El crimen ocurrió en el mismo lapso de tiempo en el que otros cuatro uniformados fueron acribillados en otras localidades del país. ¿Habrá conexión entre los hechos?

En primer plano, el patrullero Wilder Romo Durango, asesinado en Medellín. Las muertes ocurrieron entre el 5 y el 7 de mayo en distintos municipios de Colombia. Foto: cortesia.

El caso en cuestión ocurrió el 6 de mayo de 2021, a las 7:30 p.m., en la vereda Media Luna, del corregimiento Santa Elena de Medellín. El reporte de las autoridades señaló que cinco hombres que portaban armas cortas y largas llegaron hasta la urbanización EcoAldea, y tocaron la puerta en la vivienda del patrullero Wilder Alexánder Romo Durango.

El policía de 35 años estaba en compañía de su esposa e hijos de ocho y 14. Apenas abrió la puerta, recibió múltiples disparos por parte de los delincuentes.

Los tiros alertaron a un vecino, Mauricio Valencia Sánchez, de 44 años, quien salió de una casa contigua para ver qué sucedía. Los criminales lo vieron y también le dispararon, quitándole la vida. Después se introdujeron en el bosque, y a pesar de la persecución de la Policía, lograron huir.

El patrullero Wilder Romo trabajaba en la estación de Policía de Buenos Aires, en el oriente de Medellín, y estaba adscrito al CAI del barrio La Milagrosa. Llevaba 15 años en la Institución.

Mauricio Valencia era un ecologista, coordinador de comunicaciones de la corporación Nuestra Tierra, que desarrolla proyectos medioambientales. Hablaba tres idiomas y contaba con un diplomado en Negocios Internacionales de la Northeastern University en Boston (Estados Unidos).

¿Por qué los mataron? ¿Quién ordenó ese ataque? Son las dudas que rondan a los investigadores. El general Pablo Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ofreció hasta $100 millones de recompensa para quienes ayuden a esclarecer el caso.

“No vamos a descansar un solo minuto hasta lograr la ubicación y captura de estos delincuentes”, sentenció.

El doble homicidio sucedió en tiempos en los que se desarrollan múltiples protestas sociales en Colombia, en contra de las políticas gubernamentales. Sin embargo, las autoridades descartaron inicialmente que tuviera alguna relación con esa coyuntura.

Lo que despierta el interés de los detectives es que en la misma semana en la que mataron a Romo en Medellín, en un lapso de apenas tres días, asesinaron a cuatro policías más en otros municipios.

En la noche del 5 de mayo, en el corregimiento Jardín de Tamaná, en el municipio antioqueño de Cáceres, dos policías de vigilancia fueron atacados a bala por desconocidos. Los uniformados respondieron al fuego y se refugiaron en la subestación policial, pero un proyectil le quitó la vida al patrullero José Armando Contreras Suárez, de 22 años.

En el hecho resultó herida una mujer que caminaba cerca de la sede de la Institución.

El 7 de mayo a las 5:00 p.m., sicarios en moto acribillaron al patrullero Gabriel Eduardo Lengua Serpa, de 36 años, en el corregimiento Albania, del municipio de Betulia (Sucre). Trabajaba como secretario en la estación policial de Sincé, cuyo comandante le encomendó la misión de reunirse con un informante y recibirle unos datos.

Lengua, que iba de civil, recogió al soplón en un carro y cuando iban por la vía principal al corregimiento, fueron interceptados, bajados del vehículo y ejecutados a un costado del camino. La identidad del civil muerto no fue revelada por la Policía, aunque en principio genera sospecha que le hallan asignado una tarea de ese tipo a un policía que ni era de la Sijín ni trabaja en la Seccional de Inteligencia (Sipol), y que se dedicaba a labores administrativas.

