La audiencia de preclusión en el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, solicitada por la Fiscalía General de la Nación, concluyó este martes sin decisiones y con una nueva fecha para reanudarla.
La juez Carmen Helena Ortiz, encargada del caso, citó a las partes para el próximo viernes 9 de abril a una nueva jornada de la audiencia, en la que se decidirán los temas que quedaron pendientes este martes y se dará paso a los argumentos con los que la Fiscalía justificará su petición de preclusión en el caso del expresidente Uribe, quien está siendo investigado por presunto soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
La diligencia, que se inició con más de una hora de retraso, transcurrió este martes de manera lenta entre las fallas técnicas de la virtualidad, los pedidos de palabra de las partes y la demora para enviar documentos, vía correo electrónico, por parte de abogados y ente investigador.
De hecho, a las 11:05 a.m., la juez Ortiz ordenó un receso de 30 minutos mientras se lograban cargar y enviar documentos que aún no conocían las demás partes y que fueron presentados por el abogado del periodista Gonzalo Guillén, Roberto Rodríguez. Sin embargo, pasadas las 11:40 a.m. se retomó la diligencia judicial.
La audiencia abrió con la exposición de argumentos por los que el periodista Guillén y Deyanira Gómez, excompañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve (considerado como testigo clave en este proceso), deberían ser considerados como víctimas dentro del proceso contra Álvaro Uribe.
El primero en tener la palabra durante la audiencia fue el abogado Miguel Ángel del Río, quien argumentó que su cliente, Deyanira Gómez, se habría visto afectada de varias formas tras ofrecer declaraciones en contra del expresidente. Según sus argumentos, Gómez debió salir del país con sus dos hijos, de 10 y 3 años de edad, huyendo de supuestas intimidaciones.
Así mismo, el abogado del Río le entregó a la Juez las escrituras que, según aseguró, acreditarían a Gómez como dueña de la finca La Veranera, un inmueble sobre el que la Fiscalía impuso extensión de dominio argumentando que pertenecía a Monsalve.
Así las cosas, del Río insistió en que, dado que La Veranera le pertenecería a Gómez, y no a Monsalve, también habría existido un daño sobre el patrimonio para la mujer que ahora reclama su posición como víctima dentro del caso.
Miguel Ángel del Río, además, denunció un supuesto “plan” para deslegitimar a Gómez en su calidad de víctima.
Seguida a esa intervención, la atención estuvo puesta sobre los argumentos de Roberto Rodríguez. En su exposición del caso, el abogado de Guillén mencionó la carrera del periodista y argumentó que debe ser considerado como víctima por supuestas calumnias que se han levantado en su nombre desacreditándolo dentro de su profesión.
Lo que dice la Fiscalía
Por su parte, Gabriel Ramón Jaimes, coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte y quien tenía en su despacho este expediente, en nombre de la entidad que representa se opuso a que Gómez y Guillén sean declarados como víctimas en el caso Uribe, pues, según argumentó, no cumplen con los requisitos para que así sean declaradas.
En el caso de Gómez, la Fiscalía dijo que “no tiene vínculo o relación directa con esos hechos, a manera de víctima, ni con los hechos jurídicamente relevantes”.
Así mismo, el fiscal Jaimes Durán añadió que los argumentos del abogado la podrían ubicar como testigo, pero no como víctima. “Sí hay una participación de Gómez, pero a manera de testigo en algunos puntos específicos”, advirtió.
De igual modo, para justificar su petición de negar lo solicitado, afirmó que “la Fiscalía estima que no existe un vínculo fáctico entre los hechos jurídicamente relevantes de esta investigación (...) con la intervención del señor Guillén, que es meramente como periodista”. La Fiscalía, además, argumentó que las afectaciones que fueron descritas para ambos casos deben ser llevadas en investigaciones aparte y que, en ese sentido, no tendrían por qué interferir en la audiencia de preclusión que pidió ese el acusador en el caso Uribe.
El jefe del Ministerio Público, Jorge Enrique Sanjuan, se unió a las afirmaciones de la Fiscalía y pidió, con argumentos similares, que no se acepte la condición de víctimas para ambos implicados.
Tras esa declaración, intervinieron el abogado Reinaldo Villalba y los exfiscales Jorge Fernando Perdonmo y Eduardo Montealegre, quienes se mostraron a favor de aceptar esa figura jurídica para Gómez y Guillén.
El defensor del expresidente y exsenador Uribe, Jaime Granados, apoyó a la Fiscalía y al Ministerio Público en los argumentos entregados y se mostró en desacuerdo con otorgarles el reconocimiento de víctimas.
Así las cosas, y tras escuchar todas las declaraciones, la Juez decidió dar por terminada la audiencia tras argumentar que necesitaría un “tiempo prudente” para analizar las pruebas y testimonios entregados. En ese sentido, la audiencia para definir si se acepta, o no, la posición de víctimas se dará al final de la semana.
Sobre el caso puntal de preclusión para el caso por presunta manipulación de testigos no hubo mayores declaraciones, pues las más de cinco horas de audiencia giraron en torno a la petición de Guillén y Gómez. Una vez definida esa situación, se espera que la audiencia retome su curso con relación a la petición de la Fiscalía.
