Así lo expresó la Fiscalía en su informe oficial del caso, tras la detención del jurista en su despacho, en la mañana del pasado 10 de diciembre. En la misma acción, la Policía arrestó a su cónyuge Milena Martínez Muñoz. Esta es la reseña elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El juez Luis Armando Vásquez García fue capturado en su propio despacho, en los juzgados de Bello. Foto cortesía de la Policía.

En la posterior audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó cargos por prevaricato por acción, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.

Entre los hechos investigados está la supuesta manipulación del reparto de los expedientes, para que ciertos procesos le fueran asignados a su despacho, entre los años 2011 y 2018 . Una vez en su poder, se presume que el sospechoso profería sentencias contrarias a las pruebas.

“El servidor público habría tomado decisiones contrarias a derecho para favorecer a varios procesados por conductas delictivas como secuestro agravado, abuso sexual de menores y hurto calificado y agravado. Varios de los beneficiados con los fallos cuestionados eran integrantes de una organización criminal conocida como ‘Pachelly’, explica el informe.

De acuerdo con la evidencia recolectada hasta ahora, para proferir esos fallos la tarifa del soborno era de $5 a $8 millones de pesos.

Sobre su cónyuge, la Fiscalía advirtió que “sería la encargada de contactar a la familia de los investigados y de recibir el dinero después de los fallos irregulares”.

El ente acusador añadió que  “las investigaciones comprometerían también a otros servidores judiciales, abogados y particulares señalados de pagar para torcer las decisiones”.

El juez Vásquez y su compañera sentimental se declararon inocentes. Él mismo sustento en el estrado la apelación, que será resuelta por otro juez en los próximos días.

La cónyuge del juez, Milena Martínez Muñoz, también fue enviada a la cárcel. Foto cortesía de la Policía.

CASOS POLÉMICOS

Uno de los fallos polémicos del juez Vásquez García fue la absolución en primera instancia del reguetonero Carlos Alberto Pizarro, más conocido como Alberto Stylee, en octubre de 2012, por un caso de tentativa de homicidio.

El cantante había sido capturado, por ser el supuesto autor del atentado a bala contra el ciudadano Edwin Alfredo Henao Moná, perpetrado el 26 de febrero de ese mismo año. El ataque ocurrió cuando el artista participaba en la celebración del cumpleaños de un supuesto cabecilla delincuencial, en una finca de Copacabana, Antioquia; la víctima estuvo convaleciente dos años y finalmente murió en 2014.

Cuando el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bello le otorgó la libertad, Stylee salió del país. Sin embargo, el 1 de marzo de 2016 el Tribunal Superior de Medellín revocó el fallo y lo condenó a 12 años de cárcel por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.

La defensa del cantante interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que Style continúa prófugo en el exterior.

El despacho de Vásquez García también tiene a su cargo el sonado caso del Cartel del Silbato, una red de corrupción en la Secretaría de Movilidad de Bello. En octubre de 2018, 20 agentes de tránsito y exfuncionarios de la Secretaría fueron arrestados, tras resultar implicados en una trama de sobornos para alterar multas.

Ha pasado más de un año desde entonces y el caso todavía está en etapa de audiencias preliminares, ni siquiera ha comenzado el juicio oral.

Por lo pronto, las autoridades no han especificado si estos expedientes están relacionados con las sindicaciones actuales en contra del jurista y su cónyuge. Las órdenes de captura salieron de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín.

NOTA RELACIONADA: Golpes a cuatro bandas incluyen la cárcel para seis policías.

El Inspector.

La plata también es al parecer el motivante principal de una matanza en Medellín, donde un hombre armado provocó un altercado con un prestamista y su familia. Dos historias ocurridas el mismo día, donde las ansias por el vil metal superaron al valor de la vida.

En este automóvil fueron atacados el juez y su hijo. Foto de Rodrigo Martínez.

El primer caso se presentó al mediodía de este jueves 19 de julio, en el sector San Pablo de Guayabal. De acuerdo con la investigación policial, un joven indocumentado, conocido como Anderson, llegó a la casa del prestamista Juan Carlos Múnera Múnera, de 38 años.

