En diciembre, de acuerdo con el reporte del Inpec, la justicia le concedió la detención domiciliara a Juan Carlos Castro, alias “Pichi Belén”, señalado por las autoridades de ser uno de los máximos cabecillas de la organización criminal “la Oficina” y a su vez líder de la banda “San Bernardo”, que delinque en la comuna 16 de Medellín (Belén).

Este es el análisis realizado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Mauricio Soto Isaza (“Soto”) tiene una condena de nueve años de cárcel por concierto para delinquir agravado. Foto cortesía de la Policía.

Castro fue capturado el 19 de agosto de 2018 en una cabaña de Tolú (Sucre), hecho que fue ampliamente celebrado por la Alcaldía de Medellín y la Policía, al considerarlo un golpe demoledor contra la mafia. Hicieron énfasis en sus antecedentes, que incluyen una condena de 1997 a 18 años por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad material en documento público (radicado 0500131040131997-04077).

Al terminar de pagar esa pena en 2017, volvió a sus andanzas y lo detuvieron al año siguiente, tal cual se indicó. El 15 de marzo de 2019 fue condenado –otra vez– por concierto para delinquir agravado, en un fallo emitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín.

La nueva pena fue de seis años, tras haber hecho un preacuerdo con la Fiscalía. Sin embargo, solo estuvo dos años y cuatro meses tras las rejas, obtuvo beneficios por buen comportamiento y estudio y ahora disfruta de la detención domiciliaria.

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La misma circunstancia favoreció a otro jefe de “la Oficina” y de la banda “Picacho”: Carlos Mauricio Soto Isaza, alias “Soto”. La Policía lo capturó el 22 de marzo de 2017 en el barrio La Colina, de Medellín, luego de que en un consejo de seguridad el entonces alcalde, Federico Gutiérrez, solicitara la priorización de este arresto a la Fuerza Pública.

El Ministerio de Defensa publicó en su cuenta de Twitter que era “el segundo cabecilla de la autodenominada ‘Oficina de Envigado’, es uno de los principales responsables del microtráfico y la extorsión en el Valle de Aburrá”.

Su defensa firmó un preacuerdo con la Fiscalía y el 1 de agosto de 2017 fue condenado a nueve años por concierto para delinquir agravado, por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín. No obstante, solo pasó encerrado tres años y cuatro meses, y el pasado diciembre también le otorgaron la domiciliaria.

“Soto” y “Pichi Belén” se suman a una lista de cabecillas de alto perfil condenados que, en tiempo de pandemia, salieron de la penitenciaría por diferentes circunstancias procesales, obteniendo la libertad condicional o la llamada casa por cárcel: Julián González Vásquez (“Barny”), John Ricardo Palacio Adarve (“Richard” o “Rayo”) y Juan Pablo Taborda Zamora (“Yordi”), de “la Terraza”; así como Elkin Triana Bustos (“el Patrón”), de “los Triana”; entre otros.

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Juan Carlos Castro (“Pichi Belén”) tiene una condena por concierto para delinquir y otra por homicidio, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y falsedad en documento. Foto de Carlos Velásquez.

REINCIDENCIA
Uno de los temores con la excarcelación de estos personajes, es que se reactiven las disputas entre combos delincuenciales, tal cual ocurrió en Bello entre 2019 y 2020, cuando el índice de homicidios se incrementó hasta en 145%.

Los protagonistas de esa guerra ya habían cumplido penas carcelarias, y al salir, presuntamente, trataron de reclamar antiguos negocios y cobrar venganzas pendientes: Luis Rodríguez Rodriguez (“el Montañero”), de la banda “el Mesa”; Francisco Mazo Pulgarín (“Pocho”) y Albert Henao Acevedo (“Alber”), de “Pachelly”; y Édgar Pérez Hernández (“el Oso”), de “Niquía Camacol”. Hoy todos están encarcelados de nuevo, con excepción de este último, quien murió por un ataque cardiaco en la cárcel Picaleña de Ibagué (abril 6 de 2020).

