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¿En qué va la lucha contra las bandas de Bello?
El nuevo comandante de la Policía explica la estrategia para combatirlas y evitar que entren grupos como el Eln.
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El general Camacho dijo que ha sentido respaldo de la institucionalidad y los empresarios paisas.
FOTO edwin
Bustamante
12 de marzo de 2019
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Desde mediados de enero el general Eliécer Camacho Jiménez tomó las riendas como comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
El uniformado, que venía de comandar la regional I de la Policía (altiplano cundiboyacense, con excepción de Bogotá), ha tenido que hacerle frente a una confrontación armada en Bello, a denuncias de una posible reactivación del Eln en Medellín y a fenómenos particulares de una ciudad que concentra el 43 % de los grupos delincuenciales organizados del país.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el uniformado explicó cuál es el panorama de seguridad en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
¿Qué pasa con la situación de seguridad en Bello?
“Yo estuve en Medellín hace cerca de 24 años, y en este tiempo veo un sur que avanzó muchísimo y un norte que se quedó un poco rezagado. A veces en los consejos de seguridad buscamos a un culpable (del problema): administración o policía, pero también hay una gobernación, una Fiscalía, un CTI, Ejército, comunidad. Si algo ha pasado ahí es culpa de todos los actores.
Es real. Allá hay extorsiones al transporte, la construcción, al diario vivir: el queso, la arepa, el huevo, el yogur.
Pero si uno va a meterse solo con la Policía, en el día a día hay que coger al que anda en la moto, al del hurto, al sicario. Todo eso tiene un fondo más grande de lo que alcanza a hacer el policía en la calle.
Por eso es necesaria una intervención estructural, y ya hay reuniones con Fiscalía especializada para focalizar más las operaciones y lograr afectar a los criminales en sus finanzas y estructura. Ellos crearon una economía paralela a la real y vamos a trabajarle muy fuerte a eso.
El indicador mayor es el homicidio, porque creemos que donde se presenta, ahí está el problema. Pero resulta que a veces hay un hervidero por debajo de la tierra, como un volcán, que si no se revienta, nadie se alborota”.
¿Qué ha hecho la Policía para recuperar la paz allá?
“Fortalecimos el pie de fuerza, identificamos los puntos de confrontación. Tenemos unos dispositivos de control y prevención, focalizados a estas organizaciones criminales y su espacio delictivo, y hemos logrado 42 capturas, además de la incautación de 19 armas, tanto en retenes en la calle como en allanamientos.
En el municipio se mantiene la restricción de circulación de parrillero, y se han hecho más de 200 inmovilizaciones con el tránsito. En el tema de horarios, la alcaldía de Bello consideró que ya era prudente y regresó al horario tradicional para algunos establecimientos comerciales (4:00 a.m.).
Tenemos información de que en algunos sectores se mantiene la intención de confrontar y de asesinarse, más que todo entre integrantes de las organizaciones criminales.
Pero seguimos y tenemos el apoyo del Ejército, en las partes altas de Niquía, para controlar a esas estructuras”.
¿Ya identificaron bandas y cabecillas responsables de la confrontación?
“Sí, por ejemplo está “Pachelly”, una banda que no nació ahora sino que está desde la época de la guerra del narcoterrorismo; y otras que han nacido. Y han nacido como “el Mesa” y “Niquía Camacol”. Pero por debajo de ellas hay muchísima delincuencia común, pequeñita, pequeñita, que día a día cobra las extorsiones puerta a puerta y trafica con estupefacientes.
Los cabecillas están identificados pero eso tiene sus reservas: yo puedo saber que una persona es delincuente pero hasta que no tenga una judicialización, no puedo mencionarlo”.
¿Cuántas bandas y hombres tienen las estructuras?
“Nosotros tenemos identificadas cinco grandes bandas y otras más que están debajo. Entre todas, si contamos los auxiliadores, podrían ser más de 300 hombres funcionando; pero en el organigrama, las cabezas no son más de 30.
Ya estamos con Fiscalía especializada mirando cómo los controlamos porque en Bello están aflorando fenómenos delictivos hacia el sur del Valle de Aburrá y otras zonas del departamento”.
¿Cómo va el mapa del crimen que pidió el gobernador de Antioquia?
“Ya tenemos información de los sitios y las rentas criminales que tienen los grupos, no podría decirle por el momento cuáles son y dónde están, pero están identificadas en las investigaciones.
El día del consejo de seguridad (28 de febrero), que vinieron el director de la Dijín, de la Sijín, de Inteligencia, también se mostraron avances grandísimos en las investigaciones contras estas organizaciones”.
Pero aún no se ha dado un gran golpe...
“No. Tenemos unas afectaciones. Les incautamos armas de fuego, y eso les impacta el día a día, el sicariato y la confrontación. Pero todo esto tiene sus tiempos, y dentro del cronograma, en un par de meses podemos estar presentando capturas importantes.
Estamos haciendo articulación para golpear de manera simultánea a todas las organizaciones y que no lleguen otras a apoderarse de las rentas ilícitas.
Y hay un tema de legislación que es necesario revisar, porque ha pasado que el delincuente le cobra al ciudadano $2.000 o $5.000 para la ‘seguridad’ y pasa la patrulla, lo coge y lo único que puede hacer es incautarle el dinero y ponerlo a disposición de la Fiscalía. Y resulta que tiene $400 mil y eso —a ojo de la ley— dicen que no es nada. Pero si se suman todos los barrios y todos los días, pues son rentas criminales que mantienen la guerra.
