Con su extradición a Estados Unidos (octubre 16), la máxima jerarquía de la organización criminal “la Oficina” queda prácticamente en poder de la justicia de aquella nación, sin responder por los miles de crímenes perpetrados en Colombia. Esta es la reseña del caso, elaborada por Revelaciones del Bajo Mundo y El Colombiano.

Ericson Vargas fue conducido de la cárcel Picaleña (Ibagué) al hangar de la DEA en Bogotá. Cortesía Dijín.

En celdas estadounidenses permanecen “don Berna”, “Rogelio”, “Yiyo”, “Botija”, “Valenciano” y ahora “Sebastián”, el último de los cabecillas que tenían poder mafioso en todo en Valle de Aburrá, parte de Antioquia, Colombia y enlaces en el exterior.

Los que quedan en la estructura tienen un control más concentrado, algunos con gran poder en Itagüí, por ejemplo, pero ninguno en Bello; hay quienes son los “capos” en el oriente de Medellín, y al otro lado del río ni los conocen. En este nivel están los actuales jefes de “la Oficina”, sin que ello implique que sean menos peligrosos: “Tom”, “Barny”, “Mateo”, “Gil”, “Tuto”, “Diego Chamizo”, “Fredy Colas” y “el Saya”, entre otros.

La Policía sindicó a “Sebastián” de ser el principal instigador de la pasada guerra de combos contra su rival “Valenciano”, que provocó la mayoría de los 6.932 asesinatos y 23 masacres en Medellín entre 2008 y 2011. Pese a este señalamiento, ninguno de los dos tiene acusaciones formales por estas muertes en Colombia y en E.U. responderán por cuestiones asociadas al narcotráfico.

Junto a Vargas Cardona fueron extraditados: Claudia Beatriz Ricaurte, Nubia Abadía Sarria, Luis Fernando Rueda Torrado, René David Quintana, Germán Darío Estrada Montoya, John Fredy Potes, Fabio Andrés Díaz, Wilson Caicedo Cuero, Diego Vallejo Reyes, Gustavo Pérez García, Édison Correa Vélez y Harbi Caicedo, alias “Guri”, según las autoridades.

El capo dejó un prontuario a su paso por la delincuencia en Colombia, cuyos expedientes, en últimas, no le produjeron mayores contratiempos penales. Esta es la reseña, extraída de los procesos en la Fiscalía:

 – Las primeras reseñas judiciales de Ericson Vargas datan del 22 de mayo de 1996, a la edad de 22 años, cuando fue detenido como sospechoso de un asesinato en el barrio Laureles de Medellín. Sin embargo, la Fiscalía 132 Seccional precluyó el caso y lo dejó en libertad.

– El 26 de junio de 1996 apareció, junto a su hermano Franklin Vargas Cardona, referenciado en otro expediente judicial con radicado N° 342129. Allí lo señalaban de integrar una banda criminal con base en el barrio El Salvador, y sospechoso de las conductas de instigación para delinquir y constreñimiento. Esta investigación penal fue suspendida en 2004.

– El 25 de agosto de 2006 una patrulla le decomisó un arma de fuego en el barrio Las Palmas. Se trató de una pistola Walther 9 milímetros, con permiso para porte N°1203749. En esa oportunidad estaba con sus lugartenientes “Víctor Colitas” (hoy condenado), “Teletubi” (asesinado) y “Diego Chamizo” (en libertad), mas ninguno fue detenido.

– A partir de 2010, una investigación de la Sijín contra las bandas del oriente de la capital antioqueña derivó en la judicialización de este cabecilla. Se abrieron dos nuevos procesos en Colombia: la Fiscalía24 Especializada de la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes lo reseñó por concierto para delinquir agravado; y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Medellín expidió una orden de captura en su contra (con radicado N°201011386) por concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes.

– El 18 de agosto de 2011, E.U. solicitó la extradición de “Sebastián”, por cuatro cargos instaurados ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: conspiración para importar 5 o más kilos de cocaína a esa nación; conspiración para distribuir 5 o más kilos de cocaína en ese país; uso y porte de armas para promover el tráfico de narcóticos; y llevar un explosivo durante la comisión de un delito federal. Estos dos últimos crímenes son imputados por primera vez a un narco colombiano en Estados Unidos.

