Su caso también pone sobre la lupa de la opinión pública a otros narcos del negocio transnacional que tuvieron una vida en el deporte, pero que no fueron capaces de rechazar el llamado de la mafia. El siguiente es un informe de El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

El canadiense Ryan James Wedding, exdeportista olímpico, es buscado por ordenar la muerte de un testigo del FBI en Medellín. Fotos de cortesía.

La acusación por narcotráfico, homicidio y otros crímenes que la justicia de EE.UU. le endilga al canadiense Ryan James Wedding, trae a la memoria los casos de otros personajes que saltaron a la luz pública como deportistas de alto rendimiento, y terminaron inmersos en el mundo del hampa.

Weddig, de 44 años, fue patinador sobre hielo en su juventud y luego participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City (Estados Unidos), representando a su país en la modalidad de snow boarding.

Ahora está en la lista de los 10 más buscados por el FBI, pedido en extradición por la Corte del Distrito Central de California y con una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

“Wedding controla una de las más prolíficas y violentas organizaciones de tráfico de drogas en el mundo y trabaja de cerca con el cartel mexicano de Sinaloa”, reveló la fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi.

Dentro de la acusación en su contra, está el haber ordenado el asesinato de un testigo del FBI, perpetrado el 31 de enero DE 2025 en El Poblado, suroriente de Medellín.

La víctima fue Jonathan Christopher Acevedo García, un ciudadano colombocanadiense de 42 años, quien fue abaleado por sicarios en un mall comercial, cuando departía con otras personas en el restaurante Mi Arepa.

En ese entonces, fuentes judiciales le contaron a El Colombiano que unos narcos mexicanos y canadienses habían ofrecido un millón de dólares para quien asesinara a Acevedo, pues lo señalaban de estar actuando como “soplón” para el FBI.

La fiscal Bondi comentó que Wedding está viviendo en México, al abrigo de sus socios del cartel de Sinaloa.

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DE FUTBOLISTA A CAPO DE LA COCAÍNA
El otro capo que fue deportista y luego terminó en las listas internacionales de los más buscados es el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, jefe del denominado Primer Cartel Uruguayo (PCU).

El extranjero de 34 años es un afiebrado por el fútbol. En 2021, luego de salir de la cárcel, se convirtió en accionista del Club Deportivo Capiatá, en la liga de ascenso de Paraguay, en el cual hizo parte de la nómina de jugadores y disputó varios partidos.

Algo similar hizo luego en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde compró a Los Leones de El Torno F.C., un onceno de la segunda división, usando una identidad fraudulenta. Estuvo vinculado a ese club hasta 2024, cuando tuvo que salir huyendo de aquel país por la persecución policial.

Sebastián Enrique Marset Cabrera, el narco uruguayo que fue futbolista. Foto de archivo.

El PCU se dedica al narcotráfico de cocaína, con redes de lavado de activos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay. La droga se produce en Colombia y tiene como destinos finales a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente.

Al igual que Wedding, Marset es investigado por un asesinato perpetrado en Colombia: el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini, abaleado en una playa de la isla cartagenera de Barú, mientras disfrutaba de su luna de miel, el 10 de mayo de 2022.

La hipótesis del magnicidio es que se trató de una retaliación mafiosa, ya que meses antes el funcionario participó en una operación antidrogas, que terminó con la captura de socios y testaferros de Marset, y el decomiso de millonarios bienes y propiedades.

Por el crimen hay 9 personas condenadas, las cuales participaron en la planeación, logística y ejecución del atentado. Por información que lleve a la captura de Marset, la Casa Blanca ofreció US$2 millones de recompensa.

DEL CUADRILÁTERO A LA MAFIA
El tercer exdeportista que saltó al mundo del narcotráfico es Marcel Mühlbach, un alemán de 45 años, reseñado en la lista de los 50 más buscados de Europa.

Es un fanático de las artes marciales mixtas, y siendo más joven se hizo popular en ese país por su participación en varios torneos televisados.

