A finales del pasado mes de agosto, y a propósito de las denuncias que se ventilaron sobre los presuntos vínculos de algunas campañas políticas con la ilegalidad, dos de los candidatos a la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez y Alonso Salazar les propusieron a los demás aspirantes firmar un pacto por la transparencia para evitar que actores ilegales permearan las campañas, con miras a las elecciones del 25 de octubre.
EL COLOMBIANO, haciendo eco de esa iniciativa, les pidió a los seis candidatos al primer cargo de la ciudad que, en aras de la transparencia, le presentaran a la ciudadanía los nombres de las personas que ocupan los mandos estratégicos en cada una de las campañas, quienes posiblemente harán parte de la próxima administración.
Sobre el pacto y su importancia en la actual contienda electoral, el aspirante Federico Gutiérrez, del movimiento Creemos, dijo que “la corrupción también alimenta la inseguridad. Aquí tiene que haber autoridad moral y los aspirantes a ocupar el cargo de alcalde debemos ser los primeros en demostrar nuestra transparencia”.
Por su parte, Alonso Salazar, avalado por el Partido Alianza Verde y la Alianza Social Independiente, quien también invitó a sus colegas a acoger el pacto, señaló que “aquí todos debemos respetarnos, sin embargo, hechos tan trascendentales como denunciar las historias siniestras de algunos socios de candidatos, no deben considerarse un irrespeto”, teniendo en cuenta el cargo al que cada uno de ellos aspira a ocupar.
Y es que lo que está en juego en la próximas elecciones no es un asunto de poca monta. Con la aprobación del acuerdo 300 por parte del Concejo, Medellín como figura administrativa pasó a convertirse en un gran conglomerado económico integrado por 41 entidades que en el 2013 facturaron casi 15 billones de pesos, por lo que el próximo alcalde más allá de gobernar, tendrá la responsabilidad de que esos recursos se ejecuten de manera transparente y eficiente.
Por esa razón es importante no solo que desde las distintas campañas se garantice que no hay nexos con la ilegalidad, sino que quienes rodean a los candidatos sean personas competentes, transparentes y su proximidad a los aspirantes no comprometa la independencia de las decisiones del próximo gobernante de Medellín .
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