– El 8 de agosto de 2012 fue capturado en una finca de Girardota, Antioquia, en un operativo coordinado por la Dijín y la Dipol. En el hecho se presentó un tiroteo y murió uno de sus escoltas.

Tras la extradición, queda abierta la pregunta de qué pasará cuando finalice su condena en E.U. ¿Será deportado para pagar sus delitos en Colombia? ¿O los procesos actuales también serán archivados, como los de los años 90? ¿Acaso permanecerá en el extranjero, disfrutando de una nueva identidad y convertido en informante de la DEA, como han hecho otros?

NOTA RELACIONADA: “Sebastián” enfrentará a la justicia, pero en el extranjero.

El Inspector.

El problema es que, de acuerdo con las autoridades antioqueñas, desde esa prisión se realiza el mayor número de extorsiones telefónicas a los habitantes de Medellín y Antioquia.

Ericson Vargas Cardona (izquierda) y José Leonardo Muñoz Martínez, cabecillas de la banda criminal "la Oficina". Archivo.

Entre los trasladados está Ericson Vargas Cardona, alias “Sebastián” o “Sebas”, quien estaba recluido en la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá). Enfrenta procesos por narcotráfico y concierto para delinquir y la Corte Suprema de Justicia autorizó su extradición, por lo que está a la espera de su remisión a una celda en Estados Unidos (ver la NOTA RELACIONADA: Cayó ‘Sebas’ y el mapa del crimen empieza a cambiar).

El otro es José Leonardo Muñoz Martínez, apodado “Douglas” o “la Tía”, trasladado desde la cárcel de Itagüí (Antioquia).
En la actualidad paga una condena de 32 años por secuestro extorsivo y concierto para delinquir (ver la NOTA RELACIONADA: Una condena será el futuro de “Douglas”).

El director del Inpec, general Gustavo Ricaurte, declaró que la remisión de los dos presuntos cabecillas de “la Oficina” a Ibagué se dio “porque es necesario impedir que los detenidos de alto perfil delincuencial afecten el orden, la disciplina en los centros de reclusión o continúen o inicien estructuras delictivas que puedan afectar la seguridad ciudadana“.

Sin embargo, las investigaciones de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, el Gaula Militar y la Cuarta Brigada del Ejército han arrojado que la mayor cantidad de extorsiones carcelarias a ciudadanos de esta región se producen desde el penal de Picaleña. Esta situación refleja la dificultad de las autoridades para controlar los delitos cometidos por internos de esa prisión.

Teniendo en cuenta que “la Oficina” es la estructura mafiosa más tenebrosa de Medellín, vinculada al narcotráfico, extorsiones, sicariato, secuestro, homicidio y cuanta conducta ilegal se lee en el Código Penal, ¿si será buena idea recluir a “Douglas” y “Sebastián” en ese establecimiento de tan cuestionada seguridad? ¿Será que allá sí dejan de delinquir?

NUEVA ACUSACIÓN PARA “PICHI”

En otros hechos recientes relacionados con supuestos cabecillas de esta organización, a Édinson Rodolfo Rojas, alias “Pichi”, le abrieron un nuevo proceso judicial (ver la NOTA RELACIONADA: Señalan a “Pichi” por masacre y muerte de policías). El Juzgado Segundo Penal Ambulante de Antioquia le dictó medida de aseguramiento por participar en el asesinato de un hombre, perpetrado el 10 de agosto de 2008 en Medellín.

La víctima fue el empleado bancario Elkin Vladimir Rivera González, quien conducía una moto en el barrio Campo Valdés en compañía de su esposa, que quedó herida. Según la investigación, los sicarios de “la Oficina” iban a matar a alguien en el mismo barrio, y por error le dispararon a la pareja de la moto.

