Que el dinero no se lo roben en los procesos de contratación y ahorrar hasta $6,1 billones al final del gobierno del presidente Iván Duque son dos de los principales retos que tiene José Andrés O’Meara Ribeira, director de la Agencia de Contratación Estatal Colombia Compra Eficiente (CCE), quien llegó a la entidad en mayo pasado.
El funcionario, reconociendo que la corrupción en la contratación pública ha hecho carrera, tiene la tarea, a través de la CCE, de implementar procedimientos que permitan tener mayor vigilancia en los procesos y mayor cantidad de oferentes, con el objetivo de erradicar los llamados pliegos sastre, que son procesos diseñados para que solo un interesado cumpla con los requisitos y de esta manera adjudicarle el contrato.
O’Meara Ribeira, en diálogo con EL COLOMBIANO, señaló que el principal reto que tienen es el ahorro estimado por el presidente Duque, cifra que quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, mostró su preocupación por la necesidad de mayores recursos para las plataformas electrónicas de contratación y más personal en las mismas.
Hay que recordar que según la Contraloría, en Colombia se pierden alrededor de 50 billones de pesos cada año por cuenta de la corrupción lo que, directamente, afecta el desarrollo del país.
¿Cómo encontró CCE, teniendo en cuenta que llegó hace poco?
“La Agencia tiene en este momento retos enormes, que se desprenden de las metas que llegan desde Presidencia, con el propósito de generar mayor ahorro al momento de ejecutar el gasto para la contratación y las compras. Esto quiere decir que lo que compren 15 o 20 entidades en papelería o camionetas blindadas se puede lograr un ahorro de entre el 16 % o el 20 % (los $6,1 billones)”.
¿Qué se ha hecho para luchar contra la corrupción?
“El presidente expidió el Decreto 342 de 2019, relacionado con licitaciones en procesos de infraestructura se presenten en promedio de 30 o 35 oferentes, incluso hemos tenido entidades con hasta 75 oferentes”.
¿Esto sirve para acabar con los pliegos sastre o hechos a la medida del contratista amigo del alcalde?
“Sí, es la meta. Porque sabemos que eso sucede en el país. Con los pliegos tipo pasamos de un solo oferente a más de 30, para que sea más plural. En este momento tenemos pliego tipo para infraestructura y estamos adelantando el de auditoría”.
¿Y desde que se implementaron los pliegos tipo se han hecho evaluaciones de su funcionalidad?
“Sí. Hicimos un estudio con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que nos demostró que entre el 1 de abril y el 20 de mayo se contrataron aproximadamente 205 mil millones de pesos, en 14 entidades territoriales e Invías, y se hicieron con promedios de 33 oferentes. En contraste, 44 mil millones de pesos, en siete entidades, se hicieron con único oferente. Por esta situación les compulsé copias a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que investiguen estas situaciones”.
¿Usted dijo hace poco que hay unas alertas tempranas alrededor de la contratación, dónde están?
“De los 21 entes analizados entre abril y mayo, encontramos que hubo 7 que no cumplieron. Por el otro lado, 14 sí lo hicieron. Vemos un avance sustancial, pues con el 70 % de la contratación pública sí se está cumpliendo. Ahora, las alertas que identificamos porque no cumplieron con los pliegos tipo están en Orito (Putumayo), la Gobernación del Chocó, la Asociación de municipios del Magdalena Medio y en Leticia, que son las entidades territoriales que no cumplieron y que adjudicaron o recibieron un solo oferente”.
Es muy complejo analizar la contratación, sobre todo porque el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) tiene siete millones de contratos, ¿qué se puede hacer? ¿cómo se pueden priorizar?
“Esa dificultad existe porque son millones de contratos para analizar. Pero, lo que se puede hacer, por ejemplo desde los medios de comunicación, es hacer una georreferenciación de las zonas donde están, revisar los tipos de contrato que hay y analizar quiénes son los contratistas. Se pueden pirorizar los que tienen que ver con los derechos fundamentales o los que tengan repercusiones relevantes frente a los presupuestos de las entidades territoriales”.
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