Ese mismo día, a las 7:30 p.m., el capitán Carlos Venegas y los patrulleros Edward Torres Caicedo y Deybi Mora Araque, adscritos a la Sipol, estaban con atuendo de civil en una tienda, cerca del parque principal del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

Prestaban servicio vigilando una velatón, que varios manifestantes realizaban en el parque de manera pacífica, cuando un grupo de hombres llegó disparándoles. Torres y Mora, de 28 y 32 años, respectivamente, murieron en el acto. El oficial se enfrentó a tiros con los agresores, y sobrevivió herido.

Por el momento no hay personas capturas por esta inusual racha, que dejó en total cinco policías y dos civiles muertos, así como un uniformado y una civil heridos.

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El Inspector.

El pasado 4 de diciembre se ejecutó la Operación San Bernardo, por parte de la Dijín, la Sipol y la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado. La acción pretendía desmantelar la alianza ilegal entre varios uniformados de dicha unidad policial, localizada en el suroccidente de Medellín, y las bandas de traficantes de drogas de las comunas 15 y 16 (Guayabal y Belén).

Este es el seguimiento del caso elaborado por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Ninguno de los policías e integrantes de bandas capturados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. Foto de cortesía.

En ese momento, mediante allanamientos en Bogotá y en la capital antioqueña, fueron capturados 23 policías y 12 civiles, estos últimos presuntos integrantes de “San Bernardo”, “Alexpin”, “la Cueva”, “la 24”, “el Coco” y otros combos del sector Barrio Antioquia, uno de los principales centros de acopio y distribución de alucinógenos del área metropolitana. En los procedimientos también incautaron 48 kilos de marihuana, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, 100 gomitas mezcladas con droga y una pistola traumática.

Para el desarrollo de la investigación, fueron claves las pruebas aportadas por dos agentes infiltrados, que desde enero del presente año documentaron la forma en que los servidores públicos recibían sobornos, vendían información clasificada sobre operativos y estaban en la nómina de las bandas, a cambio de omitir sus deberes y facilitar el tráfico de estupefacientes.

Las coimas variaban entre los $3’000.000 y los $30’000.000, y en algunos casos esta nómina era reunida por varios grupos distintos, a modo de recolecta. En el transcurso de las audiencias, que tardaron más de tres semanas, la Fiscalía expuso 40 actos de posible corrupción.

En dos de esos hechos, los uniformados entraron a viviendas que funcionaban como plazas de vicio, y extorsionaron a los dueños para no judicializarlos, devolverles la droga y las armas halladas. Así, en uno de los casos los traficantes les pagaron $45 millones y en otro $40 millones.

En otra de las situaciones detectadas, los policías incautaban la droga de las bandas y posteriormente ellos mismos la vendían, según el ente acusador.

Tras escuchar la evidencia y la postura de los abogados defensores, el Juzgado dictó este domingo 27 de diciembre la medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Itagüí en contra de 16 de los funcionarios sospechosos: el intendente Luis Carlos Castilla Garavito y el subintendente Jhony Alberto Arismendy Arismendy; y los patrulleros Leonardo Rafael Olivo Payares, Darwin Palomeque Sepúlveda, Freyman Viveros Bolaños, Lucio Tomás Viveros Meneses, Yéferson Andrés Bolívar Ortiz, Albert Antonio Bolaño Cobo, Luis Carlos Hernández Villamizar, Jhon Hervey Mesa Muñoz, Samir José García Portacio, Juan David Gil Bustamante, Luis Alberto Trilleras Novoa, Tito Alberto López Builes, Edwin Livingston Chávez y Jhon Gustavo Trujillo Sánchez.

A otros seis uniformados les concedió el beneficio de detención domiciliaria: el intendente John Alexánder Mayorquín Sarmiento y los patrulleros Julián Stiven Marín Marulanda, Carlos Alberto Junior Giraldo, Camilo Girón Martínez, John Dairo Graciano Velásquez y Nelson Enrique Galvis Vargas. Otro patrullero, quien había sido sorprendido en flagrancia, fue dejado en libertad.