En las interceptaciones telefónicas realizadas por la Policía, en las cuales se escucha cuando los criminales coordinan el ataque, se oye la conversación entre los cabecillas de la banda “Barny” y “El Compa”: “Hicimos un daño por allá”, dijo el primero, reconociendo que habían matado al hombre equivocado.

En otra de las conversaciones, un par de horas antes de la muerte, se oye a “Pichi” decirle a “Barny”: “Eso lo tenemos que hacer hoy, mañana tengo la reunión con el papá de la chimba. Póngale la energía hoy”.

Rojas, quien está recluido en la cárcel de Valledupar, procesado por concierto para delinquir agravado, rechazó el nuevo cargo en su contra. En esa misma prisión está desde abril otro jefe de “la Oficina”, Freyner Ramírez García, alias “Carlos Pesebre”.

El Inspector.

El crimen en cuestión, de acuerdo con el expediente policial, ocurrió a la 1:30 a.m. del pasado 12 de diciembre, en la calle 94 con la carrera 67. La víctima fue un joven de 15 años, estudiante de sexto grado en un colegio de la zona, quien al parecer estaba ebrio al momento de la agresión, circunstancia que fue aprovechada por los victimarios. Este es el relato del caso, elaborado por El Colombiano con colaboración de Revelaciones del Bajo Mundo.

Alias "Gago", presunto miembro del combo "Pájaro Azul". Otros dos indiciados están pendientes de la captura. Foto de cortesía.

Según la investigación adelantada por la Unidad de Vida de la Fiscalía y la Sijín, tres sujetos lo golpearon con un bate de béisbol hasta dejarlo rendido en el suelo, en plena vía pública. Ahí lo remataron con un disparo de revólver en el ojo izquierdo, convirtiéndolo en uno de los 120 menores de edad asesinados en Medellín en 2012, de acuerdo con Medicina Legal.

Los autores materiales, indica el expediente, habrían sido presuntos integrantes de un combo denominado “Pájaro Azul”, el cual delinque en Castilla. Entre ellos estaría alias “Gago”.

La Fiscalía 2 Seccional de Medellín, adscrita a la Unidad de Vida, solicitó la orden de captura, la cual fue ejecutada por policías de la Sijín el pasado 13 enero a las 8:25 p.m., en la calle 94 con la carrera 67A (a media cuadra de la escena del crimen).

“Gago”, quien dijo ser obrero de construcción, fue presentado ante el Juzgado 32 Penal Municipal, donde la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El procesado rechazó los cargos y el juez le dictó la medida de aseguramiento en la cárcel.

Sobre las causas del asesinato, las autoridades investigan si se debe a que el adolescente, al parecer, intentó enamorar a la novia de uno de los miembros del combo ilegal.

El Inspector.

El heredero de Bellanista de Transportes S.A. recibió el beneficio de la libertad condicional, tras cumplir las dos terceras partes de una sentencia de siete años y medio de prisión por concierto para delinquir agravado.

Hugo Albeiro Quintero, durante uno de los traslados de cárcel.

Estaba recluido en la cárcel de mediana y máxima seguridad de Girón, en el departamento de Santander, y de acuerdo con el Inpec salió el pasado 28 de febrero.

El Juzgado Cuarto Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga autorizó la libertad condicional, después de que Quintero redimiera más de un año de la pena por su comportamiento en la prisión, al parecer.

Alias ‘El Patrón de Bello’ estaba detenido desde el 25 de septiembre de 2008, cuando el CTI lo capturó en su finca de la vereda Tierradentro, en dicha municipalidad. Desde entonces, la Policía lo señaló de tener nexos con los paramilitares y la organización criminal ‘La Oficina’.

Fue precisamente por su apoyo a las Autodefensas (AUC) que la justicia lo condenó en primera y segunda instancia. Ahora ha regresado a su área de antiguo dominio y, según un exempleado suyo, está en la finca de Tierradentro, protegido por un búnker bajo tierra y un grupo de seguridad privada.

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El Inspector.

Entre las situaciones insólitas del hecho está que la cárcel del corregimiento San Cristóbal apenas fue inaugurada el pasado 21 de julio y las autoridades habían dicho que era un ejemplo para toda la región en materia de seguridad.

