Durante este primer semestre de 2022 se identificaron cambios significativos en las dinámicas migratorias de quienes transitan por la zona del Urabá-Darién con destino a Norte América, según indicó el defensor del Pueblo Carlos Camargo.
Hoy, la mayoría de los migrantes que cruzan la selvática zona es de nacionalidad venezolana, a diferencia de lo que se evidenció el año pasado cuando dicha población era mayoritariamente haitiana. En segundo lugar, la Defensoría del Pueblo evidenció que viene aumentando el número de familias migrantes, con niños, niñas y adolescentes, mientras que en 2021 en su mayoría era población masculina joven.
En un recorrido que hizo por el municipio de Necoclí –uno de los puntos de mayor recepción de migrantes– Camargo advirtió su preocupación por otras dos circunstancias particulares.
“La primera es que tenemos reportes que muchos migrantes siguen recurriendo a transportadores informales para hacer su recorrido por rutas irregulares y sin el control de las autoridades, colocando en riesgo la vida, seguridad e integridad, como ha quedado evidenciado en varios naufragios recientes”.
De hecho, el pasado 11 de junio una embarcación con 29 personas naufragó en el Golfo de Urabá, afortunadamente sin víctimas mortales. Y en octubre de 2021 otro naufragio dejó tres mujeres muertas.
La otra preocupación que Camargo manifestó es el número de menores de edad que avanzan con las caravanas de migrantes que transitan por el Urabá hacia Panamá. Según cálculos de las autoridades migratorias panameñas de los 19.000 migrantes que han llegado a su territorio desde el Darién, cerca unos 4.700 personas (casi el 25%) son niños.
Vale destacar que tal como detectó la Defensoría, la mayoría de migrantes que pasan por el Urabá con destino al norte del continente, no cuenta con recursos económicos suficientes para su travesía y deben permanecer algún tiempo en actividades informales.
Por estos hallazgos, Camargo reiteró su llamado a las autoridades de Colombia y de los demás países para que adopten las medidas de protección necesarias a fin de evitar que esta población, que goza de especial protección del Estado, caiga en manos de redes criminales que los utilicen para actividades ilícitas como la trata, tráfico y explotación sexual, mendicidad, tráfico de estupefacientes, entre otras.