El objetivo inicial de su visita era reclamar una motocicleta Yamaha de alto cilindraje que había dejado como prenda de garantía de un préstamo. Las pesquisas iniciales apuntan a que también tenía otras intenciones, pues llevaba una pistola calibre 7.65 con silenciador.

Se presume que en el reclamo del vehículo hubo una violenta discusión y el visitante les disparó a la mamá y al padrastro del prestamista. Rosalba Múnera Gómez, de 66 años, y José Leonel Quiroz Montoya, de 74, fallecieron en el acto, pese a que este último alcanzó a herir al agresor con un cuchillo.

Así concluyó la inspección judicial en el sector San Pablo. El agresor alcanzó a ser llevado a un hospital, donde murió. Foto de Esteban Vanegas.

La siguiente víctima fue Juan Carlos Múnera Múnera, quien cayó cerca de sus familiares. Mientras esto ocurría, su novia llegó de la calle y a través de una ventana lo vio sangrando en el suelo. Corrió para alertar a los vecinos y a la Policía, y cuando estos intentaron derribar la puerta, se escuchó un último disparo. La hipótesis del hecho es que Anderson se quitó la vida, pues junto a él hallaron la citada pistola y un revólver no detonado.

En la diligencia de inspección judicial a la casa, los forenses encontraron 65 millones de pesos en efectivo, al parecer del prestamista.

FLETEROS YA LO SABÍAN

Cuatro horas más tarde, Jorge Alberto Restrepo González, juez primero penal municipal de Envigado, salía de una entidad bancaria del barrio San Diego. Lo acompañaba su hijo Juan David Restrepo Pinto, abogado de 28 años y quien conducía el automóvil Chevrolet Aveo en el cual se desplazaban.

El juez Jorge Restrepo.

La versión preliminar de las autoridades es que había retirado 32 millones de pesos, información que al parecer conocían de antemano los bandidos motorizados, que interceptaron el carro y llegaron de una vez pidiendo la plata.

El difunto era abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana y este año se jubilaba, comentaron sus allegados.

El Inspector.

Ese, sin embargo, no es el caso de alias ‘Douglas’, un presunto cabecilla de la organización ‘La Oficina’, quien lleva más de tres años en el juzgamiento y todavía no se resuelve su situación jurídica.

Alias 'Douglas', capturado el 15 de abril de 2009, está en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Y todo indica que tardará otros meses más, porque la justicia de nuevo le metió el freno y echó reversa, en una audiencia de la semana pasada (14 de mayo).

Ese día, los asistentes al recinto en el Palacio de Justicia de Medellín esperaban que el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado definiera el número de años de condena que agobiarían a José Leonardo Muñoz Martínez.

Esto porque el anterior 23 de febrero, ese despacho había anunciado que el sentido del fallo sería condenatorio, por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo; y absolutorio, para los delitos de desaparición forzada, extorsión y dos homicidios.

La sorpresa fue que apareció una nueva jueza en el Juzgado Quinto, que reversó la decisión de su predecesor. La jurista indicó que observó fallas en los procedimientos de la Fiscalía desde el principio, pues en la etapa de imputación, le imputó unos delitos al detenido, en la acusación lo acusó por otros, y después del juicio, en los alegatos finales, pidió que lo condenaran por unos diferentes.

Similar situación habría ocurrido con las otras tres personas vinculadas a ese caso: Óscar Fernando Salazar Gutiérrez (alias ‘El Compa’), Sergio Alejandro Salazar Muñoz y Estefanía Cardona Rendón.

La decisión de la juez fue anular la actuación de la Fiscalía desde los alegatos conclusivos, es decir, después del juicio; en consecuencia, se quedó sin piso el sentido del fallo, instancia que tendrá que repetirse. Esta proclama fue apelada.

Aprovechando la conyuntura, la defensa de ‘Douglas’ pidió que se anulara de una vez todo el juicio, por considerar que había una violación al debido proceso. Esta petición la rechazó la juez y el abogado apeló.