Al fondo se aprecia la torre del panóptico, en la cárcel El Pedregal. Desde allí se obtiene una vista de 360 grados del establecimiento, pero nadie pilló a media docena de internos fugándose. Foto de Esteban Vanegas.

Pues bien, ahora los reos le han dado su propia inauguración. Ayer entre las 3:30 y las 4:30 p.m., al finalizar la hora de la visita, rompieron una lámina de metal sismoresistente que cubría un espacio de unos 50 centrímetros de ancho entre dos edificaciones del establecimiento.

De acuerdo con las explicaciones que ha dado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), los sujetos saltaron después un muro de unos seis metros de altura para caer en una manga. Luego escalaron dos mallas de 4.50 metros con alambres de púas, para alcanzar la libertad. Luis Felipe Henao, director encargado de la entidad, dijo que tal vez usaron cobijas para no chuzarse.

Esta versión oficial no ha dejado de provocar suspicacias, porque nadie entiende cómo ningún guardián vio a media docena de internos sorteando las mallas. ¡Media docena! ¡A plena luz del día! El Inpec anunció una investigación interna para averiguar si participaron miembros de su institución en el plan de escape.

Este es el volante de los seis prófugos que la Policía distribuye.

Entre los fugados está Jeison Velásquez Pino, alias ‘El Rolo’, un reconocido cabecilla de la banda criminal ‘La Sierra’, la cual delinque en el centro oriente de la ciudad. El muchacho no estaba condenado todavía, sino que en calidad de acusado enfrentaba un proceso por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Los otros son Jorge Mario Jiménez Gil (condenado por porte ilegal de armas), Luis Fernando Areiza Sánchez (sindicado de concierto para delinquir y porte ilegal de armas), Edward Alejandro Osorio López (acusado por homicidio), Elkin Alonso Muñoz Muñoz, alias ‘Matica’ (sindicado por secuestro extorsivo), y John Jairo Jaramillo Acevedo (condenado por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas).

Por la información que conduzca a la recaptura del sexteto, la Policía ofreció hasta 10 millones de pesos de recompensa y repartió miles de volantes.

El director del Inpec declaró con aire de indignación que suspendió el traslado de más internos a la cárcel El Pedregal, de San Cristóbal, y a otras nueve recién inauguradas en todo el país. Su idea es evaluar con los constructores posibles fallas estructurales que faciliten más evasiones como, según él, sucedió en este caso.

El establecimiento El Pedregal (localizado en la vereda del mismo nombre) ha sido muy criticado, incluso antes de su construcción, pues muchos ciudadanos no querían un presidio en su vecindario. En la actualidad, presuntas irregularidades en la comida han hecho que la Personería investigue el lugar.

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El Inspector.

Es también la historia de unos de los peores crímenes ocurridos en los últimos  años en Medellín, cuyo perpetrador pasa hoy los días en prisión, con horribles cicatrices en el cuello y la cabeza que de seguro le recuerdan a diario su error.

Giovanny Pérez nació en San Andrés de Cuerquia y se crió en Donmatías, Antioquia.

Todo comenzó en diciembre de 2006, cuando el celador Giovanny Evencio Pérez Zapata, en ese entonces de 27 años, se convirtió en el novio de Angie Yurley Fernández Gómez, de 16. La madre de la menor, doña María Luzmila Gómez, consintió la relación porque al principio el vigilante se comportaba como un caballero.

Las cicatrices de la autoagresión, en cuello y cabeza.

La pareja se fue a vivir a un apartamento de la calle 94D con la carrera 83A,  en el barrio Robledo La Pradera. Pero la personalidad celotípica de Pérez comenzó a tornar el paraíso en un infierno de gritos, peleas y golpizas. Angie quedó embarazada y al parecer su novio no quiso reconocer a la criatura.

Angie Fernández, de 17 años, estudió dos semestres de Mercadeo y Ventas.

En octubre de 2007, la adolescente no lo soportó más y regresó a la casa de su madre.

Fue en esta época cuando el hombre comenzó a desquiciarse y a planear su descenso al averno.

