No sabe bien con qué fin. En su rostro se intuye que nunca se hizo esa pregunta, pero ahí está; en su cédula, Argemiro Gutiérrez conserva pegado un pedazo de cinta de enmascarar que tiene escrito con tinta azul una fecha: 28 de agosto de 2004, la última vez que había tenido que salir desplazado de su tierra en la vereda Palmitas.
En Ituango su gente no esconde las cicatrices, pero lleva años luchando para evitar nuevas heridas. Por ahora no lo consiguen. Un censo con 4.099 nombres, evidencia de uno de los desplazamientos más grandes en la historia del departamento, es la nueva cicatriz de este territorio. Después de una semana del éxodo en 30 veredas hacia el casco urbano aún no hay muchas respuestas y en cambio sí un laberinto de preguntas que se bifurcan con cada versión.
Un audio por Whatsapp, que el Gobierno Nacional y las autoridades atribuyen a las disidencias del frente 18 de las Farc y en el que se les ordenó a los presidentes de las juntas de acción comunal organizar la salida de las veredas, es uno de los pocos hechos concretos. A partir de ahí el terreno es inestable.
Carlos*, uno de los líderes veredales, se ofrece a resumir en voz baja las versiones que barajan los campesinos, mientras carga a un pequeño de ojos saltones.
“Dicen que con nuestro desplazamiento las disidencias están presionando a la Fuerza Pública para que entre a enfrentar a las autodefensas gaitanistas (o Clan del Golfo), que está tomando fuerza y que en veredas cercanas al casco urbano y del corregimiento de La Granja estarían planeando un destierro para que lleguen las mineras. O que simplemente con las veredas solas las disidencias pueden realizar más fácil sus negocios ilícitos en este corredor estratégico que es Ituango”.
“Como sea –dice– la realidad es que hay un montón de grupos con ganas de sacarnos de nuestras veredas y un Ejército que no ha hecho lo suficiente para recuperar la confianza de la gente aquí”.
Pero el general Juvenal Díaz Mateus, comandante de la Séptima División del Ejército, quien recorrió esta semana las calles de Ituango, asegura que hay condiciones para el retorno y permanencia de los campesinos en sus parcelas.
Dice que le han cumplido a los pobladores en materia de seguridad. “Este año le hemos dado ocho golpes importantes al frente 18 y 20 de las disidencias de Farc y al Clan del Golfo”. Los resultados, señala el general, vienen de manera sostenida desde 2018. “Las disidencias estaban a dos kilómetros del casco urbano y llegaban a beber en las cantinas. Hoy las tenemos arrinconadas y vamos a seguir desterrándolas. Insisto en que las condiciones de seguridad en Ituango no son las peores que hemos tenido”, asevera.
Dos hechos, dice el general, deberían garantizar que los campesinos vivan días más tranquilos. En diciembre se cumple la meta trazada para liberar de coca a Ituango, erradicando 70 hectáreas de coca que, señala, están sembradas en seis veredas del corregimiento El Aro, más el compromiso de arreglar vías veredales como parte de un convenio por $2.500 millones firmado entre la Gobernación de Antioquia y el Batallón de Ingenieros Militares.
“Déjennos vivir de la tierra”
Según el Registro Único de Víctimas, Ituango tiene 10.397 personas sujetas de atención, el 53,1 % del total de la población.
Luis Fernando Areiza, presidente de la junta de acción comunal de Quebrada del Medio, una de las cuatro veredas con más familias desplazadas (111), dice sin titubeos que todas las instancias estatales les han fallado, aun cuando sus reclamos son elementales.
“Desde que tengo uso de razón nos hemos tenido que desplazar. Hace seis meses nos tocó salir y ahora otra vez. Nos han quitado muchos derechos, pero lo único que pedimos es que nos dejen vivir de la tierra y, por qué no, progresar. Aunque este es un pueblo agrícola, las poquitas veces que logramos sacar cosechas sin que algo malo pase en las veredas nos toca casi regalar nuestro trabajo y no es posible sacar del municipio los productos. La falta de justicia también es no poder hacer estas cosas”, sentencia.
En una carta firmada por los líderes de las veredas afectadas, con 18 puntos plantean sus solicitudes para emprender el retorno seguro, entre otras cosas, que EPM modifique la estrategia de contratos sociales para que involucre a más comunidades (en 2020 la inversión para contratación social fue de $25.000 millones con empleos y utilidades para inversión en las veredas); también reclaman apoyo económico para reactivar sus labores agrícolas y garantizar precios justos para insumos y productos; y trascender de la respuesta militar como única medida garante de la seguridad en los territorios y llevarla de la mano de programas de salud, educación y mejores vías de acceso.
Viendo desde el balcón de su despacho la multitud de campesinos que deambulan por el parque principal, el alcalde Mauricio Mira reconoce que si la inversión social no da un salto ambicioso en los próximos meses esa escena se repetirá una y otra vez.
