En medio de la polémica por el presunto manejo político que se está haciendo de la Secretaría de Educación de Medellín en favor del exconcejal Albert Corredor, la semana pasada causó descontento la salida de 49 auxiliares administrativos de colegios públicos a quienes les dijeron que no les renovarían el contrato. La noticia cayó mal porque a estas alturas del año es perjudicial interrumpir procesos escolares y porque, según contaron algunas fuentes, varias de las personas que quedaron sin empleo son mujeres madres cabeza de hogar.
Pero las críticas van más allá, en especial porque también han visto la inestabilidad del personal en otros cargos como tesoreros o psicólogos, quienes juegan un rol fundamental en las instituciones educativas. La situación llevó a que la Unión Sindical de Directivos Docentes del Departamento de Antioquia (Usdidea) le enviara una carta a la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, para expresar su preocupación por esta tendencia.
Aunque la misiva se centró en los 49 auxiliares administrativos, que cumplen el rol de secretarias y secretarios de los colegios, también hizo referencia a la forma cómo se vienen dando los manejos administrativos en las instituciones educativas oficiales de la ciudad.
Por su lado, desde la secretaría indicaron que los contratos de prestación de servicios, que son la modalidad de estos funcionarios, duran lo que requiera cada institución y según el presupuesto asignado, y aseguraron que en este momento todas las sedes tienen auxiliares administrativos y los demás cargos que se contratan de esta forma.
“Es una orden”
Una fuente de la Secretaría de Educación que conoce bien el proceso de los auxiliares contó que a los 49 los contactaron para decirles que no los llamarían de nuevo una vez finalizara el contrato que tenían hasta hace unos días. Tampoco importó que varias de estas personas llevaban cinco, ocho o doce años trabajando en este proyecto en colegios públicos.
Aseguraron también que la sorpresa fue que no les dieron argumentos o razones de fondo, como un mal desempeño, para explicar la decisión. Incluso, cuando algunos rectores preguntaron el porqué de las salidas, les dijeron que era “una orden”.
Más sorpresivo aún fue que en algunos casos los reemplazos llegaron rápido a los colegios, como si estuvieran esperando que los puestos quedaran vacantes. Sin embargo, esto también acarreó críticas porque los perfiles no serían los más idóneos para esos cargos.
“Empezaron a llegar las nuevas secretarias, muchas sin experiencia, sin manejo de las plataformas que se requieren, sin manejo del Simat (sistema de matrículas), que trabajaban antes en Vaso de Leche (modalidad del PAE), en confecciones o en cargos que no tienen nada qué ver, simplemente porque mandaron la hoja de vida a través de cualquiera de los líderes”, manifestó una de las fuentes consultadas por este medio, quien añadió que se rumora que faltan por lo menos otros 50 auxiliares por salir.
Al respecto, Jorge Echeverry, presidente de Usdidea, expresó que esta situación se da porque también hay frecuentes cambios en el operador que se encarga de los trámites contractuales de muchos de los funcionarios. Entonces, cuando se acaban los contratos, que evidentemente no duran un año completo, se ha aprovechado para hacer los cambios de personal que, en ocasiones, termina con la disminución de puestos que luego no se reemplazan.
La secretaría explicó que a cada proyecto de inversión se le asignan recursos ordinarios para la contratación mediante prestación de servicios y apoyo a la gestión y que la mayoría se proyectan para ser ejecutados en una sola vigencia; “sin embargo, los que no tienen los recursos suficientes, se deben legalizar hasta cuando los mismos se puedan comprometer. En estos casos, la Secretaría de Educación garantiza el cumplimiento de las metas e indicadores propuestos, velando darle continuidad a los planes, programas y proyectos”.
Además de las consecuencias económicas para los trabajadores que sacan, Echeverry también ve con preocupación que los cambios se hagan finalizando el año, pues se interrumpen procesos muy importantes, como las matrículas para 2023, las entregas de boletines y las evaluaciones de desempeño, entre otros.
Entre las razones que ha conocido el sindicato para las salidas está la disminución de la planta de estudiantes (que se da por varias causas), lo que ha llevado en otras ocasiones a que haya traslados del personal o supresión de cargos.
Sin embargo, anotó Echeverry, no comparten esta postura y consideran que se debe actualizar la relación técnica para determinar cuántos estudiantes son cubiertos por cada cargo, por ejemplo, si por cada 35 alumnos se requiere un profesor. “Todo se maneja por cifras y esa es la relación técnica con la que no estamos de acuerdo porque estamos deshumanizando nuestra situación educativa”, señaló el presidente.
Y sobre la llegada de personal que no cuenta con la suficiente experiencia para desempeñar estos puestos, el directivo sindical dijo que se pueden ralentizar actividades como las matrículas de 2023, lo que a su vez afecta las transferencias de recursos nacionales que toman en cuenta el número de estudiantes inscritos. Pero la Secretaría argumentó que cada institución tiene un protocolo para las matrículas, por lo cual no se afecta la prestación del servicio.
Lo cierto es que muchos califican esta situación como una inestabilidad en la educación pública de la ciudad, que también ha estado envuelta en escándalos y protestas por los daños en la infraestructura educativa, acumulados por años, que obstaculizan el acceso a la educación.
