El último reporte que la secretaría de Educación de Antioquia le entregó a EL COLOMBIANO sobre el estado y la operación actual de los 80 parques educativos fue escueto: 71 terminados, uno en ejecución, seis pendientes de ejecución, uno suspendido y uno sin iniciar. 60 sí están operando, 20 no. Sin más detalles.
La realidad que hoy rodea a los parques educativos es que solo 22 están funcionando bien, con una programación adecuada para su propósito y con una planta física que se encuentra en excelentes condiciones; otros 28 operan con reportes de garantías constructivas relacionadas con filtraciones, humedades, y afectaciones de algunos acabados como pisos y muros, entre otras.
Ya sabemos que hay nueve, de los cuales uno está en ejecución, otro quedó suspendido en plena construcción y siete no existen. Además, hay 21 parques educativos, como los de Valparaíso, Yondó o Gómez Plata, que no funcionan porque están cerrados debido a que las alcaldías no cuentan con los recursos suficientes para su operación y mantenimiento.
¿Quiénes deben responder por el estado actual de los parques educativos, para que en un futuro cercano no sean elefantes blancos? Esa es la pregunta que muchos antioqueños se hacen y las respuestas varían dependiendo de los intereses políticos.
Ordenanza 36 vs Ordenanza 48
El gobierno departamental de Sergio Fajardo dejó, lo que ellos denominaron, “un modelo participativo y viable con el firme propósito de velar por el adecuado funcionamiento de los parques educativos”.
Es decir, le entregaron al gobernador entrante un modelo de sostenibilidad financiero y administrativo aprobado por la Asamblea, con el acompañamiento de la Contraloría Departamental, que garantizaba la financiación de los parques por 10 años. Esto fue llamado la política pública de los parques educativos, regido por la Ordenanza 36.
Esta ordenanza priorizaba hasta 40.000 millones de pesos para que la Gobernación de Antioquia cumpliera con la responsabilidad de realizar el mantenimiento preventivo de los parques educativos y otros aspectos relacionados con su funcionamiento. Los municipios financiaban los servicios públicos y generales (como aseo y vigilancia) y parte de la programación, pero era deber del gobierno departamental mantener los parques en buen estado. Así mismo, el Departamento, a través del Idea, cubría los gastos de conectividad a Internet.
Semanas después de haber iniciado el gobierno departamental de Luis Pérez, la Asamblea de Antioquia aprueba derogar la Ordenanza 36 y reemplazarla por la Ordenanza 48, la cual integraba la planta física de los parques educativos a la estrategia ‘Ecosistemas de Innovación’.
Una intención clara de la nueva administración era diferenciar que los parques educativos son espacios de Antioquia que no pertenecen a grupos políticos o apellidos.
“Es por ello que en la actualidad a través de la Ordenanza 48 de los Ecosistemas de Innovación, conectamos diferentes espacios en los municipios para trabajar por una educación con calidad y dignidad, a través de una oferta educativa que no sólo se ofrece en un espacio sino en todo el territorio municipal, permitiendo la interacción, la inclusión y la apropiación de espacios. De esta manera, la tecnología y la infraestructura se ponen al servicio de las personas, buscando potenciar el intercambio de conocimientos, ideas, culturas y dinámicas”, explicó Néstor David Restrepo Bonnett, secretario Educación de Antioquia.
En cuanto a los recursos para el mantenimiento de los parques, la máxima autoridad de educación en el departamento resaltó que la Ordenanza 48 especifica que “la administración, uso y funcionamiento de los parques y ciudadelas educativas en tanto bienes inmuebles propiedad de los municipios corresponde a las administraciones municipales quienes seguirán siendo los encargados de fijar las políticas, uso, distribución, programación y recurso humano necesario en estos espacios”.
Intención política
Para Jessica Stephenson, exsubsecretaria de Parques y Ciudadelas Educativas de la administración Fajardo, dejar deteriorar los parques es una clara intención política, la cual se enmarca en la coyuntura electoral presidencial del año 2018.
