EPM recibió este martes 633,8 millones de dólares, el último pago de la indemnización de la póliza todo riesgo construcción y montaje de parte de la aseguradora Mapfre, por la contingencia en Hidroituango.
El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, le confirmó esta transacción a la Contraloría General de la República, dentro del proceso fiscal que la entidad adelantó hasta la condena en segunda instancia por el detrimento patrimonial de $4,3 billones.
A este pago por 633,8 millones de dólares recibidos hoy, se suman los pagos anticipados por Mapfre a EPM por 350 millones de dólares. Así, el pago total de la aseguradora por la contingencia en Hidroituango asciende a 983,8 millones de dólares, dijo Carrillo.
El contrato de transacción del pago del siniestro de Hidroituango fue firmado por Mapfre el pasado diciembre, derivado del fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General en segunda instancia.
La aseguradora se comprometió así a pagar el 90% de las pérdidas que se ocasionaron por la contingencia de 2018.
La bolsa para pagar el total del detrimento patrimonial lo completó una póliza adquirida con Sura de responsabilidad civil directores y administradores. El pasado 23 de diciembre, esa aseguradora le giró a EPM $402.454 millones, en cifras redondas, unos $100,6 millones de dólares.
Con la tasa de cambio de ayer, el pago total de Mapfre fue de $3,89 billones.
Sumada toda la bolsa, con los pagos de Mapfre y Sura, se alcanzan los $4,302 billones. Sin embargo, será la Contraloría General de la República la encargada de definir, según la tasa de cambio de los días de los desembolsos, cuánto finalmente pagaron las aseguradoras vinculadas al proceso.
El pago de las dos pólizas significa el fin del proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango y determina que los efectos de inhabilidad para los procesados (26 personas naturales y jurídicas) se extinguieran. En términos legales, cuando se paga el detrimento patrimonial el proceso de responsabilidad fiscal se archiva.
Con este último pago, EPM retirará de la demanda arbitral que actualmente se encuentra suspendida ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín e informará del mismo a la Contraloría General de la República, con el objetivo que este sea considerado dentro del fallo de segunda instancia.