“Este es un municipio con un presupuesto de $36.000 millones; de estos, $31.000 millones tienen destinación específica a salud y educación, y los $5.000 millones restantes van a inversión en cultura, deporte, vías, vivienda... Es muy poco presupuesto para un municipio tan extenso”.
Por eso, recalca el mandatario, Ituango necesita que los gobiernos departamental y nacional impulsen proyectos por los que clama el territorio. En esta tarea, la ejecución del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET– tiene un valor sustancial.
“Con el comité piloto que hace seguimiento a los proyectos PDET llegamos al acuerdo de que algunos de los prioritarios son la pavimentación de la vía Ituango-La Granja, que es una necesidad latente de las comunidades y el Centro Itangüino para la Educación Superior. Estamos esperando que en la reunión de Ocad Paz den el guiño para que los recursos puedan ingresar y ejecutar obras por $40.000 millones”, apunta.
Durante el mes de agosto, en el marco de la Indemnizatón, la estrategia de la Unidad para las Víctimas para acelerar las indemnizaciones administrativas, se entregarán en Ituango $900.932.721 para 107 personas. Por esta vía, 1.882 víctimas en el municipio han recibido $15.088 millones. En total, en el marco de la ley 1448 de 2011 que dicta medidas de reparación, se han destinado $26.000 millones para itangüinos. Además de $576 millones recibidos por 24 víctimas, con corte a 30 de junio de 2021, en cumplimiento de la ley de Justicia y Paz.
Ituango desde ojos nuevos
Por el altavoz que retumba en todo el colegio Pedro Nel Ospina, convertido en el albergue más grande en medio de la crisis, una voz pausada pide a las personas que se formen en la fila para recibir su almuerzo. Vocaliza el nombre de cada vereda a la que le corresponde el turno y termina dando gracias por la atención prestada.
La voz es de Duberney Ocampo, estudiantes de noveno grado en dicha institución, que decidió donar su tiempo en medio de la contingencia. 10 o 12 horas diarias para ser exactos, ayudando junto a decenas de compañeros en cualquier tarea que surja en los albergues.
Siendo un niño de brazos, Duber vivió junto a su familia el desplazamiento forzado. Incluso, su abuela de 85 años fue una de las 126 personas que debieron salir de la vereda Chontaduro. Pero hay en Duber una motivación superior para su voluntariado, más allá de la mera identificación con este flagelo: el anhelo de mostrarle al mundo el rostro oculto de Ituango, que él y decenas de muchachos están empeñados en retratar.
Duber hace parte del Colectivo de Comunicaciones que nació en 2012 y hoy coordina Alejandro Cartagena, y que ha escalado con los años hacia objetivos ambiciosos. “Hemos aprendido juntos la producción de prensa radial, de cortometrajes y ahora nuestra meta es tener este año un documental para mostrar el paraíso escondido que es Ituango, lo que representa realmente a este territorio”.
El Ituango de Sebastián Ortega habla de redescubrir la belleza de las veredas, el de Johan González, de la gastronomía; el de Alejandro habla de los saberes artesanales de los itangüinos, el de Duber, de los secretos de la biodiversidad que contiene la generosa extensión del Parque Nacional Paramillo que le corresponde al municipio.
El Ituango de Sara Giménez habla de una reivindicación del rol de la mujer y la transformación de estructuras machistas y el de Ana Cristina López no habla, pero sí suena cuando toca su saxofón.
Sebastián, que es uno de los coordinadores de la Plataforma juvenil, dice que la acogida de grupos deportivos, sociales y culturales por parte de los jóvenes es masiva. “Eso muestra el talento que hay, pero sobre todo que no estamos dispuestos a normalizar la estigmatización a Ituango”.
Para la administración local el reto será trasladar esos entornos hacia la zona rural; allí, en el cañón de San Jorge y las veredas del casco urbano, según la Defensoría del Pueblo, existe alto riesgo de reclutamiento forzado vinculado a una alta deserción escolar.
Ahora mismo la historia les mide el aceite a los itangüinos. La gente sabe que las amenazas que hicieron desalojar el 30 % de las veredas del municipio no serán la última cicatriz que reciban. La forma en que respondan en conjunto a esta y a las que vendrán, determinará cuántas les falta.
Argemiro, que acaba de narrar las suyas con una voz delgadita, camina de regreso al Pedro Nel.
– ¿Y cuando vuelva a su casa qué se pondrá hacer?
– Siempre sale algo que hacer. Por ahora, lo primero es encontrar bien a los dos perritos dejé allá– responde.
A la entrada se saluda con Duber, quien a esa hora hace de portero. Adentro la atención se la roba una niña que intenta organizar a su equipo para emular la foto que se toman los futbolistas profesionales antes del partido. Con una mano sostiene el celular y con la otra el balón. Les pide seriedad. A ellos les puede la risa .
*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.
10.397
víctimas sujeto de atención tiene Ituango, representa el 53,1% de la población total.
248
víctimas por mina antipersona registra Ituango. Último caso en septiembre de 2020.
Escanee el código QR y lea detalles de cómo inició este desplazamiento en Ituango.
