‘Los Urabeños’, los disidentes del ‘Ejército Popular Revolucionario Antiterrorista de Colombia (Erpac)’, entre otras bandas criminales, compuestas con cerca de dos mil hombres estarían dispuestas a entregar las armas y someterse a la justicia. La posibilidad está planteada en un proyecto de ley presentado por el Fiscal Luis Eduardo Montealegre y el ministro de Justicia, Yesid Reyes.
Y es que esta historia no es nueva, desde el año pasado ya se había anunciado esta propuesta, que surgió por un video en el que Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’ y quien se encuentra en el búnker de la Fiscalía por su colaboración a la justicia, solicitó a quienes fueron sus hombres que dejen las armas y vuelvan a la sociedad, según él, como lo están haciendo las Farc y posiblemente hará el Eln.
Además de las cartas que han hecho llegar al ente investigador otros líderes de las bandas criminales. “La ruta que se ha planteado al momento es de acercamientos y conversaciones exploratorias con algunos representantes de las bandas criminales y sus abogados, quienes han consultado sobre las garantías que tendrían si se entregan a la Justicia”, señaló una fuente del ente investigador.
Agregó que hasta el momento todo son propuestas pero la base para esa negociación quedó integrada en la reforma al código penal presentada al Congreso.
El proyecto de ley
Este proyecto de ley busca, según el Fiscal, principalmente someter a las organizaciones y bandas criminales y crear mecanismos para agilizar el sistema penal acusatorio, como la llamativa figura del “acusador privado”, que según sus palabras, podrá investigar y acusar ante los jueces competentes, sin la necesidad de la figura de la Fiscalía.
En lo que concierne al sometimiento, Montealegre afirmó que no se trata de incorporar a las bacrim en el proceso de paz, ni como actores del conflicto armado. Tampoco de otorgarles prerrogativas propias de la justicia transicional.
“Aclarando que se trata de una modalidad específica del principio de oportunidad, para posibilitar la suspensión de procesos penales y de órdenes de captura a las bandas y organizaciones que se decidan someter. Estas suspensiones son a efectos de generar preacuerdos y generar el desarrollo de la justicia premial”, afirmó el Fiscal General el día que se presentó el proyecto de ley.
Indicó que para esta modalidad se creará la figura del ‘Fiscal Negociador’, que gozará de inmunidad en cuanto a los acercamientos que necesite con estas organizaciones. También permite que en ciertas y estrictas circunstancias pueda autorizarse la ubicación en zonas determinadas de quienes se sometan a la justicia.
El proyecto también racionaliza etapas del proceso penal para hacerlas más ágiles, como por ejemplo la modificación de la audiencia de imputación sin alterar las garantías procesales y constitucionales o el traslado a los jueces civiles del incidente de reparación para permitir que las víctimas puedan ser reparadas de una forma más ágil.
El proyecto aclara y precisa lo relacionado con nuevos tipos de prueba. Se propone la incorporación de la prueba de análisis de contexto, que será esencial para el juzgamiento de crímenes de sistema, donde se exige el análisis en conjunto de los aspectos esenciales de orden geográfico, político, económico y social, entre otros, en los cuales se han cometido delitos.
Finalmente, se propone un procedimiento abreviado para contravenciones penales la creación del acusador privado. Esta es sin duda una de las propuestas más relevantes en materia de administración de justicia penal, porque pone en el centro al ciudadano para darle una respuesta rápida y efectiva a sus demandas, ya que así podría, si lo desea, acudir a un acusador privado.
Así las cosas, la decisión está en poder del Congreso, donde las bancadas están divididas en cuanto temen que esto podría conducir a un proceso de justicia transicional como la empleada con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se tradujo en sentencias de sólo ocho años para los líderes paramilitares.
Una justicia más efectiva
La estadística indica que la Fiscalía registra más de un millón 800 mil investigaciones activas y que en los últimos cuatro años ha sido aplazado el 55% de las audiencias convocadas, es decir, 350.000 diligencias.
En otras palabras, existe una enorme carga para el sistema judicial colombiano que puede frustrar el derecho a acceder a la administración de justicia de los ciudadanos. Las reformas propuestas buscan que estas cifras se reduzcan en poco tiempo a la mitad y que de forma progresiva, a través de los años, la respuesta de justicia sea lo más rápida posible.
En la lucha contra la criminalidad organizada existen resultados muy positivos, como la captura de más de 5.000 personas, 2.392 preacuerdos, 775 casos de aceptación de cargos y más de 2.300 sentencias condenatorias, que han llevado a la desarticulación de importantes organizaciones criminales.
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