Fuentes judiciales confirmaron que el operativo fue realizado el pasado 10 de agosto, por parte de la Fiscalía y agentes del Grupo de Administración Pública de la Dijín de la Policía, que viajaron desde Bogotá. Los detenidos son el funcionario Gustavo Amet Restrepo Ortiz, quien fungía como asistente de un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada en la capital antioqueña; y el abogado litigante Mauricio de Jesús Morales Múnera.

Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

La Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada tiene sus despachos en el Palacio de Justicia de Medellín. Foto de Archivo.

De acuerdo con la investigación preliminar, en su calidad de asistente, Restrepo tenía acceso a información sobre las órdenes de captura que expedían los despachos de la Dirección, en particular aquellas dirigidas a los cabecillas e integrantes de las bandas “el Mesa”, “Niquía Camacol” y “Pachelly”.

En las audiencias de control de garantías, que se desarrollan de manera virtual en este momento, el ente acusador ha revelado interceptaciones telefónicas en las cuales, supuestamente, el funcionario le advertía al abogado cuando se solicitaban dichas órdenes.

En tales conversaciones, se oyen frases atribuidas por la Fiscalía a Restrepo, en las que al parecer habría dicho: “Yo las voy dilatando”, refiriéndose a las órdenes de detención.

En otra de las llamadas en poder de las autoridades, el indiciado le habría advertido al penalista que las autoridades estaban preparando el arresto de unos delincuentes: “Para que usted les avise, para que les diga que les van a caer en Pascua, después de Semana Santa. Eso ya está listo. Ya las sacaron (las órdenes) del horno hoy”.

Así fueron reseñados por la Policía los dos capturados. El proceso está pendiente de la etapa de acusación. Foto cortesía de la Policía.

El abogado Morales había sido defensor de algunos integrantes de organizaciones ilegales de Bello. Uno de ellos fue Édgar Pérez Hernández, alias “el Oso”, jefe de la banda “Niquía Camacol”, quien murió de un ataque cardiaco el 6 de abril de 2020, en la cárcel Picaleña de Ibagué.

NOTA RELACIONADA: Aumenta tensión en Bello por muertes de “Titi” y “el Oso” en prisión.

En las audiencias de control de garantías, los procesados no aceptaron las imputaciones por concierto para delinquir y utilización de asunto sometido a secreto, y se declararon inocentes.

Durante la diligencia, Restrepo renunció a su cargo en la Fiscalía, institución en la cual apenas le faltaba un año para jubilarse. El 17 de agosto, al finalizar las audiencias, el juzgado le dictó medida de aseguramiento domiciliaria, mientras que al abogado lo envió a la cárcel.

El Colombiano buscó una declaración oficial de la Fiscalía sobre el caso, pero la entidad no se ha pronunciado por el momento.

NOTA RELACIONADA: Juez de Bello sospechoso de ayudar a los presos de “Pachelly”.

El Inspector.

La investación adelantada por la DEA, la Policía colombiana y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado recopiló información por más de seis, a través de un agente infiltrado, seguimientos, grabaciones e interceptaciones.

Al parecer la defensa de los imputados planea que acepten algunos cargos a cambio de un preacuerdo con rebaja de pena. Foto de archivo.

De acuerdo con las pesquisas, esta trama clandestina empezó cuando varios presuntos miembros de “la Oficina”, que se creían intocables y blindados contra el sistema judicial, fueron incluidos en la Lista Clinton. Por primera vez recibieron sanciones económicas y su rostro apareció en los organigramas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los múltiples reseñados estuvieron Juan Pablo Upegui, accionista del equipo de fútbol Envigado F.C.; Carlos Arturo Arredondo, alias “Mateo”; y el capitán retirado de la Policía, Edward García, apodado “Orión”.

Los cabecillas quedaron sorprendidos y expuestos ante la opinión pública, y empezaron a indagar qué tipo de investigaciones penales se adelantaban en su contra, tanto en Colombia como en E.U.

Tomaron contacto con policías que tenían acceso a información de un grupo SIU (Special Investigation Unit), en el cual trabajan en conjunto investigadores colombianos y estadounidenses. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, les ofrecieron un soborno multimillonario para que les filtraran datos confidenciales sobre las investigaciones en contra de “la Oficina” y los reseñados en la Lista Clinton.