Pasó de involucrarse en apuestas de peleas al tráfico local de metanfetaminas; luego se involucró en la recepción de cargamentos de cocaína colombiana en el puerto de Hamburgo.

Marcel Mühlbach, el narco alemán detenido en Antioquia, que antes practicaba artes marciales. Cortesía.

Escaló en la red, de la mano de traficantes italianos, al punto de que fue enviado a Suramérica para negociar directamente el despacho de los estupefacientes.

Consiguió una cédula falsa a nombre de Fausto Eduardo Castro y en 2022 se instaló en Colombia. Primero pasó como turista, y luego asumió la fachada de inversionista, adquiriendo una finca en el municipio de Rionegro, Antioquia.

Las autoridades europeas lo consideran muy violento, llevando al negocio de los narcóticos la furia que lo distinguió antes en el cuadrilátero.

De los tres narcos mencionados en esta lista, es el único que ha sido capturado hasta el momento. La Policía allanó la finca el 27 de septiembre de 2024, en cumplimiento de una Circular Roja de Interpol, y le puso las esposas con fines de extradición.

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El Inspector.

En el ataque sicarial, además, dos balas perdidas hirieron a un mecánico y a una barrendera, la cual falleció al poco tiempo en un centro médico.

En esta calle de Medellín se presentó el ataque sicarial contra John Jairo Mazo Paniagua, quien conducía la camioneta Toyota Hilux. Imagen de cortesía.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el hecho se presentó al mediodía de este 6 de mayo de 2025 en el barrio Jesús Nazareno, en zona céntrica de la ciudad.

En una camioneta Toyota Hilux se movilizaba el comerciante John Jairo Mazo Paniagua, junto a su compañera sentimental. Cuando avanzaban por la carrera 55 con la calle 62, en cercanías a la Universidad de Antioquia, se aproximó una motocicleta con dos hombres vestidos de negro.

El pasajero descendió, caminó hasta la ventanilla del piloto y le disparó en múltiples ocasiones a Mazo Paniagua. Luego escapó con su compinche.

Dos de los proyectiles disparados atravesaron la cabina de la camioneta e impactaron a dos civiles que estaban en la acera contigua: el mecánico automotriz Jhon Arley Arcila Yepes, de 50 años, quien recibió el balazo en la pierna derecha; y la barrendera de Empresas Varias de Medellín, Flor María Mosquera Gamboa, a quien el tiro le penetró el tórax.

Flor María Mosquera Gamboa, la barrendera asesinada. Cortesía.

Los dos lesionados fueron llevados a la Policlínica Municipal, donde se registró el deceso de la mujer de 46 años y madre de tres hijos.

John Mazo, de 44 años, murió en la silla de conductor. Su pareja, quien de milagro salió ilesa del ataque, les contó a los investigadores que su cónyuge había sido policía de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), de la cual se había retirado hacía 15 años aproximadamente.

Al revisar la base de datos del sistema judicial, aparece que le incautaron un revólver en 2007 en el barrio Enciso; que en 2009 lo detuvieron conduciendo una moto robada, en el barrio Manrique Central; en 2015 lo arrestaron en el barrio Acevedo, cuando también andaba en un automóvil hurtado.

Además de esto, era investigado por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, presuntamente cometidos en 2020; así como por tráfico de estupefacientes (2018).

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Pero lo que más llama la atención es que actualmente era el testigo estrella de la Fiscalía en una investigación por supuesta corrupción contra varios policías.

El hecho que derivó en ese expediente sucedió el 11 de julio de 2024 en una finca de la vereda Encenillos, en el municipio antioqueño de Girardota. Hasta ese lugar llegaron cinco agentes del Grupo contra Atracos de la Sijín, adscritos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los cuales simularon un allanamiento con una orden falsa.

Dentro del sitio encontraron a un adulto con una sobrina de 15 años, y se robaron una camándula avaluada en $40 millones de pesos y una subametralladora de calibre 9 milímetros.

