En las veredas y rebaños de Belmira, en el norte de Antioquia, el reloj despertador suena a las 3:00 a.m. En las fincas de la famosa ruta lechera, donde se producen cerca de 2 millones 400.000 litros de leche al día, antes de ir a estudiar los niños y jóvenes alistaban las canecas metálicas y se sumaban, como labor previa a cualquier otra, a las tareas del ordeño.
Así era la rutina antes de la pandemia, cuando luego de las tareas domésticas los estudiantes alistaban sus cosas y arrancaban su caminata hasta el colegio. En algunas de las veredas más remotas como San José o Salazar, algunos tenían que andar durante una hora para llegar a la carretera por donde pasa el bus.
Así lo cuenta Roger Alexánder Acosta Sánchez, profesor de la Institución Educativa Rural Carlos González en Belmira, en la que están matriculados aproximadamente 400 estudiantes.
Acosta detalla que, para llegar al colegio, en Belmira la opción es el transporte público. Hay varias rutas que recogen a los estudiantes en las veredas, que aún con su utilidad no escapan a los inconvenientes del clima como un derrumbe o, incluso, a un carrotanque atrancado en la vía. Situaciones como esas alargan los recorridos de los que viven lejos.
El cansancio es peor para los estudiantes que están en las zonas rurales más apartadas, sobre todo cuando la jornada comienza tan temprano y si el día ya acumuló una hora de trayecto para llegar a la sede del colegio.
“A las 8:00 a.m, cuando inician las clases, uno les ve el agotamiento a estos estudiantes que vienen de lejos. Las dos horas más pesadas son de 12:00 a 2:00 p.m., ellos luchando contra no dormirse y poner cuidado en la clase”, apunta Acosta.
De este tipo de dificultades es consciente Alexandra Peláez Botero, secretaria de Educación de Antioquia. La funcionaria explica que el transporte escolar es uno de los factores cruciales para garantizar no solo la asistencia a las aulas, sino también para evitar la deserción de los alumnos.
Por eso, indica, una de las metas más ambiciosas del Plan de Desarrollo (2020-2023) es la destinación de $70.000 millones para financiar un transporte escolar seguro. Así, la dependencia se propuso en su ruta de trabajo llevar a 30.000 el número de estudiantes beneficiados con transporte en el cuatrienio.
“Por la geografía del departamento, si nosotros no garantizamos ese transporte en alianza con las alcaldías, es muy difícil garantizar la permanencia del estudiante”, añade Peláez.
