La Policia Judicial Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía capturó en la tarde de este martes en el municipio de Montenegro, departamento del Quindío, al llamado “zar del oro” John Uber Hernandez y a su esposa Gloria Patricia Álvarez, quienes tenían orden de captura dentro de la investigación por el caso C.I. Goldex S.A.
El operativo de la Fiscalía se hizo cuando se movilizaban en un colectivo de servicio público.
Los dos capturados serán trasladados a Medellin para las correspondientes audiencias de control de garantías que se realizan en el piso 18 del Palacio de Justicia, a 19 personas indiciadas por lavado de activos por la exportación ilícita de oro a través de la empresa C.I. Goldex.
John Uber tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, falsedad en documento público y fraude procesal.
Entre el pasado sábado y domingo la justicia legalizó las capturas realizadas por el Ejército, el CTI de la Fiscalía y la Dijín de la Policía, en Medellín, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, e Itagüí, en Antioquia; Riosucio, en Caldas; Cali, Valle del Cauca; sur de Bolívar, y en Riohacha, en La Guajira.
En 2013, inteligencia militar estableció que existía un presunto lavado de activos producto de la minería ilegal y actividades de narcotráfico en diferentes partes del país, situación que fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.
Para 2014, el Ejército, en coordinación con la Unidad del Crimen Organizado del CTI, de la Fiscalía, logró individualizar e identificar a varias personas que integraban la red y obtuvo una serie de elementos probatorios.
El coronel Carlos Arturo Celis, oficial de Acción Integral de la IV Brigada del Ejército, dijo que la banda, al mando de un hombre plenamente identificado, que aún huye, les compraba el oro a los pequeños productores y lo exportaba en forma ilegal a Estados Unidos con lo que defraudó al país en unos 2,3 billones de pesos.
Cuando el pasado sábado en la tarde se realizaba la audiencia de legalización de capturas en el palacio de justicia de Medellín, se presentó un hecho que es investigado por las autoridades.
Allí murió Martín Emilio Monsalve, uno de los directivos de Goldex, al caer del piso 18. Las primeras versiones indican que se lanzó, cuando se produjo un receso en dicha audiencia.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos, con el apoyo de la Policía Judicial de Crimen Organizado del CTI, la modalidad delictiva consistía en comercializar oro en pequeñas y grandes cantidades, a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, con el objeto de que la comercializadora Goldex exportara dicho metal.
Para tal fin, alrededor de Goldex se configuró, según la Fiscalía, un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución, como: empresas recién conformadas, mismos socios, bajos montos de capital, volumen de operaciones por miles de millones de pesos, cuentas por cobrar a clientes sin tener la capacidad económica, financiera y patrimonial para ello, disolución y liquidación en poco tiempo e ingresos con bajo margen de utilidad, entre otros.
Estos proveedores, de acuerdo con las pruebas recaudadas, contaban con una serie de subproveedores que a su vez incurrieron en varias irregularidades como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes, tal como lo constataron las certificaciones expedidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el 90% de las personas relacionadas en esos listados no tenían relación alguna con la actividad minera o la comercialización de oro, inclusive algunas eran habitantes de la calle y otras habían fallecido; también fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas, según Perdomo.
“La exportación de Goldex era comprada a proveedores. Y existían dos tipos de proveedores personas naturales y empresas fachadas constituidas para el efecto. La Fiscalía pudo establecer que las personas que supuestamente vendían el oro a la empresa comercializadora, que después vendía a Goldex, no existían y eran personas que habían muerto o que eran inexistentes. Las otras empresas eran recién formadas, pertenecían a los mismos socios y constituidas con un bajo capital pero tenían unas transacciones económicas con montos considerables”, indicó Perdomo.
Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la Dian impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año, no se encontraron ni los proveedores, ni sus soportes contables.