En consecuencia, el pasado 1 de julio fueron arrestados en Bogotá el intendente Andrés Cortés y el patrullero Eduar Arias, al igual que el abogado Óscar Colorado, quien habría participado como intermediario entre estos funcionarios y los mafiosos.

La audiencia de control de garantías se realizó en los días siguientes en el Palacio de Justicia de Medellín, en la cual se legalizaron los arrestos y las incautaciones de documentos y material digital recopilado en los allanamientos a las propiedades de los detenidos. La Fiscalía les imputó cargos por concierto para delinquir, violación de secreto, concusión, fraude procesal y uso ilícito de comunicaciones. Al final de la diligencia, el juzgado envió a las tres personas a la cárcel, mientras continúa el proceso.

La Policía Nacional destituyó a los uniformados implicados, al tiempo que se investiga la eventual participación de otras personas en la red de espionaje.

NOTA RELACIONADA: Lista Clinton enredó a dueños del Envigado F.C. y a “la Oficina”.

El Inspector.

Las últimas acciones son por cuenta del Departamento del Tesoro, la DEA y la Corte del Distrito Sur de La Florida, que incluyeron en la Lista Clinton a ocho presuntos cabecillas y capturaron con fines de extradición a un abogado sospechoso de narcotráfico. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Cabecillas de "la Oficina" en la Lista Clinton: 1) "Fredy Colas". 2) "Carlos Chata". 3) "Diego Chamizo". 4) "Barny". 5) "Carlos Pesebre". 6) "Tuto". 7) "Mono Amalfi". 8 ) "Chaparro". 9) "Pichi Gordo".

Según el informe del Tesoro, además de estar involucrada en el tráfico de estupefacientes, esta estructura provee con “violentos servicios” a los grupos armados, cobro de deudas de drogas, extorsión y asesinatos por contrato.

“Los cuadros de mando de ‘la Oficina’ intimidan y asesinan a ciudadanos y oficiales, incluyendo a valientes compañeros de la Fuerza Pública e investigadores judiciales de Colombia”, dijo Adam J. Szubin, el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de la entidad financiera.

En la Lista Clinton ya había sido incluido el pasado mes de julio Fredy Mira Pérez, alias “Fredy Colas”, presuntamente vinculado a una red de lavado de activos y cabecilla de la banda en el oriente de Medellín (ver la NOTA RELACIONADA: “Fredy Colas” pierde el anonimato y cae a la Lista Clinton).

Ahora fue añadido Julián González Vásquez (“Barny”), supuesto miembro de la “Odín la Terraza” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico) e investigado por la muerte de dos policías antinarcóticos en la entrada del Jardín Botánico (12/7/12). También están Diego Muñoz Agudelo (“Diego Chamizo”), y Juan Carlos Mesa Vallejo (“Carlos Chata”).

En la lista negra del Tesoro hay otros cinco integrantes de la organización, presos en cárceles de Colombia por cargos de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir: Freyner Ramírez (“Carlos Pesebre”), Didier Ríos López (“Tuto”), Rubiel Medina (“Mono Amalfi”), Jesús Hernández (“Chaparro”) y Édinson Rojas (“Pichi Gordo”).

Lo grave sobre estos últimos es que, según el informe de E.U., “continúan coordinando operaciones criminales desde la prisión”.

Frente a este tema, el coronel (r) Sergio Vargas, secretario de Seguridad de Medellín, advirtió que “la Alcaldía no tiene la capacidad para hacer ese tipo de controles, esa información podrían tenerla la Policía o la Fiscalía”.

Y respecto a la ofensiva extranjera, opinó que “uno de los escenarios sobre el que se debe hacer un mayor esfuerzo en la lucha contra el crimen es el de atacar las finanzas. Eso permitirá debilitar toda la estructura, ahí hay un reto para los organismos de justicia y seguridad en Medellín”.

Y AQUÍ NO TIENEN ORDEN DE CAPTURA
Sobre los implicados en la Lista Clinton, es importante agregar que por tercera vez en menos de tres meses, el gobierno de Estados Unidos reseñó públicamente a supuestos cabecillas de “la Oficina”, sobre los cuales las autoridades colombianas ni siquiera tenían orden judicial de captura ni aparecían en los carteles de los más buscados. Los últimos rostros en ser mostrados fueron los de “Diego Chamizo” y “Carlos Chata” o “Tom”.