Según la Fiscalía, al adulto le cobraron una extorsión de $20 millones de pesos a cambio de no llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se llevara a su sobrina, a la cual señalaron de portar el arma. La víctima les pagó ese dinero.

Luego le pidieron otros $150 millones para no judicializarlo por porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Por estos hechos, el pasado mes de marzo fueron capturados y encarcelados el intendente Juan Francisco Mancilla Barbosa, los subintendentes Carlos Jiménez Noguera y Cristian Valencia Valencia, al igual que los patrulleros Jeisson Rolón Sepúlveda y Thyana Karina Rodríguez Melo. Todos se declararon inocentes, pero un juez los envió a prisión.

Fuentes judiciales le contaron a Revelaciones del Bajo Mundo que una de las principales hipótesis de la muerte de John Mazo está ligada a esa investigación.

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El Inspector.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana, el homicidio ocurrió a las 5:00 p.m. de este sábado 14 de abril, en la carrera 50 con la calle 52 del barrio Central, en el municipio de Bello. La víctima estaba en un local comercial, cuando el asesino le disparó por la espalda. Esta es la reseña del caso elaborada por El Colombiano, con apoyo de Revelaciones del Bajo Mundo.

Carlos Enrique Areiza, alias “Papo”, asesinado en el municipio de Bello. Foto de archivo.

Carlos Areiza, de 37 años, era un viejo conocido del sistema judicial colombiano, pues solía ofrecer sus servicios como denunciante y testigo a cambio de recompensas.

En varias ocasiones se presentó ante diferentes entidades y funcionarios de la Iglesia Católica, el CTI de la Fiscalía y el Concejo de Medellín, para advertirles sobre supuestos atentados que planeaban organizaciones criminales como “Pachelly” y “la Oficina”, los cuales nunca resultaban ser ciertos.

El 20 de enero de 2010 fue condenado por el Juzgado 21 Penal Municipal de Medellín a ocho años de prisión por tentativa de extorsión agravada. El caso se derivó de las extorsiones que venía recibiendo un ciudadano en 2008, a quien le exigían que consignara 5 millones de pesos en la cuenta bancaria de Areiza.

En 2011 se fugó de la cárcel de Bellavista, aprovechando un permiso especial de remisión, pero después se entregó a las autoridades.

Volvió a escena en 2014, como testigo en el caso que la Corte Suprema de Justicia adelantaba contra Luis Alfredo Ramos, por presuntos nexos con paramilitares. Sin embargo, el 18 de marzo de 2015 aceptó que había incurrido en falso testimonio.

Según un informe de la Fiscalía, Areiza había mentido, afirmando que el político antioqueño se había reunido con comandantes de las Autodefensas y les había recibido dinero. Al develarse la farsa, no tuvo más remedio que pedir perdón a Ramos y su familia, asegurando que lo habían presionado para declarar en su contra.

Meses después, la Corte autorizó la excarcelación de Ramos, quien está pendiente del fallo definitivo.

También estuvo involucrado como falso testigo en uno de los pleitos judiciales entre el senador Iván Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe. Ahí dijo mentiras, comentando que Cepeda le había ofrecido plata para acusar a Uribe y su hermano Santiago de relaciones con paramilitares, lo cual nunca se comprobó.

“Los investigadores establecieron que el cuestionado testigo intentó obtener dinero de algunos líderes religiosos e industriales antioqueños a cambio de información. También se presentó ante varios operadores judiciales de Medellín para tratar de venderles supuestos datos sobre estructuras criminales”, informó el ente acusador en ese momento.

Por su colaboración para revelar una trama de falsos testigos, Areiza había logrado inicialmente una detención domiciliaria, por lo que al momento del ataque andaba en la calle. Por ahora se desconoce quiénes están detrás de este homicidio, indicaron fuentes judiciales.

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El Inspector.

El triple asesinato ocurrió al mediodía de este viernes (febrero 21) en cercanías al cementerio San Andrés de la citada localidad.

En esta volqueta fueron asesinadas las tres personas, incluyendo al policía uniformado. Foto de Santiago Olivares Tobón.

