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La mujer que salió de San Carlos el pasado 21 de agosto con las manos esposadas y escoltada por agentes del CTI de la Fiscalía, regresó el pasado fin de semana como una estrella de rock: Luz Marina Marín Daza, alcaldesa municipal, volvió a su cargo luego de que un juez de control de garantías la dejara en libertad el pasado miércoles.
Un centenar de motociclistas vestidos con camisetas blancas la acompañaron a su regreso y, en medio de vivas, la rodearon en el parque principal. “Bienvenida. Dios te sacó de esta situación y hoy con la frente en alto, como siempre la tuviste, estás aquí con nosotros”, se leía en un improvisado cartel sostenido por dos hombres.
La alcaldesa tomó el micrófono en el quiosco municipal y solo entonces el pueblo volvió a estar en silencio.
“Hace 15 días mis lágrimas eran de dolor porque me apartaron de mi familia (...) pero hoy estoy nuevamente acá como alcaldesa”, dijo la funcionaria. Los espectadores rompieron en aplausos.
“Hay alcaldesa hasta el 31 de diciembre y, aunque estamos sujetos a un proceso, dejo todo en manos de Dios”, sentenció antes de abrazar a los líderes del comité de bienvenida, entre los que estaban varios concejales.
Marín fue capturada en el marco de la operación “Contraloría de Bolsillo” e imputada por los delitos de cohecho y prevaricato.
La Fiscalía sostuvo que la alcaldesa y su esposo, Juan Alberto García —condenado por desviar recursos de la salud y actualmente en prisión— hicieron atenciones y ofrecimientos al excontralor Sergio Zuluaga y al subcontralor Rubén Darío Naranjo, a cambio de beneficios en las auditorías.
Durante las audiencias de imputación de cargos, el ente acusador reveló audios en los que el excontralor auxiliar Dioner Andrés Ortiz le anuncia el envío de una lista de contratos que serán objeto de revisión. Este comportamiento, dijo la fiscal del caso, es contrario a la ley pues la revisión debe ser aleatoria.
A todo eso se suma la existencia de una mina ilegal en la que tendrían participación Zuluaga y Naranjo. La tesis de la Fiscalía es que los arreglos en las auditorías de los contratos serían un beneficio obtenido por Marín, a cambio de no intervenir la mina.
“No se ha acreditado, en grado de inferencia razonable, la existencia de las conductas punibles atribuidas, y por obvias razones tampoco existe necesidad o finalidad para la restricción de la libertad”, dijo el Juez 42 Penal Municipal cuando dejó libre a la alcaldesa y a los otros nueve imputados por el caso “Contraloría de Bolsillo”. La Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión y la última palabra la tendrá un juez del circuito con funciones de control de garantías.
En el informe de gestión 2018 presentado a través del diario institucional “La Gente”, la alcaldesa señaló: “Quiero terminar mi gobierno y poder mirar a mis paisanos a los ojos y no tener que andar con papeles bajo el brazo para justificar mis actuaciones”.
Pero en la imputación de cargos, la Fiscalía sostuvo que durante la administración de Marín Daza se destinaron $468 millones de recursos de regalías al pago de gastos de funcionamiento de la alcaldía, incluyendo pagos de seguridad social, sistemas informáticos y transporte.
Según la Ley 1530 de 2012, los dineros de regalías solo se pueden utilizar para proyectos de inversión.
Estas y otras irregularidades, señaló la fiscal del caso, fueron minimizadas dentro de las auditorías de la Contraloría para evitar que tuvieran incidencia penal o fiscal; es decir, que fueran sancionados por la Contraloría o investigados por la Fiscalía General.
Según el análisis compartido por el ente acusador, durante la auditoría de 2018 la alcaldía de San Carlos solo registró siete hallazgos (irregularidades) de carácter administrativo, uno con incidencias disciplinarias y ninguno con incidencias fiscales o penales.
“Muchas de las observaciones administrativas resultaron ser de carácter penal o fiscal”, declaró la fiscal durante la imputación de cargos.
En las calles de San Carlos muy pocos quieren debatir públicamente la situación de la alcaldesa.