Los expolicías tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio y, en algunos de los casos, cohecho por dar y ofrecer, prevaricato por omisión y tráfico de estupefacientes. En las audiencias de control de garantías todos se declararon inocentes.

En cuanto a los civiles detenidos, a tres les dieron libertad y nueve fueron enviados a la cárcel Bellavista: Wbeimar Londoño Escalante (alias “Cortico”), Jhon Jairo Zea (“Roger”), Juan Felipe Saavedra Estrada (“Piña”), Róbinson Alberto Santamaría (“Chino”), Yadir Esneider Rojas Mira (“Sancocho”), Julio César Rivas Mena (“La Mole”), Sandra Milena Durán (“Milena”), Nubia Mercedes Muñoz Restrepo (“Nubia”) y John Alexánder Sepúlveda Ocampo (“Trompón”).

A ellos les imputaron cargos por concierto para delinquir agravado y cohecho por dar y ofrecer, los cuales tampoco aceptaron en el estrado. Se calcula que dentro de un mes podrían continuar las audiencias, con el escrito de acusación emitido por la Fiscalía.

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El Inspector.

De acuerdo con la información preliminar, la llamada “Operación San Bernardo” fue ejecutada en la mañana del 4 de diciembre por el Grupo de Investigaciones Internas para la Fuerza Pública de la Dijín, la Seccional de Inteligencia (Sipol) de la Policía Metropolitana y la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Esta es la estación de Policía de Belén, ubicada en el barrio San Bernardo de Medellín, que presta servicio a las comunas 15 y 16. Foto de Jaime Pérez.

La mayoría de uniformados detenidos hicieron parte de la estación Belén en los últimos dos años, entre oficiales y suboficiales, que al parecer tendrían relaciones clandestinas con las plazas de vicio y las bandas de las comunas Belén y Guayabal, en particular del sector Barrio Antioquia, como “la 24”, “Alexpin”, “la Cueva”, “el Coco” y “San Bernardo”.

El informe del caso señala que los uniformados, al parecer, recibían sobornos por sumas mensuales que oscilaban entre los $3’000.000 y los $30’.000.000, cambio de omitir sus tareas de vigilancia y suministrar información reservada a los criminales, de modo que pudieran traficar, asesinar y extorsionar sin interferencias.

Los agentes anticorrupción ejecutaron 24 allanamientos en Medellín y Bogotá, en los que incautaron 48 kilos de marihuana, 100 gomitas mezcladas con droga, 200 dosis de tusi (“cocaína rosada”) y 150 de base de coca, además de una pistola traumática.

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Sobre las capturas, 22 de los policías fueron arrestados con orden de captura y uno más en flagrancia; de igual manera, cayeron 12 integrantes de las mencionadas bandas, involucrados con el pago de las coimas. Entre estos detenidos está alias “Cortico”, quien aparece reseñado en el cartel de los más buscados.

El comandante de la Región N°6 de Policía, general Luis Enrique Méndez, declaró que “los uniformados prestaban su servicio en diferentes estaciones de la Metropolitana del Valle de Aburrá, y habrían faltado a su deber constitucional, incurriendo en la omisión de sus funciones, lo cual favorecía el actuar delincuencial”.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía imputará cargos por cohecho por dar u ofrecer, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.

UNA ESTACIÓN BAJO LA LUPA

La estación Belén de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicada en el barrio San Bernardo, es objeto de varias investigaciones penales por presuntos actos de corrupción.

Además del citado caso, en el que miembros de esa unidad policial favorecieron el tráfico de drogas, también hay expedientes abiertos por fugas de presos.

El 7 de diciembre de 2019 se fugó, al parecer con ayuda de los custodios, Roger Jiménez Flórez (alias “Roger”), cabecilla de la organización criminal “la Camila”, de Bello. Por ese hecho, dos uniformados fueron capturados y otros seis están involucrados en la investigación, pues algunos testigos señalaron a la Fiscalía que los presos les daban dinero para que los dejaran salir de las celdas a visitar a sus familias.