De acuerdo con la investigación preliminar, Wilmar Ríos Gil, de 34 años y propietario de un depósito de materiales para la construcción, venía siendo víctima de una extorsión por parte de la banda “Niquía Camacol”. Decidió denunciarlos y convertirse en testigo estrella de la Fiscalía, lo que derivó en un operativo que en 2013 dejó a ocho integrantes de la estructura ilegal tras las rejas (ver la NOTA RELACIONADA: “El Oso” se une a los cabecillas caídos en 2013, pero las bandas sobreviven).

Las amenazas obligaron a que, hace un mes, la Policía le asignara una escolta para su protección y la de su familia.

Al mediodía de hoy, Ríos tuvo que salir de su casa a trabajar. El objetivo era despachar un pedido de ladrillos, por lo que abordó su volqueta cargada del material, en compañía de su escolta, el patrullero Andrés Rafael Marín Acuña, de 27 años (su compañero de patrulla se quedó custodiando la casa del protegido). Con ellos, en la cabina también viajaba el ayudante Albeiro Arenillas, de 20 años; en el volco, con la carga, iban otros dos ayudantes.

El ataque fue ejecutado por sicarios a bordo de una motocicleta, quienes acribillaron a las tres personas de la cabina. Los pasajeros del volco sobrevivieron, aunque heridos.

La Alcaldía de Bello ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. La hipótesis preliminar apunta a que el crimen fue orquestado por la banda de “Niquía Camacol”, aunque la Policía tampoco descartó la participación de mercenarios de “los Chatas”, una organización aliada.

DOBLE ASESINATO EN UN PARAJE RURAL

En esta manga de San Félix abandonaron a las dos víctimas. Foto de Pablo Santa.

Dos días antes de este episodio ocurrió otro asesinato múltiple en esa localidad, la segunda más violenta del Valle de Aburrá, después de Medellín.

En la noche del miércoles (19 de febrero), algunos residentes del corregimiento San Félix escucharon disparos. Un día después hallaron dos cadáveres en un área boscosa de la vereda El Carmelo, a pocos metros el uno del otro, con heridas letales de bala.

Por la ausencia de documentos, las víctimas quedaron registradas en un principio como NN de 30 a 40 y de 25 a 30 años de edad.

Las causas de este doble homicidio se desconocen, aunque el corregimiento de San Félix se ha convertido en una ruta de tránsito estratégico para las bandas “los Urabeños” y “los Chatas” y no es la primera vez que ocurre un hecho como este (ver la NOTA RELACIONADA: Las bandas agitan el Valle de Aburrá con seis muertes).

NOTA RELACIONADA: Acribillaron a cuatro personas en Bello y Copacabana.

El Inspector.

Lo cierto que no se sabe nada de su paradero desde el 20 de marzo de 2009, cuando fue visto por última vez en el municipio de Bello. Esta es la reseña del caso, elaborada por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Con este reporte se adelanta la búsqueda de Euden Torres. Cortesía.

A sus familiares llegaron informaciones extraoficiales, según las cuales habría sido desmembrado y sepultado en un paraje rural. Sin embargo, en el Grupo de Búsqueda de Desaparecidos del CTI continúa abierta la investigación para encontrarlo, vivo o muerto. Por eso disponen de un teléfono de contacto, para quien tenga datos sobre este caso: 444 66 77, extensiones 1156, 1157 y 1159.

Quintero, quien fuera el gerente de Bellanita de Transportes S.A., la empresa de buses de servicio público más importante del Norte del Valle de Aburrá, fue capturado en 2008 y posteriormente condenado a 7 años y 5 meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que lo halló responsable de concierto para delinquir agravado.

La investigación de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) arrojó que el sentenciado apoyó logística y financieramente a las Autodefensas Unidas de Colombia. En febrero de 2012 obtuvo la libertad condicional, la cual cumple en su finca-búnker de la vereda Tierradentro, en Bello.