Un fenómeno parecido se registra actualmente en Castilla, la comuna del noroccidente de Medellín que tuvo un aumento del 24% en los asesinatos en 2020 (comparado con 2019), según la Administración municipal.

Allá la Policía ha reportado una disputa entre “los Mondongueros” y “los Machacos”, dos estructuras aliadas anteriormente; como presunto líder de la primera está Frank Salazar (“Chichón”), y de la segunda Wilmar Mejía (“Dólar”), ambos en libertad después de pagar sendas condenas por concierto para delinquir, y quienes de nuevo aparecen en los carteles de los más buscados de la ciudad.

Según la estadística del Inpec, de los 97.728 internos del país, 22.627 son reincidentes, es decir, el 23.15%.

En el top 5 de delitos con mayor reincidencia, de acuerdo con esa institución, están el hurto, tráfico o porte de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir y tráfico o porte ilegal de armas.

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EL DEBATE
La ley colombiana señala que una de las funciones de la cárcel es resocializar a los detenidos, aunque casos como los mencionados, en los que un cabecilla regresa a la delincuencia provocando oleadas de violencia, generan inquietud en Medellín. ¿Qué estrategia debería asumir el Estado para evitar esa situación? ¿Es necesario diseñar un plan especial para ellos?

El abogado Michel Pineda, presidente de la corporación Compromiso Colombia, enfatizó en que la ley no establece ninguna diferencia entre un excarcelado convencional y los llamados “capos”: “Se asume que cuando cumplan ciertos requisitos, pueden obtener la libertad y la oportunidad de reincorporarse a la sociedad”.

Desde su perspectiva, el Estado debe asumir un cuestionamiento de fondo sobre las causas que llevan a las personas a delinquir.

“Desde el punto de vista de las políticas oficiales, valdría la pena que se revisara la actuación de algunos funcionarios, que les suben el perfil a algunos delincuentes solamente para acceder a las recompensas”, aseveró.

En lo que tiene que ver con la resocialización, Pineda comentó que el Estado debería hacer una mayor inversión en programas de formación y creación de empresas para los pospenados, de modo que puedan hallar más fácilmente un trabajo legal, “porque estas son las cosas que generan la paz”.

Una visión diferente expuso Claudia Carrasquilla, exdirectora de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada y asesora en temas de seguridad. “Lo más posible es que estos cabecillas nunca dejen de delinquir. El Estado debe diseñar un programa de seguimiento especial para estas personas, a través de los organismos de Inteligencia”.

Ampliando su idea, propuso que lo ideal es que las agencias de seguridad tengan un canal de comunicación más activo con el Inpec, que genere alertas cuando alguno de estos personajes esté por salir de la cárcel. Esto ya se aplica en algunas ciudades en las que hay un fuerte trabajo interinstitucional, como Medellín.

“Lo otro es establecer una norma que permita a las autoridades hacer un monitoreo de las finanzas, actividades comerciales y movimientos de esos cabecillas recién salidos de prisión, y de sus familias. Si bien es cierto que se debe garantizar esa libertad, ha habido muchos casos de gente que vuelve a delinquir”, precisó.

El académico Andrés Rico, docente de la facultad de Ciencias Políticas de la U.P.B., propuso una estrategia intermedia, que incluya programas sociales, pero también vigilancia gubernamental.

“El problema con los cabecillas es el factor económico, muchos de ellos siguen percibiendo rentas ilícitas durante su estancia en la cárcel, y al salir simplemente continúan el negocio”, acotó.

Agregó que “el Estado debe brindarles herramientas para ayudarles en la resocialización, porque el sistema penitenciario no tiene esa capacidad por sí solo. Esa estrategia debe tener un fuerte componente psicosocial, pero eso sí, estos programas no pueden ser voluntarios, sino de carácter obligatorio, para garantizar que sí cumplan los pasos de la reintegración. Esto debe acompañarse de un Estado vigilante, que aunque para muchos ciudadanos es algo indebido, en estos casos se requiere saber qué están haciendo los cabecillas”.