Por si esto fuera poco, el 15 de octubre de 2020 ocurrió una fuga masiva en los calabozos de la estación, en la que 50 detenidos se evadieron. Entre los fugados estuvo Jhonatan Franco Álvarez (“La Rea”), cabecilla de la banda “la Campiña”, de Robledo.

El general Méndez destacó que “es la misma Policía Nacional, la Institución que de manera firme e inquebrantable depura, retira y sanciona a todos aquellos integrantes que se apartan de las adecuadas prácticas profesionales, enmarcadas en nuestro código de ética policial”.

Las audiencias de control de garantías en contra de los 23 detenidos aún no terminan, aunque el juez ya legalizó los procedimientos de captura.

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El Inspector.

De acuerdo con la investigación de la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado, “los uniformados estaban dentro de la nómina de ‘los Chatas’ y les advertían sobre operativos que se realizarían en contra de esta banda”.

Estos son los miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, detenidos por su presunta relación con “los Chatas”. Cortesía Fiscalía.

Las investigaciones contra estos policías empezaron a consolidarse el pasado 2 de marzo, después de un operativo en el que fueron arrestados 17 integrantes de “los Chatas”, entre ellos tres cabecillas apodados “Elkin Chata”, “Jonás” y “Alex Mentiras” (ver la NOTA RELACIONADA: Primer golpe estructural a la banda “los Chatas”).

Los investigadores detectaron algunos de los contactos corruptos de esos delincuentes, logrando identificar a los seis policías sospechosos, todos miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Al parecer recibían $2 millones de pesos para permitir el funcionamiento de las plazas de vicio, además de un monto adicional por las incautaciones que devolvieran a la banda. En las capturas en flagrancia por tráfico de estupefacientes, los uniformados pedían $1 millón para no poner a disposición de la Fiscalía a los jíbaros o para judicializarlos por una cantidad de droga menor a la incautada”, informó la Fiscalía.

Por tal motivo, las autoridades capturaron a tres patrulleros de la estación de Policía del municipio de Bello, zona de influencia de la facción: Hernán David Arenas Pareja (alias “Arenas”), Yuber Chaverra Leudo (“el Negro”, “Morcilla, “Mi Nené” o “Monaguillo”) y Albert Antonio Vargas Castillo (“Vanegas” o “Rolo”).

También cayeron dos patrulleros de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), llamados Juan Carlos Cárdenas Morales (“Cárdenas”) e Iván Mauricio Moreno Rivera (” Moreno”); así mismo, un integrante de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol), el subintendente Harold Mejía Rodríguez (“Canoso” o “el Abuelo”).

Sobre este último, la Fiscalía señaló que al parecer sería uno de los principales informantes de la banda. Después de la operación de marzo, presuntamente les suministró a los delincuentes los datos de uno de sus compañeros que lideró aquellas capturas y las placas de los carros en los cuales se movilizaban otros agentes que llegaron procedentes de otras ciudades para sumarse a la lucha contra “los Chatas”, sobre todo después de que el Gobierno de Estados Unidos manifestó su interés en desmantelar a ese grupo (ver la NOTA RELACIONADA: Banda “los Chatas” fue incluida en la Lista Clinton).

En la audiencia de control de garantías de este 23 de agosto, en la cual le impidieron el acceso a la prensa, los cinco patrulleros no aceptaron los cargos imputados, por concierto para delinquir agravado, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.

El subintendente Mejía tampoco aceptó la responsabilidad por utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, concierto para delinquir agravado, cohecho propio, prevaricato por omisión y revelación de secreto.

El Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia les impuso a todos la medida de aseguramiento en la cárcel.

BANDA “LA VIÑA”

El Gaula de la Policía capturó esta semana a 13 presuntos integrantes del combo “la Viña”, cuya base de operaciones está en el nororiente de Medellín.

