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Las dudas que rondan futuro de megacolegios
Líos entre la firma extranjera Mota-Engil y el Gobierno tienen en vilo las obras en 231 sedes educativas.
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Instalaciones abandonadas de la institución educativa Pedro Nel Gómez en Medellín. Fue desalojada en 2018.
FOTO julio césar herrera -
El documento establece, entre otras, la imposibilidad de subcontratar las obras. -
El ministerio admitió que el exjefe de Odebrecht se reunió con sus funcionarios.
La escuela Abraham Montoya, en Neira, Caldas, amenazaba con venirse abajo y provocar una tragedia para las familias de los 350 niños que cursan allí la primaria. Demoler parecía la única solución para evitar que la vieja y deteriorada infraestructura se desplomara.
Estudiantes y profesores evacuaron en 2013 el edificio, que solo fue demolido hace dos años, cuando la promesa del Gobierno Nacional de construir una nueva sede con recursos del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa (FFIE) les devolvió la esperanza. Clavos y tablas surgieron como solución para la comunidad educativa de la escuela, que pertenece a la Institución Nuestra Señora del Rosario, para garantizar que continuaran las clases.
En improvisadas aulas de madera, pensadas para durar pocos meses, continuó la vida escolar. Sin embargo, tal como confirma Flor Edilma Pardo, tesorera de la institución “ya están muy deterioradas porque no estaba previsto que se usaran durante seis años”. Vigas con fisuras, metal oxidado y bases podridas por la humedad se observan en los salones a los que, según la institución, constantemente se les tienen que cambiar partes del piso, más aún en temporada de lluvias, cuando el agua no solo se filtra, sino que además daña las estructuras y sigue poniendo en riesgo a los niños.
El caso de la escuela Abraham Montoya es solo uno de los 541 proyectos de infraestructura educativa financiados por el FFIE en todo el país, con el fin de mejorar la infraestructura de los colegios de Jornada Única.
De estos 541, al menos 231 acuerdos de obra están en vilo por la parálisis de los trabajos, por cuenta de los retrasos e incumplimientos de las empresas. En medio de la tormenta legal entre el FFIE y sus contratistas hay, por lo menos, unos 100.000 estudiantes afectados.
“Excesiva concentración”
El proyecto de construir 5.000 nuevas aulas en Colombia inició en 2016 y, según el FFIE, la adjudicación del 62% de los contratos marco quedó en manos de dos contratistas: Mota-Engil y GMI, Germán Mora Insuasti.
En palabras de Adriana González, directora del FFIE, era responsabilidad del Gobierno anterior alinear la contratación de las obras del fondo, que se rige por el derecho privado, a los principios de la contratación pública: “Tenía que adelantar un proceso de selección objetiva para efectos de escoger a todos sus contratistas, pero es evidente que hubo un gran nivel de concentración, eso es innegable. Adjudicar el 62% de los proyectos del FFIE a dos contratistas definitivamente aumentaba el riesgo en todo sentido. ¿Qué había detrás? No lo sabemos”.
González advirtió que precisamente para descubrir cualquier posible irregularidad en la forma en que se adjudicaron las obras “estamos en proceso de contratar una auditoría integral que permita establecer insumos adicionales a lo que tienen hoy en día los órganos de control”.
Pero entre esos dos contratistas, hay uno que llama la atención, no solo porque en su momento se le asignó el mayor número de proyectos, sino por sus antecedentes, pues ha terminado salpicado en casos de corrupción que se investigan en otros países.
Se trata de Mota Engil, un conglomerado industrial portugués que, según el testimonio que el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, entregó a la Fiscalía de ese país, haría parte del “Club de la construcción”, un grupo de compañías que, a manera de carrusel, se habría rotado de forma irregular y a cambio de coimas los contratos de obra pública.
Actualmente, el ente acusador peruano no ha abierto proceso judicial contra Mota Engil, pero sí lo hizo la Procuraduría, que investiga las razones de continuados incumplimientos de los contratos.
La compañía portuguesa llegó en 2018 a sustituir a la peruana Graña y Montero, socia de Odebrecht a la que inicialmente le habían sido adjudicados los proyectos de infraestructura educativa del Eje Cafetero y la región Pacífica, y que sí fue vinculada formalmente al caso del “Club de la construcción” en el vecino país.
En Colombia, a Mota-Engil le fueron adjudicados la ejecución de 248 Acuerdos de Obra pertenecientes a tres Contratos Marco (usualmente conocidos como “contratos sombrilla”) en 18 de los 32 departamentos. Esto se traduce en el 45% de la totalidad de los proyectos en ejecución. De estos, según el Ministerio de Educación, 118 se encuentran en etapa de diseños, 113 en etapa de obra y 17 terminados.
“Devuélvanos el dinero”
La pintura de las paredes se está descascarillando de a poco en la abandonada sede primaria de la Institución Educativa Pedro Nel Gómez de Medellín.
Cerca de 700 estudiantes de transición a quinto tuvieron que ser trasladados a la sede de bachillerato, pero, como cuenta John Jairo García, rector del colegio, cinco grupos quedaron por fuera y fueron reubicados en instituciones vecinas.