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ANEXO: UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL
El Departamento de Policía de Kansas City, en el estado de Missouri (EE.UU.), participa en un proyecto especial denominado KC NoVa (Kansas City No Violence Alliance), una alianza entre varias instituciones (gubernamentales, civiles y agencias de seguridad) para reducir la violencia en el área urbana de esa ciudad.
Entre las estrategias de KC NoVa, hay una lista de delincuentes peligrosos que están en libertad condicional o a punto de salir de la prisión. Un integrante de este programa, el cual conversó con El Colombiano, detalló que “un funcionario le hace una visita a esa persona de la lista, y nos aseguramos que tenga un plan de vida para después de la cárcel. Si no lo tiene, buscamos brindarle apoyo con las instituciones que hacen parte de la alianza”.

El Inspector.

No obstante, estas muertes coinciden con la reciente excarcelación de varios comandantes y excombatientes paramilitares, que ya cumplieron sus ocho años de pena alternativa en la cárcel.

Este es una investigación elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

En esta vivienda del barrio Moravia de Medellín fue asesinado alias “Sancocho”. Cortesía.

El primer asesinato, de acuerdo con registros de la Policía Metropolitana, ocurrió el 6 de junio en el barrio Moravia de Medellín. En un segundo piso arrendaba una pieza José de Jesús Pérez Jiménez, alias “Sancocho”, quien inició su carrera ilegal en el bloque Metro y luego pasó al bloque Calima, delinquiendo en Valle y Cauca, y participando en crímenes tan sonados como la masacre de El Naya (2001), en la cual fueron asesinados 24 indígenas caucanos.

Había salido de prisión el 22 de mayo y el último día de su vida observaba el partido final de la Liga de Campeones, cuando llegaron los asesinos. Según la comunidad, vestían uniformes de una empresa de telecomunicaciones, usaron una escalera para subir al balcón del segundo piso y a través de la ventana dispararon una ráfaga de fusil calibre 5.56.

Mataron a “Sancocho”, de 46 años, y a Wálter Pérez, de 42, quien le había arrendado la pieza y veía el partido con él.
Los agresores abordaron una moto y para cubrir su huída realizaron disparos indiscriminados. Uno de los proyectiles le quitó la vida al vecino Andrés Álvarez Hernández, de 24 años, cuando lavaba una moto en la acera de su casa.

El siguiente caso ocurrió el 17 de septiembre, en la vereda El Morro del municipio de La Estrella, dentro de una lujosa casafinca. A las 8:00 a.m. ingresó un comando sicarial, cuyos integrantes vestían prendas privativas de la Sijín y el CTI.

La investigación preliminar indica que sometieron a los inquilinos y los separaron del propietario, el ganadero Carlos Andrés Mejía Chaverra, de 39 años y apodado “Cañé”. El rehén trató de luchar contra los agresores y fue abaleado (ver la NOTA RELACIONADA: Mercenarios de alto perfil reaparecieron en La Estrella).

Era amigo del excomandante paramilitar Fredy Rendón Herrera, alias “el Alemán”, quien se desmovilizó en 2006. Fuentes del Inpec comentaron que “Cañé” visitaba con frecuencia a Rendón, durante su permanencia en la cárcel de Itagüí.

La residencia en la cual se perpetró el asesinato había sido visitada por “el Alemán” después de su excarcelación el pasado 30 de julio. Incluso, según fuentes judiciales, estuvo en el sitio la noche anterior al homicidio de Mejía, por lo que una hipótesis de los investigadores es que los agresores también lo buscaban.

En esta finca de la Estrella, llamada La Mansión, ocurrió el asesinato del ganadero. Foto de Róbinson Sáenz.

Cuerpo “rezado”
El último episodio de esta racha ocurrió dos días después, en el barrio Belén Aliadas de Medellín, donde en una vía fue abandonado un taxi con dos cadáveres sin documentación. El conductor, Javier Celis Castaño, de 61 años, fue hallado horas después en el cerro de Las Tres Cruces, con un disparo letal en la cabeza.

Uno de los N.N., que yacía envuelto en una sábana en el baúl del vehículo, fue identificado como Édison Flórez Quintero, de 23 años.