Los apresados fueron los apodados: “Konan”, “Chinga” o “Potter”, “Emanuel” o “el Flaco”, “Humberto”, “Luigi”, “Trucha”, “Roger”, “Polaco”, “Cachetes”, “el Primo”, “Ángel”, “Loro” y una mujer conocida como “la Flaca” o “Zurrete”. Tendrán que responder por cargos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro, receptación, tráfico y porte de armas de fuego y de estupefacientes.

Según el informe de la Policía, esta banda está implicada en el secuestro del ingeniero Alejandro Ramírez Acosta, ocurrido el 2 de marzo de 2015 en el municipio de Barbosa. Este es uno de los raptos más publicitados de la región en los últimos dos años, y a la fecha no se sabe el paradero de la víctima, quien residía en el barrio Simón Bolívar de Medellín.

También se les señala del secuestro de otro ciudadano, Mauricio Martínez Parra, perpetrado el 18 de agosto de 2015.

Aunque estas capturas suponen un fuerte golpe para “la Viña”, la organización sigue activa, de la mano de su cabecilla alias “la Teta”, quien lleva más de una década actuando con impunidad, junto a sus socios “el Paraco” y “el Cerdo”.

BANDA “LA AGONÍA”

Esta estructura ilegal, que delinque en la comuna 13 de Medellín, perdió a cinco integrantes en otro operativo del Gaula Metropolitano. Se trata de alias “el Perro”, “Mono Rochi”, “Papayo”, “el Cuñado” y “Changón”, en contra de los cuales había órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y secuestro extorsivo agravado.

A este grupo se le atribuye el secuestro del ciudadano Wálter Uta David, el 4 del agosto de 2015.

Los agentes además allanaron las celdas de otros dos miembros de la banda (cuyos nombres no reveló el informe), “a quienes les fueron incautados elementos materiales probatorios, como celulares, recibos de consignación y agendas con información de potenciales víctimas”, señala el reporte del caso. Esto implica que aún desde las prisiones, estas personas siguen delinquiendo.

Los máximos jefes de “la Agonía” están encarcelados, alias “Ronald” y “Chito”, pero ni así las autoridades han logrado desmantelarla (ver la NOTA RELACIONADA: Capturan a “Ronald”, el terror de la comuna 13).

BANDA “EL PINAR”

Este martes 23 de agosto, investigadores del CTI y soldados de la Cuarta Brigada, adscritos al Gaula Militar Antioquia, ejecutaron una operación contra el combo “El Pinar”, subordinado de la “Odín San Pablo” (Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico), que actúa en el nororiente de Medellín y el suroriente de Bello.

En la acción cayeron seis supuestos delincuentes: Dorien Darío Molina Zabala (alias “Cala”), Carlos Andrés Valencia Monsalve (“Poke”), Tainer Jheremi Molina Zabala (“Pichi”), Jhon Jaime Espinosa Sepúlveda (“Machete”), Édison Alberto López Correa (“López”) y Ricardo Antonio Vargas Palacio (“Richard”).

Este último, quien al parecer sería uno de los cabecillas de la facción, paga una condena por concierto para delinquir con fines de desplazamiento desde 2009, pero el año pasado un juez le concedió el beneficio de detención domiciliaria por problemas de salud.

El informe de la Fiscalía precisa que el combo “El Pinar” opera en la vereda Granizal del municipio de Bello, en especial en los sectores semirurales Regalo de Dios, Altos de Oriente, Manantiales y El Pinar. Los criminales ejercen control social desde 2006, “les exigen a los habitantes comprar las pipetas de gas que ellos comercializan, además de cobrar $5.000 semanales por el agua de un pozo denominado ‘servidumbre de agua’, que pertenece a las Empresas Públicas de Medellín y cuyo líquido no es potable”, reza el documento.

También estarían implicados en una extorsión a la constructora Casa Grande, desde febrero de 2015, a la cual le cobraban $1.2 millones mensuales para dejarla edificar una obra. Los directivos de la firma no pagaron la “vacuna” y denunciaron al combo.

