Un informante secreto fue la clave para detectar un plan de asesinato contra un oficial de la Policía y una fiscal que lideran la Operación Agamenón, el proyecto más grande de las autoridades para exterminar a la organización criminal “los Urabeños”.
La fuente, cuya identidad es protegida con recelo, contactó a los investigadores de la Dijín el pasado 20 de abril y les dio detalles de cómo se estaban fraguando los atentados, los cuales tendrían como objetivos a dos servidores públicos en Bogotá y Medellín.
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía 108 adscrita a la Dirección contra el Crimen Organizado, el “plan pistola” fue ordenado por Aristides Meza Páez, alias “el Indio”, integrante del Estado Mayor de la banda y por quien el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.
El cabecilla le habría delegado la misión criminal a uno de sus lugartenientes, Orlando Osorio Martínez (“Saúl” o “Nicaragua”), de 40 años y oriundo de Turbo. Esta persona, desde su residencia en el municipio antioqueño de Necoclí, comenzó a hacer las coordinaciones con un grupo de mercenarios, dentro del cual había un expolicía.
Los agentes aplicaron una labor de espionaje para adelantarse a los sicarios, antes de que fuera demasiado tarde. Gracias a las escuchas telefónicas, sabían que las potenciales víctimas eran un subteniente que labora en la central de interceptaciones de la Policía, que venía golpeando a la facción desde la base Antinarcóticos de Necoclí; y una fiscal de la Dirección contra el Crimen Organizado, a quien en las conversaciones los delincuentes denominaban “la jefa”.
El informante aportó dos direcciones y un par de nombres de las personas presuntamente contratadas para ejecutar los homicidios. Indicó que en un apartamento de la urbanización Terranova, en Niquía (Bello), y en una casa del barrio Las Brisas de Medellín, se realizaban las reuniones para concretar los ataques y se recolectaban las armas.
Esposo de una funcionaria
La Dijín envió policías de civil para confirmar la existencia de esos lugares y en una acción relámpago se desató el operativo. El pasado viernes a las 8:00 a.m. fue capturado “Saúl” en el barrio San Sebastián de Necoclí.
En la audiencia de control de garantías, el fiscal 108 reveló que este hombre, quien en el pasado fue locutor, sería una pieza fundamental en la estructura ilegal, pues “era a quien los funcionarios públicos corruptos le reportaban cualquier movimiento de helicópteros o aviones que iban a hacer operativos contra la cúpula de la banda”.
Según la Fiscalía, Osorio Martínez está casado con la abogada Marla Victoria Peña Moreno, exsecretaria de Gobierno, expersonera y actual asesora jurídica de la Alcaldía de Necoclí. El ente acusador señaló en el estrado que el computador de ella sería usado por los delincuentes para escribir los panfletos que “los Urabeños” distribuían luego en las calles.
Ante el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, “Saúl” aceptó el cargo de concierto para delinquir agravado que le imputaron, por lo cual le dictaron medida de aseguramiento en la cárcel El Pedregal de Medellín.
El arsenal
Siete horas después de la captura de “Saúl”, los comandos de la Policía allanaron la casa del barrio Las Brisas, en la capital antioqueña, donde vivía Jaider Leandro Muñoz Galeano, de 39 años. Bajo la cama le encontraron una pistola Jericho 9 m.m. y una granada de fragmentación.
En la propiedad también incautaron dos proveedores, municiones para la pistola, 11 celulares y una cámara digital.
A la hora siguiente los uniformados ingresaron al apartamento 813 de la urbanización Terranova, en Niquía, donde residía Eder Jair Villada Jaramillo, de 30 años y expatrullero de la Policía Nacional. Allí encontraron, también bajo la cama, un fusil AK47; en varias cajas y compartimientos del closet, decenas de municiones de calibre 7.62 y 5.56, al igual que dos proveedores, varios celulares, un computador y memorias USB.
A Villada le decomisaron un cuaderno, en el cual tenía anotados los datos sobre el subteniente que la banda pretendía asesinar: sus familiares, cargos que había ejercido y sitios que solía frecuentar.
Para la Fiscalía, estos dos capturados tenían la misión de coordinar la acción criminal, y al parecer estaban en proceso de reclutar a los sicarios.
En la audiencia de control de garantías de este sábado, en el Palacio de Justicia de Medellín, los dos se declararon culpables por el delito de tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Esta conducta tiene una máxima pena de 15 años en prisión, pero al aceptar el cargo en esta etapa recibirán una rebaja considerable.
Por eso cuando la juez les preguntó si comprendían las consecuencias de renunciar a su inocencia, ambos respondieron: “sí, su señoría”.