Tras el pronunciamiento del Consejo de Estado que dejó sin efectos un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que autorizó, en diciembre pasado, el reinicio de las obras del Tramo 2B de Metroplús en Envigado -conocido como Túnel Verde-, la nueva suspensión de las obras generó un caos vial en el sector del cual no se salvan ni los envigadeños ni sus visitantes.
Una visita al sector, entre La Frontera y la quebrada La Ayurá, permite ver la veracidad de las denuncias de los ciudadanos que se quejan porque la zona es prácticamente intransitable ya que la vía, que tenía dos calzadas de dos carriles, quedó reducida a dos carriles en sentidos opuestos: uno que va hacia Envigado y el otro hacia Medellín, lo que implica largas y prolongadas congestiones en horas normales, pero mucho más fuertes en las horas pico.
La tala de los árboles se inició el 26 de diciembre y el 8 de febrero se reanudaron los trabajos en la vía, concretamente en la calzada occidental del tramo entre La Frontera y La Ayurá, y cuando todo marchaba a pedir de boca para la obra, el 16 de febrero el Consejo de Estado en un comunicado le ordenó al Tribunal Administrativo de Antioquia suspender el permiso de reinicio de las obras y emitir un nuevo pronunciamiento que tenga en cuenta las afectaciones para la comunidad del sector por la construcción de las obras, que consisten en un tercer carril y un paradero de buses para el sistema Metroplús.
Este comunicado del Consejo de Estado obligó a la inmediata suspensión de los trabajos, con la consecuencia de que los carriles, que ya venían cerrados por las obras, quedaron clausurados al paso vehicular con estructuras llamadas maletines, las cuales brindan seguridad a los viajeros, pues de no estar allí los vehículos se irían a un hoyo de más de 80 centímetros de profundidad que quedó tras el retiro de 400 metros lineales de malla asfáltica, por el cual sería imposible transitar.
“El problema es tan grave que para bajar del Club Campestre a Envigado un conductor se puede tomar hasta 40 minutos”, advierte un envigadeño residente en el sector del Tramo 2B.
Como hay incertidumbre por el sentido de la nueva decisión que adopte el Tribunal Administrativo de Antioquia, autorizando la reapertura de las obras o negándola, no se sabe el tiempo que persistirá este problema.
Ante la duda, Rafael Giraldo, envigadeño y quien departía con otro amigo en una cafetería de la zona, expresó que no se compadecen los perjuicios que causa la parálisis con la defensa de los árboles: “no me parece que un capricho de unos ciudadanos cause un perjuicio tan grande, frenan una obra que trae movilidad para miles de personas y que es desarrollo”.
Su amigo y compañero de mesa, Ricardo Espinosa, sugirió que se dialogue más y se pueda seguir con el proyecto, porque los ciudadanos necesitan el progreso y llegar a tiempo a sus destinos.
Otros que se sienten inconformes con los cierres de los carriles son los taxistas. John Dayro Posada y Orlando Agudelo, que trabajan en un acopio del sector, advirtieron que el cierre de los carriles de la avenida 43A en el tramo del Túnel Verde tiene perjudicado a todo Envigado. “Desde el Euro no hay para dónde moverse, que por favor solucionen eso”, pide John Dayro.
Lo peor es que a este cierre se suma el de la calle 25A, paralela a la quebrada La Ayurá, por las obras del puente que conecta con la plaza Mayorista, en la avenida Las Vegas, y los residentes en varias urbanizaciones que habitan en los alrededores están casi aislados.
En ambos sectores hay presencia de guardas de la Secretaría de Movilidad que regulan el tráfico, pero como son cruces semaforizados, su acción es visiblemente insuficiente para evitar la congestión.
Sobre el tema, el Metroplús se sostiene en que sigue a la espera de un nuevo pronunciamiento del Consejo de Estado con base en las decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia. Dice que a más tardar para la semana entrante, tras el plazo de 20 días dado el pasado 16 de febrero y que frenó de nuevo las obras, se debe tener una decisión. Y su respuesta frente al litigio en los tribunales es la misma:
“Acataremos el fallo (...), considerando que esto tiene unas implicaciones del orden económico, por posibles sobrecostos, y de movilidad, por la congestión que se genera entre La Frontera y La Ayurá, sobre la avenida El Poblado”, apuntó en su momento el gerente (e) de Metroplús S.A., Samir Murillo Palacios.
“El Tribunal Administrativo de Antioquia debe juzgar si, para evitar que se cause un perjuicio irremediable que afecte los derechos colectivos de los envigadeños, es necesario suspender o no la ejecución de la obra”, detalló el Consejo de Estado en su comunicado.
La abogada ambientalista Hilada Castaño, que hace parte junto a otras personas como tercer interviniente en el proceso, que desde 2013 tiene frenado el proyecto en el Tramo 2B por la tala de árboles en el sector, afirmó que espera que el Tribunal antioqueño obre en derecho y teniendo en cuenta que el Túnel Verde es un bien de interés cultural y patrimonial que se ve afectado con las obras del Metroplús.
Añadió que se ha desconocido el papel de los terceros intervinientes en cuanto a las notificaciones de las decisiones sobre el tema y en las respuestas oportunas a sus peticiones y sus recursos y aseguró que ha habido fallas en los procesos administrativos de parte de la empresa Metroplús, el Área Metropolitana y la alcaldía de Envigado, que son los socios del proyecto.
Y advirtió que aunque desde la alcaldía de Envigado se ha dicho que no se talarán más árboles, “ellos mismos han reconocido que deben talar ocho más, pero no lo dicen públicamente”.
Vale precisar que este nuevo freno al proyecto se generó en una acción popular que interpusieron dos ciudadanos para evitar la tala de árboles en el corredor verde. A pesar de que el juez que conoció de la acción popular emitió una medida cautelar de urgencia, por medio de la cual se suspendió la ejecución de las obras y se impidió la tala de los árboles, en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Antioquia levantó esta suspensión, dando lugar a que continuara la ejecución de las obras. Ante esto, los demandantes interpusieron una tutela con la intención de que se mantuviera la medida que impide intervenir el área hasta que se falle la acción popular.
A este grupo, el Consejo de Estado le concedió la acción de tutela al considerar que, “la decisión por medio de la cual se negó la medida cautelar violó los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva”.
Sobre la posible solución a los problemas de movilidad en el sector en litigio se consultó a la alcaldía de Envigado y hasta el momento no ha habido una respuesta, la cual será tenida en cuenta cuando le sea dada a este medio.