“Esto no es simplemente un interés político del departamento. Detrás también hay otros actores que quieren desprestigiar a la gobernación de Sergio Fajardo y que buscan mostrar que los parques educativos son obras que fueron mal construidas, mal entregadas, elefantes blancos que nunca funcionaron. Están tratando de borrar una historia de los sueños de los ciudadanos, de sus propuestas y movilización social. Lo cual será muy fácil decirlo desde otras ciudades.
Yo creo que es un juego político y un escándalo muy fácil de vender, por eso la importancia de hacer desde ya las advertencias; no por Fajardo, porque él dirá que los verdaderos perjudicados son las comunidades que perdieron un espacio concebido por ellos y construidos para ellos”, sostiene Stephenson, quien pertenece a Compromiso Ciudadano.
Con base en lo anterior, considera que el punto de quiebre será la falta de mantenimiento de los parques educativos, lo cual generará deterioro en las estructuras. La mayoría de los municipios no tienen la capacidad o el dinero para hacerlo y no creen que la Gobernación vaya a girar recursos para este fin; algo que sí era obligación de Administración Departamental con la Ordenanza 36, la derogada.
¿Desinterés de la gente?
Si para ganarse un parque educativo hubo todo un proceso de movilización social, si para diseñarlo y bautizarlo hubo gran participación de la comunidad, si para definir su enfoque y programas hubo ejercicios grupales, si el día de la inauguración del parque hubo una gran fiesta en el municipio, entonces ¿por qué ahora esa misma comunidad permite en silencio que su parque educativo permanezca cerrado, que se pudra su infraestructura y se deteriore su mobiliario por falta de mantenimiento y además no le exige a su administración municipal o a la misma Gobernación de Antioquia por su operación?
Los defensores tienen varias hipótesis al respecto:
Poco tiempo para que se apropiaran
Hay casos en los que se logró consolidar procesos de real de apropiación; en estos temas, por más participación que haya, esto requiere tiempo. En algunos casos, por alargarse en el tema constructivo y de la entrega, no se logró tener suficiente tiempo de funcionamiento de los parques para que la comunidad lo viviera, lo aprovechara y se apropiara de él.
nuevos alcaldes no dieron continuidad
Todo parque educativo tenía una mesa municipal, que era el principal órgano de veeduría. En todo el proceso de presentación de la propuesta, diseño, construcción y apropiación, siempre se le dio un rol muy importante al alcalde —o a su delegado— en esa mesa. Los mandatarios locales convocaban y empoderaban a la comunidad. Con el cambio de los alcaldes, la mayoría perdieron las elecciones, es decir, en las poblaciones ganaron otras personas que no le iban a dar continuidad a los procesos de sus predecesores. Los nuevos alcaldes dejaron de convocar las mesas y las dejaron morir. En consecuencia, la ciudadanía no siente que tiene a un líder institucional que los acompañe. Aunque en muchos municipios han intentado autoconvocarse, esto no ha dado resultado.
Comunidades que están muy limitadas
En otros municipios, la sociedad civil es muy limitada; no hay grupos culturales, organizaciones sociales y la capacidad de protestar contra la institucionalidad es prácticamente nula, ¿por qué? Por su economía, la cual es muy limitada ya que depende en un 80 por ciento de la Alcaldía. Con esa dinámica, es muy difícil protestar debido a que se irían en contra de la fuente de contratos, subsidios y programas que los benefician. Por esta razón, muchos prefieren no actuar, así esto signifique ver morir el parque educativo.
docentes coaccionados sin inciativa
La mesa municipal de cada parque educativo contaba con muchos maestros. Los docentes, en el marco de las protestas sindicales, tienen mucha fuerza; pero cuando tratan de hacer protestas individuales son muy vulnerables, debido a que los rectores o las secretarías de educación (municipal o departamental) pueden decidir trasladarlos. En ese sentido, ante la amenaza de protesta, hay un traslado en potencia a una vereda o a otro municipio.
No son referentes
En contraposición, la secretaría de Educación Departamental enfatizó que en municipios como Zaragoza, El Bagre, San Andrés De Cuerquia, Alejandría, Angostura, Dabeiba, Caicedo y Buriticá, la comunidad no tiene estos espacios públicos como referente de educación o movilización social.
