El del túnel del Toyo, considerado el proyecto vial más trascendental de Antioquia en los últimos 50 años, amenaza con ser interrumpido por la contraposición de conceptos entre la administración departamental actual y la pasada.
Con la determinación de detener la primera destinación de los recursos, contemplados dentro de los $1,8 billoness, estipulados como monto de la obra, y que tenía plazo hasta el pasado sábado para ser pagada, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez aguarda un concepto de la Contraloría Departamental y de la Procuraduría General sobre el proyecto. También se enfrenta a la posibilidad de procesos disciplinarios de los entes de control por el incumplimiento del contrato.
La decisión de frenar el pago de la primera partida de recursos, fue tomada por el mandatario y su equipo asesor, al reiterar en los reparos sobre los costos, estudios, licencias, así como el proceso de contratación para una obra, que solo esperaba el pitazo de arranque.
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No obstante la negativa oficial frente a la contratación, sectores económicos, académicos, políticos y líderes de Urabá y Antioquia advierten el impacto negativo que traería el retraso de la obra, fundamental en el desarrollo de las Autopistas para la Prosperidad, específicamente en la continuidad de las concesiones Mar 1 y Mar 2, ya en marcha (ver gráfico).
El túnel del Toyo, que será construido con recursos ya aprobados del Departamento, la Alcaldía de Medellín y la Nación, cruzará Cañasgordas y acortará en hora y media el viaje entre ese municipio del Occidente y la capital antioqueña. Sus 9,8 kilómetros lo harán el más largo de Colombia.
Se estima que con su puesta en marcha, y la de todo el sistema de Autopistas para la Prosperidad, una persona en Medellín pueda ir al mar en 4 horas, que es lo que durará el recorrido de la capital antioqueña a Necoclí.
Vías traerán desarrollo
Las Autopistas para la Prosperidad, generarían toda una revolución vial en Antioquia y el país. El sistema plantea, de Medellín a Urabá, el tramo Mar 1 que va hasta Santa Fe de Antioquia. Del túnel del Toyo sale Mar 2 que va hasta Necoclí. Luego se conecta con la Transversal de las Américas.
Según el analista económico, Juan José Perfetti, la importancia del Túnel no es solo para Antioquia sino para todo el país y, en especial, la zona occidental, que quedará unida con el Atlántico y el Caribe para brindar facilidad en la llegada a los puertos.
“Hasta ahora Urabá se ha desarrollado con base en las actividades propias de la región (banano). Con las Autopistas aumentará el tráfico que viene con la importación y la exportación, pues para las regiones del Occidente será más fácil llegar allí que ir a puertos en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta”, explicó.
En los llamados para que se destrabe el proyecto, coinciden líderes sociales y académicos del Urabá, como el antropólogo, Iván Espinosa, quien confía en que la actual administración deje de un lado “antiguos rencores políticos y piense en el desarrollo de toda una región. Ponerle trabas a algo que estaba estipulado, entra en el campo de lo político y va más en dirección del control de capitales para la obra. Eso va en contravía del desarrollo de la región”, expresó.
Proponen nuevo acuerdo
Un primer punto que esgrime el gobierno departamental para la negativa a seguir con el proceso contractual, es el de las licencias ambientales.
El exmagistrado y asesor del actual gobernador, Guillermo Mejía, cuestiona que para la obra no se consultó a la comunidad impactada con el proyecto lo que, añadió, tiene que ver con la licencia ambiental. Así mismo, sugirió que se renegocie el acuerdo con la ANI y el Municipio de Medellín para que se fijen los precios, tomando como referencia el artículo 79 de la Constitución Nacional.
Pidió tener en cuenta los estudios sociológicos y predial, en el que muestren la afectación que la obra genere a la comunidad.
“El gobernador ha sido claro en manifestar que no es enemigo del Túnel ni de las obras de la conexión al mar. Al contrario, quiere que se haga pero con un presupuesto correcto, que no se meta al Departamento en una obra que no se sabe cuánto vale”, dijo.
Al respecto, la ministra de Transporte, Natalia Abello, insistió en la importancia que el proyecto tiene para la Nación y resaltó la dimensión de las 10 concesiones: ocho de cuarta generación.
“Vamos a hacer seguimiento trimestral, es el acuerdo que hicimos con el Alcalde (Federico Gutiérrez). Se lo propusimos a la Gobernación también”, dijo la funcionaria.
Aval a la contratación
El avance en el proceso de contratación del megaproyecto está en un 80 por ciento. Para esa gestión la Gobernación pasada, con el visto bueno de la ANI y el Instituto Nacional de Vías (Invías), contrató a la empresa Konfirma que, haciendo las veces de asesor, se comprometió a preparar los pliegos de condiciones, evaluar a los proponentes y acompañar el proceso de firma de contratos y actas de inicio.
El valor de esa asesoría fue de $1.609 millones, de los cuales ya han sido desembolsados más de la mitad. El proceso incluyó la participación de más de 65 profesionales y expertos que tenían que revisar, al detalle, presupuestos y pliegos. También participaron abogados expertos en temas de riesgo, procedimientos alternativos en resolución de conflictos, técnicos evaluadores de las propuestas en materia jurídica y financiera.
Si bien la contratación de la firma particular contó con el consenso de los aportantes en el proyecto, la actual administración le puesto reparos en ese modelo privado y ha afirmado su intención de que el proceso contractual y los recursos sean manejados directamente por la Gobernación.
“La Gobernación tiene gente capacitada para hacer ese trabajo, por ejemplo, las personas que estuvieron en el Túnel de Occidente, Fernando Gómez, en el Túnel de Oriente y en la doble calzada Bello Hatillo”, aclaró Mejía.
Konfirma, valga decir, ha asesorado a la ANI en proyectos por más de $32 billones, sin que se haya presentado una sola demanda, lo que es garantía de transparencia, dicho por el director de la ANI, Luis Fernando Andrade.
El lío jurídico que se viene
El mismo Mejía, como experto en derecho, admitió que el que la Gobernación se niegue a girar los recursos para el Toyo y a continuar con el contrato como estaba estipulado, podría acarrearle procesos disciplinarios de los entes de control.
“Esa plata no se va a entregar mientras no se aclare qué fue lo que pasó. Podrían decir que por no cumplir un contrato demandarán al Departamento. Pero ese es un riesgo que se corre, porque mientras no se le ponga al túnel un precio exacto Antioquia no puede botar la plata”, anotó Mejía.
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Entre tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo que durante estos cuatro años, a Medellín le corresponde aportar alrededor de $186.000 millones. “Yo reafirmo ese compromiso”, señaló y subrayó además la necesidad de acometer la ejecución del proyecto. “La competitividad de Medellín y de la Región está dependiendo de esa obra”, afirmó.
El gobernador Pérez, dijo, la semana pasada, que se debía discutir si los contratos que se han hecho son legales o no (...). “Estamos comprometidos con el túnel del Toyo”, dijo. EL COLOMBIANO buscó nuevamente su concepto, pero no hubo respuesta. También se consultó a Konfirma sobre si haría valer el contrato establecido, y dijeron que no contemplan ese escenario, pues confían en que el proceso siga adelante.
Las voces consultadas afirman que de enredarse el proceso, el Gobierno podría retirar su aporte para invertirlo en otras regiones, frustrándose así la revolución que venía para las vías de Antioquia y el occidente colombiano. .