Lo que sigue es que el Tribunal Superior de Medellín resuelva las dos apelaciones, para ver si valida o no la anulación de la actuación de la Fiscalía, y si acepta o no la petición de anular el juicio. Una vez tomadas las decisiones, se retomará el curso de las audiencias. Por ahora, los cuatro procesados continuarán en sus respectivas cárceles.

En el aire quedó la razón por la cual hubo cambio de juez, algo que resultó determinante en este asunto judicial. La judicatura no lo explicó oficialmente, por lo que en los corredores del Palacio se manejan tres versiones : que el anterior togado se enfermó, que se jubiló y orondo se fue o que lo relevaron del cargo porque su periodo había terminado y llegó alguien nuevo por concurso de méritos.

Sobre el tema de ‘Douglas’, hay que aclarar una falsa noticia que circuló en un medio de comunicación de la Capital. El pasado 9 de mayo mataron a tiros en el municipio de Itagüí a la abogada Leyda Acosta Enciso, quien ejercía en el departamento del Meta y al parecer la citaron aquí para eliminarla.

Posteriormente se publicó que era abogada del citado cabecilla, cuestión que desmintieron los propios defensores de Muñoz Martínez. “Ni siquiera la conocíamos”, dijeron Fermín Amado Saavedra y Luz Esperanza Medina, quienes han representado a este personaje desde el principio.

La investigación, sin embargo, va por buen camino, pues al parecer la occisa portaba una carta al momento del homicidio, la cual está en poder de la Fiscalía y sería la clave para esclarecer quién ordenó su muerte.

Mientras se resuelve el enredo de su proceso, Muñoz Martínez sigue afirmando que es inocente, que él no es “ese tal ‘Douglas’ de ‘La Oficina’ que la Policía menciona”.

Para retomar esta historia desde los antecedentes, les recomiendo la NOTA RELACIONADA: Una condena será el futuro de ‘Douglas’.

El Inspector.

Así lo anunció hoy el juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín, durante la audiencia de sentido del fallo en el Palacio de Justicia.

Así fueron presentados en Bogotá 'Douglas' (izquierda) y 'El Compa', después de su captura en Medellín.

‘Douglas’, apodado también ‘El Mono’ o ‘La Tía’, observó la diligencia a las 2:45 p.m. a través del sistema de videoconferencia desde un salón de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.

El proceso judicial en su contra ha durado 2 años y 10 meses y parece que no terminará a su favor, pese a que en la misma providencia lo absolverán por cuatro delitos por los cuales lo investigaban.

El primero de ellos es la desaparición forzada de Adrián Arboleda Rendón, ocurrida el 4 de febrero de 2008 en el municipio de Bello. Este funcionario, patrullero adscrito a la Sijín de la Policía Metropolitana, era familiar de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, un peligroso oponente de ‘La Oficina’ (ver la NOTA RELACIONADA: El ocaso del narco más buscado del país).

El segundo es un episodio de extorsión en una finca del corregimiento San José del Nus, en el municipio antioqueño de San Roque.

El tercer y el cuarto hecho por los cuales lo declarán inocente son los homicidios de Juan Guillermo Álvarez Ramírez y Elkin Vladimir Rivera González, acaecidos en 2008 en casos diferentes.

La futura sentencia por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo partiría de una pena mínima de 26 años y seis meses, según el Código Penal, y el monto se definirá en la audiencia de lectura del fallo, para la cual no hay una fecha definida aún (podría tardar otro mes).

El secuestro en mención sucedió el 28 de enero de 2008 en la ciudad de Barranquilla. La ofendida fue Marcela Socarraz, de acuerdo con el proceso, quien trabajaba en una empresa comercializadora.

‘La Oficina’ al parecer camufló un cargamento de droga en un envío de dicha corporación, el cual fue incautado por las autoridades. Por tal motivo, la banda la responsabilizó, fue raptada y retenida en Medellín durante 33 días, hasta que pagó cerca de 480 millones de pesos por su libertad (luego tuvo el coraje para denunciar).