Fuentes de Inteligencia señalan que “Diego Chamizo”, también conocido como “la Garza”, es el presunto cabecilla del combo “Barrios de Jesús”, “los BJ” o “los Chamizos”, que delinque en la parte alta de la comuna 9 (Buenos Aires) de Medellín. De la misma manera, sería uno de los supuestos líderes de la “Odín Caicedo” (Organización Criminal Integrada al Narcotráfico), una confederación de bandas que trabajan para “la Oficina” en el oriente de la capital antioqueña.

Entre las primeras anotaciones que le hicieron en la ciudad, está una del 25 de agosto de 2006, cuando una patrulla de la Policía Metropolitana lo detuvo para una requisa en el barrio Las Palmas. Estaba en compañía de Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, uno de los máximos líderes de “la Oficina” (extraditado en 2013), y de otros lugartenientes apodados “Víctor Colitas” y “Teletubi”.

Todos portaban armas de fuego con salvoconducto, que les fueron decomisadas temporalmente por una restricción que estuvo vigente algunos días. A ninguno lo arrestaron.

Pese a algunas quejas de la comunidad, que lo señalan de ser uno de los causantes de asesinatos, extorsiones y desplazamientos en Medellín, nadie lo ha denunciado formalmente y la Fuerza Pública y la Fiscalía no han logrado expedirle una orden de captura.

Para el Tesoro, sin embargo, Muñoz Agudelo “es un integrante de vieja data de ‘la Oficina’, que trabaja para el cabecilla ‘Fredy Colas’”, según consta en el informe publicado ayer por la entidad.

De “Carlos Chata” tampoco hay orden de captura vigente, pese a que ha sido reseñado en procesos judiciales contra otros jefes de “la Oficina”, como el condenado Franklin Vargas Cardona, alias “Frank” (ver la NOTA RELACIONADA: “Los Chatas”, dos décadas delinquiendo con impunidad).

La Policía lo considera el supuesto jefe de la “Odín los Chatas”, el principal clan criminal de Bello y el norte del Valle de Aburrá, que se dedica al cobro de extorsiones, narcotráfico, sicariato, usurpación ilegal de predios y desplazamientos forzados, entre otras conductas.

El pasado enero, el general José Ángel Mendoza, comandante de la Policía Metropolitana, le declaró la guerra a esta estructura ilícita, en respuesta al atentado contra dos uniformados en vía pública. Pese a esto, sus hombres no han conseguido judicializarlo. Para el Tesoro, la influencia de “Carlos Chata” va más allá de Bello y “se extiende a través de Medellín”.

El tercer cabecilla de “la Oficina” reseñado y públicamente mostrado por el Tesoro en los últimos tres meses, fue “Fredy Colas”, quien tampoco tiene orden de arresto en Colombia.

ABOGADO EXTRADITABLE
De otro lado, la Dirección Antinarcóticos de la Policía anunció que, en apoyo con la DEA, capturó a un asesor jurídico de la banda.

El abogado Luis Zapata, apodado "el Hijo". Cortesía Policía.

El abogado Luis Felipe Zapata Córdoba, apodado “Pipe” o “el Hijo”, fue arrestado en el Centro Administrativo La Alpujarra, adonde iba a defender en las audiencias a sospechosos de “la Oficina” y “los Urabeños”, al igual que desmovilizados de las Autodefensas.

Este profesional es teniente retirado del Ejército y exmiembro del CTI de la Fiscalía. Entre sus clientes está Wálter Román Jiménez, alias “el Tigre” o “Ramón Chaqueta”, cabecilla condenado de la banda “la Unión” de Itagüí (ver la NOTA RELACIONADA: Autoridades enjaularon a “el Tigre” de Itagüí).

De acuerdo con el reporte de Antinarcóticos,  “el proceso contra él inició en 2012, cuando coordinó junto a su padre Raúl Zapata Calderón, el envío de 1.500 kilos de cocaína desde Cali hasta la isla de Roatán (Honduras), recibiendo un pago de 1.5 millones de dólares”.

Aquel año fue detenido y extraditado el padre (hoy paga una sentencia de 11 años), situación que ahora enfrenta “el Hijo”, quien es requerido por la Corte del Distrito Sur de La Florida.

