Pasa el tiempo y no hay aprendizaje: en 494 contratos de obra pública ejecutados por 14 entidades territoriales de Antioquia y el Eje Cafetero los retrasos rondan, en promedio, el 73 % desde 2015. A esta conclusión llegó la Cámara Colombiana de Infraestructura —CCI— en su reciente informe “Estudio de Cumplimiento de Buenas Prácticas en la Contratación Pública” que, para 2019, analizó 290 contratos por valor de $1,1 billones. Además, para añadir enredos al asunto, las demoras afectan el bolsillo ciudadano porque los proyectos terminan costando un 20 % más de lo presupuestado.
En el Valle de Aburrá, la CCI estudió la eficiencia de las alcaldías de Bello, Itagüí, Envigado, Medellín y Sabaneta. También midió indicadores de desempeño en la Gobernación de Antioquia, las alcaldías de Apartadó y Rionegro, así como en instituciones como el Área Metropolitana, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – Edese- y la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-.
Para 2019, el 60% de las obras tuvieron sobrecosto y 85% de las obras tuvieron retrasos. Los mayores sobrecostos se presentaron en el sector edificaciones públicas, indicó el estudio. Las entidades con mejores puntajes fueron la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Más abajo en la escala aparecen Envigado, Sabaneta, Bello, Apartadó e Itagüí.
Los resultados no sorprenden a la CCI, puesto que en los centros más grandes, donde hay mayor institucionalidad, es donde mejor se garantiza la pluralidad de oferentes. Es decir, que los contratos de una obra pública no se asignen “a dedo” (ver recuadro).
Apretados en costo y tiempo
“El campeón de los costos por encima de lo planeado es la EDU. En promedio los contratos de esta entidad tienen un 40% de sobrecostos, pero hay contratos que han tenido más del 100% de sobrecostos”, dice José Fernando Villegas, director de la CCI Antioquia.
El estudio encontró que las obras públicas cuestan un 34 % menos si las ejecuta la Alcaldía de Medellín en lugar de la EDU. Esto sin tener en cuenta el porcentaje de intermediación pactado en el contrato interadministrativo del 8 %. De los contratos revisados en esta entidad, ocho obras superaron el 100 % de su costo, es decir, duplicaron su valor.
Entre las dificultades, apuntó la CCI, figura que la EDU no tiene que cumplir el pliego tipo porque es una empresa industrial y comercial del Estado (régimen privado).
Con la CCI coincide el abogado de la Universidad de Medellín, Gustavo Adolfo Arbeláez, experto en contratación estatal. El abogado indica que, si bien la norma en Colombia ordena que los procesos deben ser licitados, las entidades públicas manejan una figura adicional que son los contratos interadministrativos.
Este es el caso, por ejemplo, de Medellín con la EDU y la Gobernación de Antioquia con la Empresa de Vivienda —Viva—. Estas entidades, indica Arbeláez, terminan tercerizando el proceso de contratación.
“Yo contrato con la EDU y la entidad contrata con un tercero para que ejecute la obra, sin tener que licitar por estar sujetas a un régimen especial. Así, estas empresas del Estado terminan siendo unas meras intermediarias que generan un sobrecosto al proceso”.
Los riesgos, dice, van desde contratar terceros sin competencia económica o técnica, solo por conveniencia.
Arbeláez añadió otra arista a la discusión y es la planeación. Los gobernantes, con el afán de entregar, aceleran los procesos sin disponer de herramientas como estudios y diseños, apropiaciones o licencias. Y, aunque el Estado tiene herramientas para presionar a los contratistas (como la declaratoria de caducidad o imposición de multas), son ineficientes.
Wilder Echavarría Arango, gerente de la EDU, se mostró en desacuerdo con algunas de las conclusiones de la CCI: “Hay proyectos como el PUI de la comuna 13 donde los convenios se contratan con un valor tentativo y eso no es una mala planeación. A partir de ahí se presupuestan, se diseñan y van llegando a ciertos alcances. La palabra sobrecostos ahí no va. Lo que hacemos es aumentar los alcances o metas de los proyectos”.
Otros convenios, como el del Hospital de Buenos Aires, se ejecutan por etapas.
El gerente agregó que el costo de la administración del 8 % se retribuye a Medellín en proyectos, por lo que no se puede decir que este sea un sobrecosto. Dijo, además, que solicitarán mesas de trabajo a a la CCI para estudiar el informe: “Creo que las cifras, cuando son tan frías y planas, no comunican bien. Las particularidades hay que amplificarlas y llegar a un mejor lenguaje”, concluyó.
Entre las recomendaciones finales a las entidades públicas, la CCI enfatizó en la importancia de aumentar las preinversiones en consultoría, estudios y diseños. Así, añadió, se disminuyen los imprevistos para que el ciudadano no pague el doble por la misma obra .