Mariana, una empresaria local que habló en condición de anonimato pues teme sanciones, aseguró que la alcaldesa ha realizado obras de infraestructura grandes.
“La percepción que tenemos muchos comerciantes es que ella hace cosas grandes y bonitas, pero no son precisamente las que necesitamos”, dijo y señaló la planta de faenado (sacrificio de ganado) construida en esta administración con recursos por $1.140 millones. Para Mariana y dos de sus clientes, priorizar proyectos ganaderos en un municipio cuyos principales renglones económicos son el comercio y el turismo, es un error.
Andrés Mantilla, uno de los mototaxistas del pueblo, manifestó su descontento por el mal estado de las vías del pueblo, incluyendo la calle 19 que pasa justo en frente de la Alcaldía. “Hay accidentes de tránsito por eso y no se ven mejoras. En algunas veredas se ha puesto placa huella, pero en el pueblo nada”, apuntó.
Wilson Murillo Rivera, vicepresidente segundo del Concejo (elegido con aval del Partido de La U), opinó que la captura de Marín fue un hecho “inesperado porque ella no tenía investigaciones”, y consideró que el proceso es más una persecución política.
El corporado destacó que la alcaldesa le ha apostado a inversiones significativas como las placa huella en las vías rurales, la compra de maquinaria propia para el municipio, el mejoramiento de los colegios y un lote para un proyecto de vivienda que ya fue viabilizado.
El también concejal Franklin Hincapié (partido Verde) calificó la gestión de Marín Daza como regular, pues consideró que no ha dado solución a dos grandes problemas: el desempleo y la corrupción.
“La captura dejó una imagen muy mala para el municipio, y alcaldías anteriores como la del marido de ella terminaron con cárcel por lo mismo. Uno siente que se está repitiendo la historia y el que queda mal parado es el pueblo”, declaró el corporado.
Hincapié se unió a las críticas por la planta de faenado, a la que consideró un elefante blanco, pues “ni poniendo el ganado de San Carlos, Granada y San Luis creo que haya suficiente número de animales para sacrificar allá”.
Obras y pendientes
La captura de la alcaldesa no afectó ninguno de los proyectos u obras que se adelantan en San Carlos. Así lo aseguró la secretaria de Gobierno local, Luz Adriana Duque Aristizábal, quien estuvo encargada de la administración durante las dos semanas que duraron las audiencias preliminares.
“Fue un hecho inesperado, pero cada secretario siguió trabajando para cumplir con los compromisos. A la fecha el plan de desarrollo alcanza el 78 % de ejecución”, señaló.
Héctor Andrés Alzate, secretario de Planeación y Obras Públicas, destacó que en el municipio hay más de 40 frentes de obra activos, con una ejecución presupuestal que supera los $40.000 millones, entre recursos propios y de la Gobernación. La lista de obras incluye 17 vías en placa huella, con $10.000 millones provenientes de la venta de Isagén; 300 metros de vía rural con regalías municipales y 1.000 metros adicionales con regalías regionales.
Además, reportó, se completó el mantenimiento de dos colegios y se adelanta el de uno más, en un plan conjunto que suma $1.200 millones, de los cuales el 80 % fue aportado por la Gobernación.
Sobre la planta de faenado, el funcionario informó que está pendiente la prueba técnica de los equipos, y que el proyecto se complementará con una feria de ganando que cuesta $1.700 millones que ya va en 50 % de ejecución.
En la zona rural el proyecto más importante es el plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento El Jordán, que cuesta $1.500 millones y se construye en convenio con Isagén. Las obras tienen un avance del 30 %.
La lista de pendientes incluye un proyecto de 240 viviendas para el que ya se compró lote. “El proyecto fue viabilizado por el Ministerio de Vivienda pero, tras el cambio de Gobierno Nacional, nos dijeron que no hay recursos para apalancarlo”, dijo Alzate.
Por supuesto, el otro pendiente es la resolución de la situación judicial de la alcaldesa pues, como comentó Mariana “este pueblo es muy chiquito para tener dos alcaldes en la cárcel” .