Junto a Muñoz Martínez será sentenciado su lugarteniente Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, llamado ‘El Compa’, por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y tráfico de estupefacientes.

Otros dos colaboradores de ‘Douglas’ también pagarán sentencia por su complicidad en el tráfico de estupefacientes (cocaína) y porte ilegal de armas: Sergio Alejandro Salazar y Estefanía Cardona Rendón.

NOTA RELACIONADA: Sacaron a los cabecillas de su zona de influencia.

El Inspector.

Es que a sus 66 años, Jorge León Montoya Negrete parecía un empresario sin mayores problemas ni amenazas, salvo por los líos judiciales de un hijo.

Hoy se realizó el sepelio de Jorge León Montoya Negrete en el cementerio Campos de Paz, acompañada por una multitudinaria caravana de taxistas. Cortesía.

El crimen fue perpetrado a las 6:40 p.m. de ayer, en el centro de la capital antioqueña. El empresario acababa de salir de su cooperativa en compañía de su hija Eliana Montoya, abogada y asesora jurídica de la entidad. Ambos iban a bordo de un campero Montero Mitsubishi.

Les hicieron seguimiento y en un semáforo un sicario, usando una pistola con silenciador, les disparó. El gerente murió en Policlínica, con lesiones en el rostro y el costado izquierdo del tórax. Su hija, con ocho meses de embarazo, quedó herida en el brazo derecho.

Jorge León Montoya Negrete llevaba 28 años de su vida al frente de Coopebombas, que en la actualidad tiene 5.800 taxis afiliados. Según su hijo Diego, los últimos seis años los pasó en medio de pleitos jurídicos para que le repitieran el juicio a otro descendiente condenado.

Se trata de Jorge Andrés Montoya Moreno, sentenciado a 26 años de prisión por tentativa de homicidio agravada, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. La condena fue en calidad de reo ausente, ya que este cantante, cuyo nombre artístico en Jorge Negrete de Colombia, está viviendo en otro país.

El hecho que le endilgan sucedió el 6 de enero de 2006, cuando entregaba un dinero a una persona y esta fue abaleada y robada. El 31 de julio de 2007, el Juez Octavo Penal del Circuito de Medellín lo sentenció a la pena citada.

Este hecho ha despertado inquietudes, pues dicho juez, Diego Fernando Escobar, fue asesinado en el 2010. Aunque este crimen no se ha esclarecido totalmente, los investigadores apuntan a que lo mataron por cuestiones ligadas a su trabajo, por lo cual se sospecha de todos los procesos en los cuales tomó decisiones.

En todo caso, los familiares y empleados dijeron desconocer de amenazas en contra del empresario, quien jamás utilizó escolta, pues no se sentía en peligro. Pensaba que su hijo no fue juzgado de manera correcta, y en varias oportunidades recibió visitas de supuestos investigadores de la Policía, que a la familia le parecían raras y las interpretaban como presiones relacionadas con ese proceso.

NOTA RELACIONADA: Que lo condenen, pero que se sepa toda la verdad.

El Inspector.

Es que desde el pasado 26 de agosto, cuando se hizo público que ese cabecilla de la organización criminal ‘La Oficina’ recibiría el beneficio de la detención domiciliaria, el caso ha estado hasta en boca del Presidente de la República. ¿Qué hay detrás del alboroto? ¿Y por qué varios procesos contra integrantes de esa organización se han complicado por problemas de salud?

'El Cebollero' ha pasado por las cárceles de máxima seguridad de Palmira e Itagüí. Cortesía del Inpec.

La decisión de revocar el encarcelamiento de Alirio de Jesús Rendón Hurtado fue tomada por el juez Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín. Se basó en tres dictámenes médicos, según los cuales el estado de salud del interno (enfermedad coronaria) es incompatible con la detención intracarcelaria. El jurista lo envió entonces a su casa, con custodia del Inpec, en un edificio de El Poblado.

A ‘El Cebollero’ le faltan por cumplir nueve meses de su condena de cuatro años y dos meses por concierto para delinquir, en calidad de financista de la banda ‘La Unión’, un tentáculo de ‘La Oficina’ en el sur del Valle de Aburrá. Además está bajo investigación por el presunto delito de lavado de activos.