El proceso penal, sin embargo, fue opacado por el infortunio de los tres testigos clave de la Fiscalía: la desaparición de Torres Vásquez en 2009 y el asesinato de Jorge Duque Ortiz, alias “Gallo”, cuyo cuerpo fue abandonado en la cajuela de un taxi (2010), en el centro de la capital paisa.

El tercero de los denunciantes es Yovanny Gómez, un primo de Quintero, quien huyó por miedo. No obstante, apareció el pasado 18 de abril, cuando el Gaula Militar Antioquia lo arrestó en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín, sospechoso de participar en una extorsión de 5 millones de pesos a un comerciante.

Fuentes cercanas al operativo manifestaron que el detenido advirtió que lo había hecho porque “ya no tenía plata ni para pagar los servicios públicos”, y que aún temía por su vida. Como primera medida lo enviaron a la cárcel Bellavista, después de que este negara en el estrado el cargo por tentativa de extorsión agravada.

Solo falta esclarecer el paradero de Euden Torres, de 31 años al momento de la desaparición, según el registro. Su gente lo recuerda trigueño, delgado y con un tatuaje en forma de cruz en una mano.

NOTA RELACIONADA: Testigo perdido del caso del “Patrón de Bello” aparece en extorsión.

El Inspector.

El hombre es uno de los tres testigos clave, según fuentes judiciales, que condujeron a la captura del empresario Hugo Albeiro Quintero, expropietario de Bellanita de Transportes, la principal empresa de buses de servicio público en el norte del Valle de Aburrá. Esta es la historia, elaborada en equipo por El Colombiano y Revelaciones del Bajo Mundo.

Este es el momento de la captura de "Yovanny", en el corregimiento San Antonio de Prado. Cortesía.

El famoso arresto lo ejecutó el CTI en su finca-búnker de la vereda Tierradentro del municipio de Bello (25 de septiembre de 2008). Quintero, apodado en el bajo mundo “el Patrón de Bello”, fue condenado después a siete años y cinco meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que lo halló culpable de concierto para delinquir agravado con fines de conformación de bandas emergentes.

Según la investigación de la Fiscalía y la Dijín, el empresario les brindó apoyo logístico y financiero a las Autodefensas Unidas de Colombia.

El juicio estuvo opacado por el asesinato de dos testigos del ente acusador: Deuden Torres Vásquez y Jorge Duque Ortiz (alias “Gallo”), muertos en 2009 y 2010, respectivamente. El tercer denunciante, temiendo un destino similar, se esfumó del radar de las autoridades.

El 28 de febrero de 2012, el Juzgado Cuarto Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Bucaramanga le concedió la libertad condicional al “Patrón de Bello”, quien salió de su celda en la cárcel de Santander para terminar su condena con detención vigilada en la finca-búnker de Tierradentro.

POR UN ATRASO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El 13 de abril de 2013, un comerciante de helados del corregimiento San Antonio de Prado formuló una denuncia ante el Gaula Militar Antioquia. Informó que estaba recibiendo una gran cantidad de mensajes de texto, en los cuales un presunto integrante de la banda “los Urabeños” le exigía 5 millones de pesos a cambio de no atacarlo a él o a su familia.

El extorsionador le pedía que llevara la plata hasta un punto de la vía que conduce del corregimiento medellinense San Antonio de Prado al municipio de Armenia Mantequilla. La fecha de entrega era el pasado jueves 18 de abril.

Dos funcionarios del CTI adscritos al Gaula, con apoyo del Ejército, se desplazaron hasta el sitio y a las 10:45 a.m., en la calle 6 con la carrera cuarta, capturaron a un tipo en flagrancia, mientras hacía llamadas intimidantes por celular al comerciante.

El arrestado resultó ser “Yovanny”, el testigo perdido en el caso del “Patrón de Bello”. Es además primo hermano del empresario condenado.

Fuentes cercanas al hecho comentaron que el detenido les dijo a los funcionarios “que lo había hecho porque estaba pasando dificultades económicas y le iban a cortar los servicios públicos de la casa”; como prueba, les enseñó las colillas sin cancelar de los últimos dos meses.

