En apenas cuatro días, el cartel narcoparamilitar Clan del Golfo perdió a dos de sus principales delegados para el control del tráfico de droga en el golfo de Urabá. Según las autoridades, “Missi” y “Pueblo” tenían el respaldo ilegal para imponerles a otros narcos una millonaria tarifa por la exportación de cocaína.
El primero en caer fue Giovanny Cortés Acevedo (“Missi”), el pasado 10 de agosto, cuando iba en una camioneta por la vía Ayapel-Montería (Córdoba) y los agentes de la campaña militar y policial Agamenón lo arrestaron.
Según información del expediente, tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado.
Se desmovilizó en 2006 de las Auc y trabajó con peces gordos del Clan del Golfo, como “don Mario”, “Tierra” y “Nicolás”, lo que le ayudó a escalar posiciones. Incluso estuvo casado con Arleida Manco David (“la Zarca”), sobrina de Dairo Úsuga David (“Otoniel”), el máximo jefe del grupo.
La confianza que despertaba en sus superiores sirvió para que le delegaran el manejo de la exportación de la cocaína del Clan, con destino a Centroamérica, EE.UU. y Europa, usando el golfo de Urabá como plataforma.
Según el informe policiaco, “Missi”, presuntamente, podía administrar la producción, acopio y exportación de 10 toneladas mensuales del estupefaciente. Otra de sus tareas consistía en destinar parte de las ganancias, $40.000 millones al mes, para el pago de la nómina del grupo: cuatro bloques, 27 frentes y 10 células operativas, que suman cerca de 4.000 hombres con influencia en Colombia, Panamá, Venezuela y España.
Tras la captura de Cortés, el 14 de agosto hubo otro golpe contra la banda. Los comandos de Agamenón llegaron a una finca del sector Las Pavas, de Mutatá, y dieron de baja a Darío Úsuga Torres (“Pueblo”).
Este hombre tenía una silla en el “estado mayor”, la cúpula del Clan, junto a su primo “Otoniel” y otros cuatro comandantes. Asimismo, era el cabecilla del frente Carlos Vásquez, una estructura de 500 combatientes que delinque en Apartadó, Chigorodó, Carepa, Mutatá y Murindó.
Era exparamilitar y, según la Policía, controlaba una de las rutas a Europa, que representa dos toneladas mensuales de cocaína. Los despachos salen desde el puerto de Nueva Colonia (Turbo) y el embarcadero del Zungo (Carepa).
La importancia del frente Carlos Vásquez, para el grupo ilegal, también radica en el hecho de que desde esa estructura se apoya militarmente a los frentes de Norte de Santander, Llanos Orientales y La Guajira, por lo que la muerte de “Pueblo” afecta los tentáculos por fuera de Antioquia.
Las operaciones contra estos dos cabecillas pusieron bajo la lupa el negocio del narcotráfico en el golfo. EL COLOMBIANO consultó fuentes judiciales y de inteligencia para entender cómo funciona.
Comisiones ilícitas
Teniendo en cuenta que el Clan tiene un dominio total del bajo mundo en la subregión de Urabá, desde el golfo se producen dos tipos de exportación ilícita: las que llevan la mercancía de la propia organización (lo que hacía “Missi”), y las de otros narcos que usan la zona pagando “impuestos”.
Según los investigadores, los otros traficantes deben pagar un 25 % de sus ganancias totales por el envío del estupefaciente desde Urabá.
Adicionalmente, por el derecho a transportar la droga desde el sitio de acopio hacia el puerto, a través de las carreteras o ríos de la subregión, el Clan cobra a los demás narcos un 10 % del valor de la carga (ellos le llaman “diezmo”). Estos movimientos son vigilados por los frentes dispuestos en el territorio, como el Carlos Vásquez que lideraba “Pueblo”, el Central de Turbo y Efrén Vargas (norte de Chocó).
Estas estructuras cuentan con puntos de vigilancia en las bocas de río, los embarcaderos y los senderos veredales. Si detectan que les quieren meter “droga de contrabando”, asesinan a los competidores.
Aunque parece que las comisiones que cobra el Clan son altas, el margen de ganancias es tal, que los otros narcos siguen usando el golfo para exportar.
Por ejemplo, una tonelada de cocaína puesta en el embarcadero vale $8.000 millones ($8 millones por kilo); pero al llegar a su destino en Europa, cuesta $128.000 millones. Esto implica que el grupo de “Otoniel” se queda con $32.000 millones, y el exportador con $96.000 millones.
Las modalidades más frecuentes para sacar la mercancía son: camuflada en contenedores de fruta, en lanchas rápidas que hacen transbordo en Centroamérica o en semisumergibles, según el vicealmirante Andrés Vásquez, comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Los destinos marítimos son México, EE.UU., Italia, España, Holanda y Bélgica.
Operaciones coordinadas
Para frenar este tráfico en el golfo, las autoridades tienen planes conjuntos por aire, mar y tierra. Vásquez contó que la Armada está coordinada con la Fuerza Aérea y el Ejército para las interdicciones.
También hay alianzas con la Policía (Operación Agamenón) para la operatividad, revisión de los contenedores y barcos en los puertos; y con las autoridades panameñas y estadounidenses (Operación Martillo), para frenar la salida de la droga en aguas internacionales.
Estas coordinaciones permitieron la incautación de 56 toneladas de cocaína en lo que va de 2020; el caso más reciente fue el pasado 5 de agosto, con la detección de una lancha que llevaba 1.814 kilos en cercanías a Necoclí.
Por su parte, el coronel Giovany Fuentes, comandante de la Policía Urabá, señaló que en las vías de la subregión hay puestos de control para bloquear el flujo de droga que alimenta el microtráfico barrial. Esto ha permitido el decomiso de otros 1.101 kilos de cocaína y la captura de 103 personas involucradas en el negocio.
Con la ausencia de “Missi” y “Pueblo”, se le creó un dilema a su jefe directo, Nelson Hurtado (“Marihuano”), el segundo al mando del clan, que debe estar preguntándose quién tomará las riendas en el golfo. La Fuerza Pública también está pendiente de saberlo, para expedir nuevas órdenes de captura.
56
toneladas de droga que salieron del golfo de Urabá incautó la Armada este año.
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