De ser enviado a Norteamérica, el jurista se uniría a varios jefes de “la Oficina” procesados en E.U., cuyas declaraciones han servido a la DEA para identificar los bienes y socios. Allá están, entre otros, los capos “don Berna”, “Rogelio”, “Yiyo”, “la Firma”, “Valenciano” y “Sebastián”.

El Inspector.

El Tribunal Superior de Medellín, en su fallo de segunda instancia, confirmó la condena contra el cabecilla de ‘La Oficina’, pero modificó el monto. En consecuencia, la sentencia inicial de 32 años y 7 meses se redujo a 13 años y 3 meses de cárcel.

Escena de la presentación de 'El Cebollero', tras su captura en 2008 en El Poblado.

Los magistrados que respondieron a la apelación de la defensa, consideraron que en principio hubo una aplicación inadecuada de los agravantes del delito, y al reestructurar el caso se benefició al procesado. El alivio para Rendón también cobijó su bolsillo, pues antes debía pagar una multa de 28.335 millones de pesos, y ahora la suma está en 7.402 millones 235.400 pesos.

Teniendo en cuenta que ‘El Cebollero’ está en la cárcel desde el 21 de mayo de 2008 (hace cuatro años y cinco meses), le quedarían 8 años y 10 meses de condena por cumplir. Con seis años tras las rejas alcanzaría el tiempo suficiente (75% de la pena) para solicitar la libertad condicional, igual que han hecho otros cabecillas del crimen organizado como ‘El Patrón de Bello’, ‘Elkin Triana’ y ‘Bolillo’.

Esta situación podría variar si le aplican otras rebajas o, en contraposición, se ejerce presión política para prolongar su encarcelamiento, pues Rendón Hurtado tiene poderosos enemigos en ese gremio, desde el presidente Juan Manuel Santos (que ya hizo sancionar a un juez que le cambió la detención intramural por domiciliaria) y el exalcalde de Medellín Alonso Salazar.

El sentenciado continúa afirmando que es inocente, víctima de las envidias de otros comerciantes, y su defensa está decidida a sacarlo una vez más de la cárcel. El abogado Gustavo Salazar Pineda apeló otra vez e instauró un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal le conceda la libertad a su prohijado.

La condena por lavado de activos surgió de una investigación de la Fiscalía iniciada en el 2000. El ente acusador demostró que ‘El Cebollero’ blanqueó dineros de ‘La Unión’, una banda criminal al servicio de ‘La Oficina’ en el municipio de Itagüí y el sur del Valle de Aburrá.

El exdirectivo de la Central Mayorista de Antioquia posee también en su prontuario una condena por concierto para delinquir (de 4 años y 4 meses), tras aceptar que había financiado actividades de ‘La Unión’. Hoy en día está en la cárcel El Pedregal.

Para retomar este caso desde el principio, les recomiendo leer las siguientes NOTAS RELACIONADAS: Sentencian a ‘El Cebollero’ por lavado de activos, El hospital de ‘La Oficina’ y Cuatro añitos para un cabecilla de ‘La Oficina’.

El Inspector.

El sujeto se hacía pasar por integrante de ‘Las Águilas Negras’ y las llamaba desde el municipio de Segovia, donde las mujeres tenían propiedades heredadas a la familia.

Alias 'El Panadero' no aceptó el cargo de extorsión y está en Bellavista. Cortesía.

La extorsión comenzó el miércoles 14 de abril, cuando este hombre de 28 años les pidió 2 millones de pesos “para la guerra”, a cambio de no atentar contra sus vidas. Incluso, según la investigación preliminar,  les dijo que si alguien más las llamaba a cobrarles la ‘vacuna’, él les solucionaba el problema.

Las víctimas superaron el miedo y lo denunciaron ante el Gaula Militar Antioquia (Línea 147). Los agentes establecieron que el presunto extorsionador no era de ‘Las Águilas Negras’, sino supuesto miembro de la organización criminal ‘Los Rastrojos’, con injerencia en las localidades de Segovia y Remedios.

El 17 de abril se pactó la entrega de la plata en el Parque de Berrío, en el centro de la capital paisa. ‘El Panadero’ llegó por sus millones y en el acto lo sorprendieron los investigadores. “No voy a decir nada, tengo derecho a un abogado“, exclamó.

La Fiscalía le imputó el cargo de extorsión, que él no aceptó en el estrado. El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel Bellavista, donde hoy permanece hasta que comience el juicio.

