorías entre 2022 y 2025. FOTO CAMILO SUÁREZ
25 de octubre de 2021
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En medio de un ambiente caldeado por suspicacias y cuestionamientos, en el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia avanzan los concursos para elegir a los candidatos que buscan liderar a los órganos de control fiscal en el municipio y en el departamento.
Mientras en Medellín se libra una batalla por la elección de la universidad que se encargará del concurso, en Antioquia varios juzgados estudian una serie de tutelas en las que se alega que la Universidad Nacional habría cometido errores en el proceso, en la antesala de una prueba de conocimientos próxima a hacerse.
Un contrato polémico
Durante los últimos días, en el Concejo de Medellín la agenda ha estado dominada por una serie de cuestionamientos que varios concejales han formulado sobre el proceso de contratación con el que el Instituto Tecnológico de Antioquia terminó siendo el escogido para el concurso público.
Cabe recordar que a comienzos de octubre se desató una polémica por la renuencia de las principales universidades de la ciudad a responder a una invitación formulada por la Mesa Directiva, para que se postularan a realizar dicho concurso.
Bajo ese panorama, a mediados de este mes, se hizo pública una resolución en donde la secretaría jurídica del Concejo anunció la firma de un convenio interadministrativo con el Tecnológico de Antioquia para que se encargara de ese proceso, dando inicio a un tire y afloje entre varios concejales con la Mesa Directiva.
Por ejemplo, durante la sesión del pasado 23 de octubre, el concejal opositor por la bancada del Centro Democrático, Alfredo Ramos, planteó que esa resolución estaría viciada, dado que un contrato de ese tipo solo podría haberse firmado directamente por la Mesa Directiva.
Según sostuvo, aunque esa instancia del Concejo podría haber delegado al secretario para esa firma, aquella autorización no se habría producido.
“No hay una trazabilidad al respecto”, dijo Ramos, aludiendo también a que en la resolución no aparece con claridad cómo se habría hecho la selección del instituto.
“No más pantomimas, pongámonos serios y revoquemos inmediatamente este contrato. Llamemos a una convocatoria interna aquí en el Concejo para que definamos unas reglas claras”, dijo.
Bajo una línea similar, otros concejales como Julio Enrique González, Dora Saldarriaga y Daniel Duque consideraron que habría un alto riesgo de que el proceso estuviese viciado, por lo que debería ser suspendido y luego revisado por la corporación.
“Yo no le voy a aceptar el término de pantomima”, le respondió a Ramos el presidente del concejo, Jaime Cuartas, argumentando que la Mesa Directiva ha llevado un proceso “serio, riguroso y garantista”.
Añadió que los cuestionamientos y dudas planteadas serían analizados en una reunión este lunes a las 2 de la tarde, con la presencia del equipo jurídico del Concejo.
Cuestionan los filtros
Mientras en Medellín aún no está claro si la elección de la universidad quedará en firme, en el caso de Antioquia varios jueces estudian una cadena de tutelas que varios candidatos interpusieron antes de que se realizara la prueba de conocimientos, que estaba programada para el pasado 11 de octubre.
Dentro de esas acciones, una de las que se destaca fue la interpuesta por un candidato identificado como Sebastián López Hernández, que consideró que la Universidad Nacional, encargada de adelantar el concurso, habría actuado de forma injusta.
López argumentó que la universidad lo habría dejado por fuera del proceso al considerar que le faltaba una certificación en la que constara que su tarjeta de abogado estaba vigente. De acuerdo con López, pese a haber anexado otros documentos en los que la vigencia de su tarjeta podía comprobarse, la universidad se habría empecinado en sacarlo del concurso.
Luego de que la Nacional le negara un reclamo en el que pedía revisar esa decisión, López acudió a los tribunales y logró que un juzgado administrativo ordenara suspender el concurso público.
El pasado viernes 22 de octubre, el juez le dio la razón a la universidad y consideró que López debía haber anexado ese certificado, tal como aparecía en las condiciones del concurso. Tras la decisión, la Mesa Directiva de la Asamblea ordenó reactivar el concurso y publicó un nuevo cronograma (ver el ¿Qué Sigue?).
Aunque tanto en Medellín como en Antioquia, los procesos siguen su curso, el debate en ambas instancias apenas está por comenzar
Comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en la investigación de temáticas locales. También cubro temas relacionados con salud, historia y ciencia.