El viernes fue llevado ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías, donde la Fiscalía le imputó el delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa, cargo que “Yovanny” no aceptó.

El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel Bellavista, adonde fue internado presa del miedo, pues considera que las amenazas de muerte siguen latentes.

NOTA RELACIONADA: Libertad condicional para “el Patrón de Bello”.

El Inspector.

Seguro han visto la serie de televisión CSI, en la cual los científicos forenses descifran un caso y encuentran al culpable analizando una huella digital en la escena del crimen, o un cabello, una gota de sangre o hasta una pisada. Para los protagonistas, no es necesario que alguien testifique, con sus análisis científicos llenan todos los vacíos, las pruebas hablan por sí mismas en el laboratorio.

Con el actual sistema penal, victimarios y testigos se ven las caras en el juicio.

Bajo esta premisa nos “vendieron” el sistema penal acusatorio, adaptado del estadounidense, y el cual dizque iba a descongestionar la justicia. ¡Sí, cómo no! Vamos para cinco años desde su implementación en 2005 y en realidad la rama judicial no opera más rápido.

Recuerdo una conversación que sostuve, en calidad de periodista, con el entonces director de fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio. Era el año 2005, mucho antes de que sus propios colegas lo procesaran por sus supuestos nexos con la mafia.

En aquel entonces ‘chicaneaba’ con el búnker que se habría de construir en Medellín, como sede de la Fiscalía. “Vamos a tener laboratorios de criminalística como los de CSI”, decía.

Pues bien, el búnker se edificó en el barrio Caribe y, al decir de los propios criminalistas, sus procedimientos están muy lejos de los aplicados en la serie televisiva. Las pruebas de ADN más importantes tienen que enviarlas a los laboratorios de Bogotá porque aquí no hay cómo, y los grupos de investigadores de homicidios no son suficientes para resolver tantos casos: 653 asesinatos en Medellín en 2007, 1.044 en 2008 y más de 1.250 que van en 2009, para mencionar los años recientes.

Es urgente fortalecer el programa de protección a testigos.

Hay que tener en cuenta que en la ciudad, sumando los miembros de la Sijín, el CTI y los refuerzos de la Dijín (los entes con funciones de Policía Judicial), no hay más de 300 personas tratando de resolver todas esas muertes.

Lo difícil para ellos, además de no contar con los recursos técnicos necesarios para mandar a alguien a prisión por una huella, un casquillo de bala o rastros de semen en un cadáver, es convencer a alguien para que testifique.

Alguien que delate, que señale con el dedo, que declare ante el juez, que le dé la cara al presunto asesino, que venza su propio miedo a las retaliaciones, que piense en que denunciando puede prevenir las muertes de otros, alguien que, en fin, no siempre está dispuesto a asumir el riesgo.

Del proceso contra alias ‘Memín’, un desmovilizado de las Auc que sembraba el terror en la comuna 8, fueron asesinados tres testigos. Y un denunciante en el caso contra Hugo Albeiro Quintero, alias ‘El patrón de Bello’, está desaparecido.

Estos ejemplos sustentan la compleja decisión que debe tomar un denunciante, porque en muchos casos el delincuente es su propio vecino, patrono o familiar.

Investigando casos de homicidio en el Área Metropolitana, he dado con testigos oculares de los crímenes, que prefieren tragarse la verdad antes de “carteliarse” (como ellos dicen). Ello explica también que muchos asesinatos sean registrados con el supueso uso de armas con silenciador, porque la gente dice que “no oyó nada”. A veces resulta ser mentira el empleo de tal accesorio, lo que pasa nadie quiere involucrarse.

En esencia, para avanzar en la lucha contra la impunidad hay que considerar dos cosas: la primera son las mejoras en los medios tecnológicos para investigar y la superar las carencias de personal.

La segunda, potenciar los programas de recompensas y de protección a testigos, para que los denunciantes tengan más garantías y se atrevan a enfrentar a los criminales.

¿Y ustedes qué piensan al respecto?

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El Inspector.