La decisión del juez enojó al presidente Juan Manuel Santos, quien preguntó: “Si está tan enfermo, ¿por qué no lo mandan al hospital, en vez de a su casa?”. El custionamiento (por mucho que se diga que el poder ejecutivo no debe entrometerse con la rama judicial), derivó en una sanción de tres meses para el juez, de parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura en Antioquia, mientras se investiga si cometió errores en su sentencia.

Ahí creció el escándalo. El sindicato (Asonal Judicial) rechazó la presión ejercida por el primer mandatario, y una comisión de Medicina Legal, enviada desde Bogotá, fue al apartamento de Rendón para examinarlo. El resultado del análisis fue que ‘El Cebollero’ sí puede estar en la cárcel de máxima seguridad de Palmira, donde hay los recursos necesarios para atender su padecimiento.

Se nombró un nuevo juez para el caso, pero la Sijín allanó su oficina y registró los computadores. El jurista presentó la renuncia al cargo, alegando falta de garantías, pero ayer se la negaron. Mientras tanto, el personaje sigue en su residencia y está pendiente de lo que decida el designado.

En eso va esta historia llena de tropiezos. Para conocerla desde el principio, puedes leer la NOTA RELACIONADA: Cuatro añitos para un cabecilla de ‘La Oficina’.

Lo inusual es que ‘El Cebollero’ no es el único cabecilla de ‘La Oficina’ enfermo. José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, asegura que sufre de diabetes; Daniel Alejandro Serna’, ‘Kener’, padece una deficiencia renal, derivada de una herida por arma de fuego hace años; y Fabio Édison Gómez Ruiz, ‘Riñón’, pasó una pequeña temporada en la clínica Las Américas durante su encarcelamiento en la cárcel de Itagüí.

El caso de ‘Douglas’ avanza con mucha lentitud. Fue capturado el 15 de abril de 2009 y todavía no hay una sentencia. Según fuentes cercanas al caso, la defensa sigue buscando que le otorguen la detención domiciliaria, amparando el derecho a la salud de Muñoz. Este desmovilizado de las Autodefensas, también conocido como ‘El Mono’ o ‘La Tía’, enfrenta cargos por concierto para delinquir, secuestro, tráfico de armas y homicidio.

De ootro lado, la ONG Astenfar está tramitando, desde el año pasado, una petición ante el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tratando de que a ‘Kener’ le den también la comúnmente llamada casa por cárcel, alegando su problema de salud. Por ahora no se la han concedido, pero esta ONG estuvo también asesorando a ‘El Cebollero’, y él ya está viendo televisión desde su sofá.

Es cierto que cualquier ciudadano, delincuente o no, tiene derecho a la salud en Colombia. No obstante, cuesta creer que una organización mafiosa tan poderosa como ‘La Oficina’, estuviera dirigida por puros enfermos.

NOTA RELACIONADA: Sacaron a los cabecillas de su zona de influencia.

El Inspector.

El crimen es el tercer homicidio contra una mujer en un lapso de tres días, una racha poco usual en la ciudad.

Este fue el instante en el que sacaron a la víctima de su casa, en el barrio Moravia. Foto de Carlos Taborda.

El cadáver de la guía espiritual fue descubierto a las 3:00 p.m., en su residencia del barrio Moravia. En principio, se desconoce quién le dio dos balazos en la cabeza.

La víctima se llamaba Beatriz Lucía Arias Madrid, tenía 43 años y la comunidad la consultaba a menudo en menesteres relacionados con la lectura del tarot y demás artes adivinatorias, según la información preliminar.

Ayer , también a las 3:00 p.m., fue asesinada otra mujer, esta vez en el barrio Popular Uno. A María Irene Acevedo, de 56 años, la tirotearon dentro de su casa unos presuntos miembros de la banda criminal ‘La Silla’, de acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana.