En su celular empezó a grabar un terrible monólogo interior, en el cual decía cosas como: “Giovanny, tenés que matarla”, “no importa que haga el amor tan chimba”, “hay que matarla”. Estas grabaciones serían usadas por la Fiscalía en el futuro, como evidencia en su contra.

Angie tuvo una hermosa bebé, a quien llamó Yeily. El 20 de diciembre de 2007 la nena cumplía 14 días de nacida y Pérez, en un gesto inesperado, pero quizá lógico dentro de la atmósfera navideña, decidió que le daría su apellido.

María Luzmila recordó que su hija estaba contenta cuando acudió con la bebé a la cita en la Notaría Séptima. Después del papeleo pertinente, el vigilante se llevó a su ex novia y a su hija al apartamento de Robledo La Pradera, donde cerró la puerta con cerrojo para que nadie saliera.

Angie estaba en la cama cuando el sujeto apareció en el cuarto con un enorme cuchillo de cocina. La degolló y la apuñaló hasta el cansancio. Luego se acercó a la niña y no hubo piedad ni consciencia que lo hiciera detenerse.

Contemplando su maléfica obra, se cortó el cuello dos veces, pero continuaba vivo. La irracionalidad se desbordó y se enterró el cuchillo en la sien, pasándolo de lado a lado. Pudo morir desangrado, pero una hermana suya entró por una ventana rompiendo el vidrio.

La bebé Yeily solo vivió 14 días.

Tras el aviso llegó la Policía. El mayor Castañeda, jefe de la estación policial de la jurisdicción, me contó aquella vez que nunca había visto algo así. “¡El cuchillo le atravesó toda la cabeza, parecía de esas diademas de broma que venden en la calle!”, dijo. Un posterior análisis de toxicología, comprobó que el homicida había consumido marihuana.

Así fueron creadas las cicatrices que hoy acompañan al recluso Pérez. Por la apariencia, los agentes del CTI que llevaban el caso lo llamaron ‘Chuki’, como el muñeco diabólico que tiene la cara cortada.

El 18 de julio de 2008, el Juzgado 25 Penal del Circuito de Medellín lo condenó a pagar 39 años de cárcel y una multa de 80 millones de pesos como reparación a las víctimas, en este caso los padres de Angie.

Durante el proceso, la defensa alegó que su cliente era incapaz de comprender la condena y lo que estaba pasando en las audiencias, pues las heridas autoinflingidas lo habían afectado de forma severa. En efecto, en el estrado el tipo parecía demente, con la mirada desorbitada, aunque a veces respondía a las preguntas del juez con claridad.

Declararlo inimputable era la idea, pero la Fiscalía logró demostrar que al momento de cometer el doble asesinato estaba consciente de lo que hacía, incluso con la cabeza fría para planificarlo.

Estuve en aquella audiencia condenatoria, y María Luzmila dijo después de la tasación de la pena: “Gracias a Dios se hizo justicia, aunque hubiera preferido una pena más alta”.

Pérez con la foto de la bebé.

Llevaba consigo las fotos de Angie y Yeily, y se las mostró a Pérez cuando los guardias del Inpec lo llevaban hacia el calabozo. Con las manos esposadas las recibió una a una. La intención de María Luzmila era, al parecer, afligirlo mentalmente por lo que había hecho, que sintiera remordimiento mientras veía los rostros de su hija y su ex novia.

Pero la mente de Giovanny Evencio Pérez Zapata ya estaba en otro mundo, con toda su alma podrida. ¿Qué remordimiento iba a sentir? 

Con esta condena, el expediente en contra del celador no quedó clausurado. En el Juzgado Tercero Penal del Circuito se abrió otro proceso por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. El personaje fue implicado en el abuso de una niña de 10 años, prima de Angie, en hechos ocurridos en 2007.

Esta es una historia atroz, pero ustedes y yo sabemos que podría repetirse debido a las características de nuestra sociedad. Por lo menos luchemos para evitar que ocurra en nuestros hogares y los de quienes conocemos. Así estaríamos aportando al rompimiento del círculo de la violencia.

El Inspector.