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Escazú: el acuerdo de defensa ambiental que sigue en el limbo
Hoy se cumplen 17 meses desde que el Gobierno firmó el Acuerdo Escazú. Congreso sigue sin ratificarlo.
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Colombia ocupa el primer lugar de defensores del medio ambiente y el territorio asesinados. Latinoamérica, en general, es una región riesgosa para tal actividad, según la ONU. FOTO juan a. sánchez
11 de mayo de 2021
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Hace dos semanas el ministro de Ambiente, Carlos Correa, aseguró que el Gobierno no ha levantado su apoyo al Acuerdo de Escazú, cuya ratificación radicó con mensaje de urgencia ante el Congreso el pasado 20 de julio y que actualmente se encuentra engavetado a pesar de que entró en vigor el 22 de abril, sin que pueda, en consecuencia, regir en Colombia.
Sobre el Acuerdo, que el presidente Iván Duque se comprometió a ratificar en medio de la Conversación Nacional que adelantó con diferentes sectores del país a raíz de las manifestaciones de finales de 2019, Correa señaló que en los últimos siete meses el Gobierno ha estado activo socializando con gremios, bancadas, academia, comunidades y ciudadanía en general la importancia de ratificar el pacto, el primero en el continente que integra la defensa de los defensores del territorio, el acceso a la información y participación como pilares de la justicia ambiental.
Desde el Ministerio de Ambiente señalaron a este medio que el compromiso del Gobierno por fortalecer los mecanismos para protección del medio ambiente es tal que, simultáneamente con la defensa que hace del Acuerdo en diferentes escenarios, impulsa un proyecto de ley para endurecer penas por delitos ambientales.
Sin embargo, la opinión de quienes defienden el Acuerdo dista mucho de lo que señala el Gobierno. El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, quien hizo parte de la mesa ambiental en medio de la Conversación Nacional, insiste en que el Ejecutivo “no ha hecho una defensa suficiente para impedir que su misma bancada en el Congreso, comenzando por el Centro Democrático, realice maniobras dilatorias y se oponga a su ratificación”.
Entre esas “maniobras”, se incluye la del senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, quien el 22 de septiembre pasado envió una carta a Mininterior solicitando la suspensión del trámite legislativo aduciendo la necesidad de que se realizara una consulta previa presencial, una vez terminara la pandemia, con las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de todo el país.
Los representantes de dichas comunidades, como la Mesa Permanente de Concertación Indígena, rechazaron que el senador tomara la vocería para realizar una solicitud que no solo no estaban pidiendo, sino que los perjudicaba. Según explicó la Mesa en comunicado con fecha del 29 de septiembre de 2020, ellos habían sido parte de la socialización del Acuerdo y además requerían su ratificación con urgencia, pues son los más vulnerables ante la defensa del territorio. De los 64 líderes ambientales asesinados en 2018 en Colombia, reportados por la ONG Global Witness, el 80 % pertenecían a estas comunidades.
Llamado multilateral
Hace poco más de una semana la ONU pidió nuevamente a los países de la región que se sumen al Acuerdo, el cual el secretario general Antonio Guterres considera indispensable para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático que promulgan las naciones.
“A medida que continuamos abordando los devastadores impactos de la covid-19 e intensificamos los esfuerzos para frenar la triple crisis del cambio climático, el colapso de la biodiversidad y la contaminación del medio ambiente, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú brinda esperanza e inspiración, y prepara el escenario para recuperación sostenible y resiliente”, manifestó.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de comisión regional de Cepal, Alicia Bárcena, reconoció que el “intenso lobby empresarial” se ha convertido en barrera del Acuerdo en la mayoría de los países, pues parte del sector productivo asegura que este exigen requisitos que ponen en peligro la realización de proyectos.
“Este acuerdo lo que dice es que se les debe dar a las comunidades participación y acceso a la información para que las cosas se hagan de la mejor manera posible. No que no se hagan, sino que se hagan mejor”, señaló Bárcenas.
Lina Muñoz Ávila, directora de la Especialización y de la Maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Universidad del Rosario, señala que a la oposición de Escazú, no solo en Colombia sino en Latinoamérica, le han sobrado mitos y le han faltado argumentos.
“El discurso de empresarios y políticos que se oponen ha sido calcado en diferentes países, incluyendo Colombia: que el Acuerdo propicia inseguridad jurídica para el sector productivo, que ya existen mecanismos para garantizar derechos del medio ambiente y sus defensores y que la soberanía nacional está en riesgo”.
Contrario a esto, explica la académica, el Acuerdo señala expresamente que el principio de soberanía de las naciones rige la implementación del mismo; que las cifras de amenazas, conflictos socioambientales y asesinatos de defensores del territorio evidencian la falta de mecanismos integrales para garantizar justicia ambiental; y finalmente que los gremios serían grandes beneficiados para solucionar la ineficacia de la que ellos mismos se quejan frente a trámites ante autoridades ambientales.
En las audiencias adelantadas en el Congreso, académicos y representantes del sector ambiental le argumentaron a los gremios que justamente la falta de transparencia y mecanismos de participación e información en asuntos ambientales y del territorio han afectado a sectores como el arrocero o cafetero frente a proyectos mineros.
Tras finalizar las audiencias públicas, el 4 de noviembre, se acordó en el Congreso realizar dos foros regionales que se llevaron a cabo ese mismo mes, y luego proceder a agendar la votación. Seis meses después no hay anuncios.
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países de Europa y Asia Central ratificaron el pacto de Aarhus, referente de Escazú.
Soy periodista porque es la forma que encontré para enseñarle a mi hija que todos los días hay historias que valen la pena escuchar y contar.