La otra víctima, que fue desmembrada y repartida en seis bolsas en la silla trasera, se llamaba Hildebrando Alonso Vásquez Mazo, tenía 45 años y le decían “Calentura”.

Los investigadores buscaron sus antecedentes, determinando que la muerte venía rondando a “Calentura” desde el 11 de septiembre. Ese día, explicaron fuentes de la Fiscalía, un sicario lo sorprendió en el sector San Pablo de Guayabal. Iba a dispararle, pero el arma se trabó.

Para fortuna de Vásquez, en una tienda había dos agentes del Gaula y persiguieron al atacante, quien resultó herido de bala en la captura. “Calentura” les dijo que no era la primera vez que atentaban contra su vida, pero que siempre fallaban porque tenía “el cuerpo cerrado” con un hechizo.

Las Direcciones de DD.HH. y Justicia Transicional de la Fiscalía tienen documentado que Vásquez fue paramilitar y delinquió en el municipio de Yarumal, en una facción llamada “los Doce Apóstoles”.

Ese grupo actuó entre 1993 y 1996, perpetrando homicidios de guerrilleros y acciones de “limpieza social”. En dicha estructura, “Calentura” fue un presunto sicario.

Tras la disolución del grupo, militó en otra facción denominada “el Grupo de Pérez” (1996 hasta abril de 1998), liderada por Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”. Lo detuvieron en 1999, estuvo en prisión y fue dejado en libertad. Incluso habría participado como testigo en el esclarecimiento de 40 homicidios en el Nordeste de Antioquia.

Aunque Vásquez no se desmovilizó, Pérez Alzate reconoció en una versión libre que fue miembro de su organización en el rango de patrullero.

Al igual que “el Alemán”, “Julián Bolívar” salió de la cárcel este año, tras cumplir la pena alternativa en mayo.

Sin reporte de amenazas
Ninguno de los tres homicidios reseñados (que contando las víctimas circunstanciales suman siete) ha sido esclarecido, no hay detenidos ni órdenes de captura expedidas, por lo que no es claro si son aislados o si hay algún mensaje de intimidación para los paramilitares que están saliendo de la cárcel.

El 17 de septiembre, día en el cual mataron a “Cañé”, se realizó en el Museo Casa de la Memoria de Medellín el foro “Ley de Justicia y Paz: de Ralito a La Habana”, en el cual participó “el Alemán”. Ante un público de víctimas y organizaciones de DD.HH., pidió apoyo de la sociedad para los más de 3.000 postulados a la ley de Justicia y Paz que saldrán libres próximamente. “La sociedad no puede pretender que todos terminemos muertos, necesitamos que nos abran sus brazos”, afirmó.

En el mismo pánel estuvo el abogado de “Julián Bolívar”, Jorge Ruiz, quien hizo énfasis en que la mayoría de los reinsertados “sienten un trémulo pavor por la inseguridad física y jurídica”.

El secretario de Seguridad de Medellín, coronel (r) Sergio Vargas, dijo que la Administración no ha recibido ninguna alerta de amenazas por parte de la población desmovilizada.

“Esos hechos deben generar una alerta para los investigadores de la Fiscalía y Policía, para que analicen el contexto en el cual están ocurriendo. Nosotros desde la Alcaldía acompañamos esos procesos, aportando recursos para que las investigaciones salgan adelante”, relató el funcionario.

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ANEXO: EXCARCELACIONES DE LOS PARAMILITARES

En los próximos meses se espera la salida de por los menos 3.000 desmovilizados de las Auc que cumplieron más de 8 años tras las rejas. El vicefiscal General, Jorge Perdomo, anunció que no habrá excarcelaciones masivas, sino que cada caso se revisará individualmente. Hasta ahora, las excarcelaciones más representativas han sido las de “el Alemán” (bloque Élmer Cárdenas), “Julián Bolívar” (Central Bolívar), “Juancho Dique” y “Diego Vecino” (Montes de María), Giovany Marín (Cacique Nutibara) y el difunto “Sancocho” (Calima).

El Inspector.