La ausencia de usuarios, el desamparo de los bancos y el valor del arriendo, son los discos más pesados que la pandemia añadió a la barra de preocupaciones que cargan los gimnasios, llevándolos al límite su resistencia.
En Medellín, catalogada en varios certámenes como “la capital fitness de Suramérica”, cerca de 300 centros de entrenamiento, desde los que funcionan en garajes hasta las grandes cadenas, están sudando la gota gorda para sobrevivir al acuartelamiento que comenzaron el 15 de marzo, una semana antes de que se decretara el aislamiento obligatorio.
El problema se agrava por la poca visibilidad que han tenido frente al Estado, comparados con otros sectores más sensibles que coparon la atención, como el sistema de salud, la construcción, la cadena de suministros alimenticios y las manufacturas. Aunque no son una necesidad básica, los gimnasios generan empleo para 20.000 personas y prestan servicio a 1’700.000 usuarios en Colombia, según datos del gremio, por lo que son importantes de cara a la reactivación económica.
Mauricio González es gerente de Animal X, marca que nació hace 10 años y cuenta con 34 sedes, diez de ellas en la capital antioqueña. Aseguró que la empresa genera 340 empleos directos y la misma cantidad de indirectos, para atender a 15.000 usuarios, y dijo que si se sumaran todas las pérdidas de los gimnasios del país, la cifra rondaría los $100.000 millones mensuales.
“Los planes y mensualidades de los clientes se congelaron, no estamos generando ingresos”, afirmó. Al igual que otros directivos del gremio, coincidió en que los arriendos son el rubro más complejo, pues hay sedes pequeñas que pagan hasta $5 millones y otras $73 millones, lo que representa entre un 30% y 50% de los ingresos.
Según sus cuentas, de los 2.000 gimnasios que hay en Colombia, solo el 2% tienen locales propios.
La cadena Action Fitness nació hace cuatro años en nuestra ciudad y posee 20 sucursales (16 en Medellín), en las que entrenan 25.000 personas, se generan 350 empleos directos y 100 indirectos.
“La compañía requiere al menos $2.000 millones al mes para operar, con eso se paga la nómina, los arriendos ($800 millones), servicios públicos y administración. Los ingresos están por el suelo”, contó su presidente, Wilder Zapata.
La norma expedida por el Gobierno señala que los arrendadores y arrendatarios pueden renegociar el pago del alquiler, pero muchos propietarios no han querido otorgar rebajas ni aplazamientos.
Esto tiene el agravante de que, según Zapata, los bancos no les hacen préstamos, “en la primera semana de la cuarentena nos rechazaron los créditos que teníamos en estudio”.
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