En 2016, los padres de familia del Pedro Nel Gómez recibieron la noticia de que la institución sería beneficiada con el programa del FFIE. Sin embargo, comenta García, solo hasta mediados de 2018 recibieron noticias del Ministerio de Educación. La orden era que debían desalojar la sede, lo antes posible, para que iniciaran las obras y así lo hicieron, en octubre.
Hoy, añade el rector, no ha pasado nada. No se ha movido en la sede abandonada ni una sola cuadrilla. Nunca demolieron la infraestructura vieja y, aunque los estudiantes no están hacinados en los espacios de la sede de bachillerato, sí son muy reducidos para los niños de primaria.
“Está caído el colegio. Me parece vergonzoso que el Gobierno nos prometa un colegio nuevo, ilusionamos a las familias. Pero no se ha hecho nada”, dice García.
El 16 de septiembre de 2019, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, envió una carta al Ministerio de Educación solicitando a la Nación que le devolvieran al Departamento los recursos aportados para la construcción de los megacolegios, “teniendo en cuenta el incumplimiento del Ministerio de Educación en las obligaciones del convenio”. En su misiva, el mandatario menciona un monto aportado por la Gobernación de $60.000 millones para cofinanciar nueve de los 54 colegios de Antioquia.
González enfatizó que los recursos aportados por las entidades territoriales no se han perdido y que están resguardados en el patrimonio autónomo. Añadió que a los contratistas se les paga únicamente cumplan con los hitos que están establecidos en el contrato (por ejemplo, culminar la fase de estudios y diseños) y con el recibo a satisfacción de la interventoría. Si eso no ocurre, dijo, no se les paga.
Debido a los incontables retrasos, el FFIE comenzó la ruta jurídica para terminar, de manera anticipada por incumplimiento, los acuerdos de obra paralizados de Mota Engil. El Fondo abrió, además, una convocatoria para habilitar nuevos contratistas.
Al reasignar los proyectos a nuevos contratistas, explicó González, es necesario hacer un ajuste de precios a 2020. Para ello se adaptó una cuenta contingente, cuyos costos adicionales serán asumidos por la Nación y que, en cálculos preliminares, se estima que ascienda a los $100.000 millones.
La versión de Mota-Engil
En una rueda de prensa convocada por el consorcio portugués, José Ignacio Leiva, abogado externo de Mota Engil Colombia, se refirió en nombre de la firma a lo que consideran “reiterados incumplimientos del FFIE” y mencionó, también, la determinación de la empresa de proponer un arreglo directo para no continuar con la ejecución de los Contratos Marco.
Leiva enfatizó en que hoy no existe ningún proceso de investigación sobre la forma en la que fueron adjudicados los contratos y que la concentración que menciona el FFIE es consecuencia “de la manera en la que se estructuró el proceso de selección. No fuimos los únicos ganadores, ni tampoco los únicos en ganar más de una zona”.
Señaló que todo el dinero se encuentra en una fiducia y que, en ese caso, no existe corrupción: “Hemos entregado obras por más de $ 261.000 millones y solamente se nos han pagado $149.000 millones”.
Concluyó que no han paralizado las obras y que fue el FFIE “quien abandonó los trabajos”, debido a incumplimientos graves (como 56 obras en las que las interventorías del FFIE no contaron con el personal mínimo necesario y 82 solicitudes de arreglo directo materializadas en solo siete reuniones que quedaron inconclusas).
En esta estrategia por parte del Fondo para reasignar los proyectos a otros contratistas, precisó Leiva, se llegó a la terminación unilateral de más de 60 obras, “algunas por encima del 80% de ejecución”.
“Confiamos que los tribunales colombianos e internacionales determinarán las responsabilidades asociadas a estos contratos”, indicó el vocero de Mota-Engil.
El FFIE ratificó, en efecto, que a Mota-Engil se le han terminado a la fecha, de forma unilateral, 66 acuerdos de obra en el país, siete de ellos en Antioquia.
Uno de estos colegios es la I.E Eduardo Espitia Romero de Necoclí, en el Urabá antioqueño, el cual atiende a 1.800 alumnos.
Según Hermógenes Mejía, coordinador del colegio, los contratistas demolieron el 80% de la estructura vieja, quedaron en pie solo unos bloques antiguos que ya están resquebrajados.
La semana pasada, cuenta, en las obras que no van ni al 50%, algunos trabajadores estuvieron retirando cosas como equipos y andamios. Quedaron solo unos yerros torcidos, sin paredes, unas cuantas columnas. Los estudiantes pasan los días en dos sedes arrendadas y en hacinamiento.
Para Mejía ya la paciencia es insuficiente, están agotados: “Esto que está ocurriendo es, quizás, una radiografía dolorosa de la desidia y de los errores en la contratación pública” .
Contrato marco con Mota Engil
El documento establece, entre otras, la imposibilidad de subcontratar las obras.
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El ministerio admitió que el exjefe de Odebrecht se reunió con sus funcionarios.
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