Ya es algo común que los delincuentes se hagan pasar como ‘Águilas Negras’ para intimidar a la comunidad, hay registros desde 2008. Esta vez, todo les salió al revés.

NOTA RELACIONADA: Terrorismo urbano, marca registrada.

El Inspector.

La víctima fue Fabio Edilberto Orozco Atehortúa, de 62 años, quien hasta 201o trabajó en la Defensoría del Pueblo y en la actualidad era abogado litigante.

En este apartamento de Florida Nueva se cometió el crimen. Foto de Mauricio Palacio.

Su cadáver fue descubierto por familiares a las 5:30 p.m. del pasado viernes 16 de marzo, quienes lo buscaron porque llevaban dos días sin saber de él. Los dolientes abrieron la puerta del apartamento, en el barrio Florida Nueva, y el olor característico de la muerte los hizo llamar a la Policía.

El finado estaba acostado en su cama, en posición lateral, y aún vestía la pijama. Cuando le realizaron la inspección judicial, se constató que lo habían decapitado, y lo más atroz, los homicidas se llevaron la cabeza, ya que esta no apareció por ningún lado.

Algo que asombró a los criminalistas fue la ‘limpieza’ con la cual se cometió el asesinato. En una escena común de decapitación, por lo general hay grandes cantidades de sangre espacidas en el suelo y hasta en las paredes y techo, y huellas en diferentes lugares del recinto, pero este no es el caso. El líquido vital solo estaba en el colchón y unas cuantas gotas en el suelo, de acuerdo con fuentes cercanas al hecho, señal de que los agresores fueron muy cuidadosos.

Orozco Atehortúa vivía solo y era padre de dos hijos. Una hipótesis preliminar apunta a que debía conocer a alguno de los asesinos, pues dado que la puerta no había sido forzada ni las ventanas, se presume que él les abrió la puerta.

La Policía anunció que se hará una revisión de los casos que llevaba el abogado penalista, a ver si este crimen se desprende de alguna de sus actuaciones en el estrado.

¿Qué razones puede haber para que un verdugo hurte la cabeza de su víctima? Consulté con un experto en Criminalística y manifestó que, si los victimarios son del crimen organizado, esa parte del cuerpo se extrajo para mostrársela a otra persona, “en señal del delito consumado, como una prueba“. Esto, por ejemplo, hizo el guerrillero alias ‘Rojas’ cuando asesinó a su jefe ‘Iván Ríos’ de las Farc: le disparó, le amputó una mano y se la entregó al Ejército como prueba.

En caso de que el crimen organizado no esté detrás de los hechos, “habría que pensar en una persona que odie profundamente al occiso, de modo que la cabeza sea como un trofeo”.

NOTA RELACIONADA: Espantoso crimen ritual en un pueblo.

El Inspector.

El jurista Edquir José López Londoño había sido el defensor de reconocidos exjefes paramilitares y llevaba varios procesos en la subregión del Urabá antioqueño.

Así fue la escena en el municipio de Bello. El homicída empleó un revólver y solo disparó una vez.

Al mediodía de ayer estaba sentado en un restaurante del barrio Las Cabañas, llevaba 20 minutos sin ordenar nada, por lo que se presume que esperaba a alguien. Pero el único que llegó fue el asesino, quien con un disparo en la cabeza la quitó la vida.

El agresor huyó caminando y al dar la vuelta a la manzana abordó un vehículo. López, de 50 años y natural de Manizales, murió en la silla del establecimiento.

Edquir José López Londoño.

El finado fue defensor de Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, desmovilizado del bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quien delinquió en el Urabá antioqueño y Chocó. Lo representó hasta el pasado febrero en asuntos relacionados con la reclamación de tierras de las víctimas y la Ley de Justicia y Paz.

López Londoño, de acuerdo con la Fiscalía, también abogó por alias ‘Chorizo’, otro reinsertado del bloque Suroeste de las Auc y de ‘Samir’, del quinto frente de las Farc.

Por ahora se desconoce de dónde provino la orden de matarlo, aunque en lo que va de 2011 ya han matado en el Valle de Aburrá a siete personas relacionadas con negocios en Urabá: dos abogados, dos ganaderos, un líder campesino y dos mafiosos (alias ‘El Míster’ y ‘Pechón’).

El Inspector.