Pero el caso más horrendo sucedió antier, a las 6:30 a.m., en una calle del corregimiento San Antonio de Prado. Al parecer endemoniado por los celos, un sujeto agredió con una cuchilla de afeitar y un martillo a su ex pareja.

Catalina María Mejía Ortiz, de 29 años, falleció por el brutal ataque, y la vecindad trató de linchar horas después al sospechoso.

El tipejo fue detenido por la Policía y llevado ante la Fiscalía. Por su propia voluntad, y quizá también temiendo la ira de la gente, se presentó ante el juez de control de garantías.

Catalina Mejía era una líder popular en el corregimiento.

El fiscal le imputó el homicidio, pero el sujeto no aceptó el cargo. El juez le dictó la medida de aseguramiento provisional en la cárcel Bellavista.

LOS FEMINICIDIOS

Hace un mes, estuve presente en una movilización simbólica realizada por señoras en la plazoleta La Alpujarra, en pleno centro de la ciudad.

Las damas protestaban porque la justicia no le daba un trato especial a los homicidios de mujeres. Decían que eran víctimas por su condición de género (feminicidio) y que matar a una de ellas era más grave que hacerlo con un hombre.

En lo personal, no creo que todo asesinato de una muchacha sea un feminicidio, es decir, por su condición de mujer. No en todos los casos los victimarios son hombres celosos, machistas armados o misógenos.

Hay eventos en los que la femenina es agredida porque desempeña alguna actividad ilegal, por una ‘simple’ bala perdida o ser la acompañante de algún tipo peligroso. Y con estos ejemplos, aclaro, no busco minimizar sus muertes ni categorizarlas.

Al contrario, concuerdo con las feministas en un aspecto: el homicidio de una mujer sí tiene un impacto diferente en la sociedad. Será porque los de los hombres son demasiado comunes, quizá porque ellas en general están más indefensas, o porque siendo ellas la fuente de la vida se corta el futuro nacimiento de más seres humanos.

Todo asesino es vil, pero parece ser más cruel cuando su víctima es una mujer. ¿Qué opinan ustedes?

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El Inspector.

Se trata de Carlos Arturo Hernández Ossa, alias ‘Duncan’ o ‘Jerónimo’, desmovilizado del bloque Héroes de Granada de las Autodefensas.

Así fue presentado 'Duncan' por la Policía, en 2008. Dijeron que era muy peligroso, pero el juez lo mandó para la casa.

Este sujeto había sido capturado por la Dijín el 7 de noviembre de 2008, cuando viajaba en una camioneta junto a un militar activo, en el sector La Consolata del barrio Laureles (centro occidente de Medellín). Le encontraron una pistola y documentos falsos, y lo trasladaron a la Capital.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) informó hoy que el pasado 30 de abril, un juez de Bogotá lo benefició con la medida de detención domiciliaria, “apelando el derecho que recae sobre los padres cabeza de familia”.

‘Duncan’ fue un hombre de confianza del máximo líder de ‘La Oficina’ en su momento: Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien hoy paga una condena de 31 años y tres meses de cárcel en Estados Unidos.

Después de destacarse en el ala militar de las Autodefensas, y luego de la desmovilización, Hernández pasó a integrar ‘La Oficina’. Su poder criminal lo ejercía sobre todo en el Oriente y el Nordeste antioqueño, con una base en el municipio de San Roque. Esta zona la heredó tras la muerte de Daniel Mejía, apodado ‘Danielito’.

Alias 'Kener', tras su recaptura.

Sin embargo, las autoridades solo lograron judicializarlo por tráfico y porte ilegal de armas y falsedad en documento. La justicia lo condenó a tres años de prisión por esos delitos.

El Inpec se dio cuenta de su evasión en una visita de control rutinario a su residencia del sur bogotano, en la tarde de ayer.

Lo horrible es que esta es la segunda vez que sucede lo mismo en lo que va de 2010, con un cabecilla de ‘La Oficina’.

El pasado 8 de marzo también se fugó de su residencia Daniel Alejandro Serna, alias ‘Kener’ o ‘El Cabo’. La justicia lo había beneficiado con la detención domiciliaria en Medellín (debido a un trastorno de salud), y el Inpec lo “vigilaba” con un brazalete electrónico.