Frente a estos hechos, la Fiscalía les imputó cargos por tentativa de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión, los cuales rechazó el sexteto ante el Juzgado 28 Penal Municipal de Medellín, que al final de la audiencia les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.

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ACTUALIZACIÓN DE LOS CASOS

El expolicía Harold Mejía Rodríguez se comunicó con El Colombiano y allegó un auto emitido por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, fechado el 22 de diciembre de 2021, en el cual se constata que ya cumplió la pena a la cual fue condenado. De acuerdo con el documento, ese despacho decretó la extinción de la pena impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín el 3 de agosto de 2017, al hallarlo penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, cohecho propio y revelación de secretos.

El Inspector.

En la acción ilegal murieron dos servidores públicos y otros dos quedaron heridos, uno de ellos de gravedad.

De izquierda a derecha, los fallecidos intendente García y patrullero Castrillón, y los heridos patrulleros Carrasquilla y García. Fotos de cortesía.

El hecho sucedió a las 3:00 p.m. de hoy (febrero 4) en la vía a Urabá, a la altura del municipio de Giraldo. Según la información preliminar, los mercenarios sorprendieron a los policías con varias ráfagas de fusil. Después los remataron arrojándoles granadas de fragmentación.

Las víctimas eran integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) del Departamento de Policía Antioquia, adscritos al Distrito Santa de de Antioquia, con jurisdicción en la subregión del Occidente. Adelantaban pesquisas contra la organización narcoparamilitar “Los Urabeños” y el corredor que la conecta desde Urabá hasta Medellín.

Los occisos fueron el subintendente Edward Antonio García Castro, de 40 años, 17 de ellos dedicado a su institución, casado y padre de dos niños; y el patrullero Jhony Alejandro Castrillón Valencia, de 28 años y siete en el servicio, soltero y con un hijo. Los sobrevivientes son los patrulleros Jairo Alonso Carrasquilla Uribe (pronóstico reservado) y William de Jesús García Benítez.

Aún no se ha determinado quién perpetró el ataque, las sospechas pasan por “Los Urabeños” y la guerrilla de las Farc. En los últimos cuatro días han asesinado a tres policías en Antioquia, lo que se suma a una escalada contra los uniformados en otras regiones del país, donde en un mes murieron tres policías en La Guajira, uno en Huila, otro en Bogotá y dos fueron secuestrados en Valle.

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El Inspector.

El doble crimen se ejecutó a las 2:00 p.m., luego de que Andrés Giraldo Tabares, conductor de una motocicleta, se chocara con un carro.

La escena del crimen, en el barrio La Colina, un sitio afectado por las bandas delincuenciales. Foto de Esteban Vanegas.

El joven de 23 años sufrió raspaduras y llamó a la casa para que alguien le ayudara a levantar el vehículo, y quien se aprestó fue su hermano Santiago.

Cuando llegó al lugar, al parecer observó que los mercenarios estaban atacando a su familiar y corrió para defenderlo. Los proyectiles le quitaron la vida a Santiago en el lugar de los hechos, y Andrés falleció a los pocos minutos en un centro médico.

El hermano menor había sido soldado profesional durante dos años (en la Armada Nacional), y en la actualidad trabajaba como operario en una empresa de textiles; el mayor, de 25 años, estudiaba Ingeniería Industrial y era supervisor de una fábrica de productos plásticos.

Las primeras indagaciones señalan que el accidente fue un hecho fortuito, no relacionado con el ataque. Las sospechas recaen sobre un combo delincuencial del sector La Colinita, liderado por alias ‘Caretorta’ o ‘Ember’, al cual se le atribuyen varios homicidios y el cobro de vacunas en la zona.

También se investiga si una patrulla motorizada está implicada, pues algunos testigos afirmaron que los policías estaban el sitio prestando vigilancia, y apenas se fueron llegaron los sicarios. Tras cometido el crimen, otros uniformados diferentes arribaron para atender el caso.

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El Inspector.