Usted va a los barrios y le pregunta a la gente si sufre extorsión y le dicen que no, que hay muchachos que les están ayudando a cuidar el barrio. Y le pregunta qué pasa si no paga y ellos dicen que nada, pero mentira que le pinchan el carro o le rompen el vidrio. Posiblemente no los asesinen, porque son personas reconocidas del barrio, pero les hacen creer que ellos son un mal necesario”.
¿Hay presencia del Eln en el Valle de Aburrá?
“Hay investigaciones que son más de Fiscalía, y ellos tienen información de que estos criminales (bandas como ‘Pachelly’) han hecho transacciones con el Eln con el fin de intercambiar armas por drogas. Lo que tienen son movimientos criminales enfocados más a delincuencia común que al terrorismo.
Pero no tenemos referenciado que haya un asentamiento armado o un grupo que pueda realizar una toma a una unidad policial o actividades terroristas programadas. Es más tema seudo político, de pedagogía”.
¿Ya hay zonas permeadas con ideología?
“En Bello se han mencionado dos barrios que son propensos porque se han capturado personas ahí, porque cerca les han colocado banderas, pero eso es reserva. Nombrarlos sería estigmatizarlos.
Ellos (Eln) han tratado incluso de ingresar a la educación privada, amarrados a pensamientos ideológicos.
A finales de enero murió en Villavicencio una persona que estaba armando un artefacto explosivo, se le accionó, pero quedó un papelito y en él se mencionaba un edificio de aquí de Medellín. Tocó reforzar la vigilancia, pero no descuidamos el sector de la Alpujarra, las estaciones de Policía, que en una época fueron blanco de carrobombas”.
¿Cómo y hacia dónde se expanden las bandas del Valle de Aburrá?
“A ‘el Mesa’ se le ha encontrado que está por el sector de Soacha y en Boyacá. Cualquiera diría que qué ganancias le da eso, pero el tráfico de estupefacientes en pequeñas cantidades es algo que no teníamos en el país hace años y que hoy es muy apetecido por ellos, porque es una renta que no tiene mucho desgaste y ni siquiera tiene problema de extradición.
El narcotráfico es capaz de articular a los terroristas. En el pasado uno no pensaba que un jefe paramilitar fuera a negociar con uno de las Farc, pero como hoy no está esa línea, entonces los grupos criminales se articulan con cualquiera (...) El negocio es armas por droga (...) Son una empresa criminal”.
¿Cuál es la instrucción que recibieron desde Presidencia para la seguridad local?
“Para el Gobierno Nacional el Valle de Aburrá, y más exactamente Medellín, son muy importantes. El Ministro de Defensa está haciéndole seguimiento casi a diario a la ciudad, nos está llamando y está en contacto con el alcalde para mirar cómo están las cosas, qué se necesita, porque es una prioridad que la situación no se salga de las manos.
Hay una intervención con Fiscalía especializada (en crimen organizado), personal de la Dijín y la Dipol, del más alto nivel, con mayor disponibilidad de tiempo y de elementos logísticos o tecnológicos, para empezar a afectar un nivel más alto de las estructuras. Porque se ha determinado que hay algunos criminales que tienen cierto poder sobre las organizaciones, viven en sectores exclusivos de Medellín.
Si ellos no tuvieran cómo mantener a esos muchachos (combos) no habría cómo mover esas estructuras que son grandes.
Y para Bello, donde se mostró la problemática de bandas, llegaron unos grupos muy fuertes con gente de Bogotá, que está adelantando investigaciones más estructurales”.
¿Cómo mantienen los niveles de capturas si las cárceles están hacinadas?
“En el Área Metropolitana podemos tener entre 100 y 120 capturas diarias por diferentes delitos. Por lo menos 50 se van con medida intramural (a la cárcel).
Hubo un mandato del Consejo de Estado donde le dijo al Inpec que cuando dieran dos libertades, recibieran una. Y claro, eso descongestiona, pero es una solución que le cae en hombros a una institución que no tiene esa responsabilidad: por eso hoy el hacinamiento que estaba en el Inpec ya está en los calabozos de la Policía, y los agentes que tenemos custodiando las celdas deberían estar en la calle trabajando.
Hay 300 policías destinados a esas celdas. El hacinamiento es grande: en una celda de 4x4 metros puede haber hasta 20 personas, sin un colchón. Nuestras estaciones puede que tengan una ducha y un inodoro, porque toda la vida se ha llevado gente allá, pero de forma transitoria; los teníamos 6 o 12 horas máximo y nunca más de seis personas por celda. Hoy tenemos más de 1.500 personas en nuestras celdas. Desde Bogotá buscan alternativas jurídicas para aliviar la situación”.
¿Cómo van las operaciones contra bandas que atacan a extranjeros y los drogan?
“Tenemos unas tres investigaciones específicas, adelantadas con el Gaula. Y hay un plan especial que vamos a desarrollar alrededor del Parque Lleras donde hay problemas graves como estupefacientes y prostitución.
Pero no es solo el tema policial. No se a qué hora se crearon algunos hostales donde se quedan 10 personas desconocidas en un sitio a consumir, a hacer cualquier cantidad de actividades lícitas o ilícitas. En Europa se ve eso, pero es otra clase de culturas.
Aquí deberíamos tener hoteles bien formados y no esos sitios que se prestan para las cadenas delictivas. Y también hay que hacer un trabajo para que las cadenas hoteleras de nombre no permitan la prostitución” .
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