El tipo era considerado un jefe de sicarios de la organización criminal y el líder de ‘Los Paisas’, una banda que hasta 2008 fue el brazo armado de ‘La Oficina’ por fuera del Área Metropolitana.

Su recaptura se produjo 38 horas después, en una finca del municipio antioqueño Angelópolis.

El punto es que estos procesados, supuestos integrantes de un estructura que ha derramado ríos de sangre en nuestro país, han tenido un trato judicial muy favorable a sus intereses. Los envían a sus casas, como si fueran simples ladrones de panes, facilitándoles la fuga. Y ellos, ni cortos ni perezosos, aprovecharon esa ganga.

Sobre este tema, conversé con un investigador de la Dijín. Él, con un tono de desesperanza, dijo: “nosotros nos hacemos matar para capturarlos, y más nos demoramos en entregárselos a la justicia que ellos volver a la calle”.

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El Inspector.

Por aceptar los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas en la audiencia de control de garantías, Duván Herley Rodríguez Holguín podrá recibir una rebaja de la mitad de la condena.

Este es el homicida Duván Rodríguez, quien trató de ocultar su rostro durante la audiencia.

El asesinato ocurrió a las 7:40 a.m. del pasado jueves en el barrio Santa Mónica, al centrooccidente de Medellín. El juez Escobar salía de su casa en compañía de su hermana, y cuando ella abordó un taxi, apareció el homicida y le propinó un tiro en el rostro al jurista.

Rodríguez se montó a un bus de servicio público para escapar, pero la información de la ciudadanía guió a los policías hasta el vehículo, el cual fue detenido en el barrio La América.

El matón se había puesto otra camisa y ocultado el arma hechiza calibre 7.65 bajo una silla, pero la descripción del sujeto que hizo la vecindad no dejaba lugar a dudas. Los policías requisaron uno a uno a los pasajeros y después hallaron la pistola, pese a esto el sospechoso tuvo el descaro de decirle a un uniformado: “agente, usted no me ha cogido ningún arma encima“, según los testimonios aportados por la Fiscalía.

El juez asesinado Diego Fernando Escobar, de 45 años.

La Policía Judicial allanó la casa de Rodríguez en el barrio Aranjuez Palermo de Medellín, y en su habitación encontraron dos pruebas que hicieron estremecer a los jueces y colegas del finado, presentes en la audiencia del viernes en el Palacio de Justicia.

Junto al televisor había un papel manuscrito con el nombre Diego Escobar, la dirección de su casa y despacho, la hora en la cual salía de la casa (7:30 a 8:30 a.m., y el crimen fue a las 7:40) y las características del carro.

También descubrieron una foto de la víctima, la cua l le habían tomado mientras ejercía su función, pues el juez octavo penal del circuito aparecía con la toga y hablando por el micrófono de la sala de audiencias.

Cuando Duván Rodríguez aceptó la culpa, pidió además “perdón a Dios y a la familia”. El juez 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Para la Fiscalía es claro que el imputado actuó “por una remuneración” y amangualado con otras personas. Es importante que haya reconocido su responsabilidad (aunque ya el daño está hecho), pero es fundamental que se sepa toda la verdad de los hechos.

El 23 de abril de este año, el gremio judicial marchó en La Alpujarra para condenar este crimen.

Las autoridades deben establecer quién ordenó la muerte del funcionario público y por qué motivo. Para eso hay un estímulo de 350 millones de pesos como recompensa, para quien ayude a esclarecer la situación.

El actual sistema penal acusatorio, que rige en la jurisprudencia colombiana, no obliga a los procesados a que suministren toda la información. Muchos casos han quedado en una impunidad parcial, porque solo cae tras las rejas el autor material, mientras que los orquestadores del crimen siguen campantes en la calles.

Eso no debe ocurrir ni en este hecho ni en otros (como las famosas chuzadas del DAS, por mencionar alguno). Que haya condena, sí, pero también verdad.

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El Inspector.