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Los desafíos que plantea la liquidación de cuatro EPS

  • En total son 2,7 millones de afiliados los que tendrán nueva EPS, por cuenta del cierre de cuatro EPS. FOTO Edwin Bustamante Restrepo
    En total son 2,7 millones de afiliados los que tendrán nueva EPS, por cuenta del cierre de cuatro EPS. FOTO Edwin Bustamante Restrepo
Publicado el 16 de octubre de 2019
Infografía
Los desafíos que plantea la liquidación de cuatro EPS
en definitiva

El Gobierno tiene en marcha el Acuerdo de Punto Final, que busca sanear las deudas del pasado, pero los analistas dicen que no garantiza que este panorama con las EPS no se repita en el futuro.

En menos de un mes, 2,7 millones de usuarios del sistema de salud colombiano deberán cambiar de Empresa Promotora de Salud (EPS), por cuenta de decisiones de la Superintendencia de Salud de liquidar o revocar los servicios de siete EPS.

De estas, cuatro fueron liquidadas: Comfacor, que salió de seis departamentos; Cruz Blanca, (4) Emdisalud (9) y Saludvida (18); y otras tres: Coomeva, Comparta y Medimás perdieron su licencia para operar en ocho departamentos, porque de acuerdo con la Supersalud no cumplían con sus servicios y vulneraban derechos de los usuarios, como demoras en la asignación de citas, deudas con las entidades que les prestaban servicio y, en general, por provocar riesgos para la vida de pacientes.

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, anunció la liquidación de Saludvida (saldrá de 17 departamentos y Bogotá), destacó que los afiliados serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS que garantizarán su atención desde del próximo 1 de noviembre.

“Los prestadores deben garantizar los servicios. Les recuerdo que pueden incurrir en una sanción”, manifestó el superintendente, aclarando que los afiliados de estas EPS serán trasladados a empresas que no cuenten con medidas de vigilancia, es decir, que estén “saludables” en materia financiera y administrativa, que en la actualidad son 19.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Aristizábal dio un parte de tranquilidad a los usuarios, al explicar que les deberán garantizar la atención hasta el 31 de octubre próximo, y las EPS receptoras los atenderán desde el 1 de noviembre.

“Son decisiones difíciles de entender, pero necesarias”, agregó el funcionario.

Al respecto, Gustavo Morales Cobo, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), indicó que reflejan esfuerzo de depuración que viene liderando la Supersalud.

“Estamos seguros que las decisiones se tomaron con base en la mejor información disponible y ponderando los pros y contras”, indicó el directivo, quien llamó la atención para que “se garantice la continuidad del servicio para los pacientes”.

¿Qué representa?

Para Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, este reto asumido por la Superintendencia, les permite tener algo de tranquilidad a los usuarios, pues las EPS que les vulneran sus derechos salen del tablero.

También señaló que la Superintendencia debe mantener la línea de “sacar a las que no cumplen”, y sobre los retos que quedan para las receptoras, manifestó que no habrá dificultades para atender sus nuevos usuarios, “porque los que reciben llegan con dinero de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, que es el dinero que recibe cada EPS anualmente por cada usuario.

Otra visión tiene Jairo Humberto Restrepo, director del grupo de Economía de la Salud de la U. de Antioquia, quien explicó que podría traer efectos negativos para las receptoras, porque “las liquidadas tenían represadas atenciones y tratamientos”.

El exviceministro de Salud Fernando Ruiz, destacó que cerrar las “malas EPS” son pasos “en la dirección correcta”, ya que se busca depurar el sistema de aseguramiento.

Asimismo, planteó que aún hay otra tarea que se debe resolver: “Solucionar las causas que han llevado a tantas EPS a la insolvencia y los malos servicios. Ese es el reto que hoy tiene el Minsalud”, acotó. El superintendente, por su parte, destacó que se busca que “estrenen salud”, para que no les vulneren sus derechos.

Aún hay tareas

Restrepo, de la U. de A., manifestó que la tarea del país, de ahora en adelante, será diseñar e implementar un plan estratégico para garantizar la sostenibilidad, “que empiece por reconocer si la UPC es suficiente para garantizar los servicios”.

De acuerdo con el académico, “cada vez los ciudadanos aspiramos a más servicios, pero con los mismos recursos, que no crecen al mismo ritmo que crecen las exigencias de los usuarios”. Sobre el planteamiento, alrededor del cual se insiste en que el sistema garantice que las EPS no se conviertan en un círculo vicioso de deudas y de mala prestación de servicios, el Supersalud señaló que lo que está pasando en la actualidad “es el cúmulo de muchos años de que las EPS no hicieran reserva técnica, ni protegieran el patrimonio mínimo”.

Por esto, según él, en el país se dejó avanzar el problema y las EPS no arreglaron sus dificultades como debían hacer, algo que debe cambiar en la actualidad y en la que se enfoca la Superintendencia.

Contexto de la Noticia

Comfacor abrió el camino a liquidaciones

Fue la primera liquidada este año y fue el ejemplo de lo que se vendría. Salió de 74 municipios en seis departamentos y dejó 540.303 afiliados. “No tenía cobertura del 100 %”, dijo la Supersalud. Usuarios se quejaban por la restricción en el acceso a la salud y llegaron a cuatro EPS.

Cruz Blanca no garantizó la atención

Salió de 31 municipios y atendía a 312.000 usuarios. En Antioquia, por ejemplo, tenía 50.808 en seis municipios. Sobre esto, el exministro de Salud, Jaime Arias, explicó que el problema está en que los usuarios estaban dispersos, lo que no garantizaba calidad en la atención.

Emdisalud no cumplió planes de mejoramiento

El resultado de las actuaciones de inspección y control, ejecutadas en la entidad, permitió concluir que debía ser liquidada y se le retirará la revocatoria en nueve departamentos. El exministro Arias dijo que, aunque son cuatro las liquidadas, “aún hay otras que no cumplen con la atención”.

Saludvida, por fuera de 18 departamentos

De acuerdo con la Superintendencia, la EPS no mejoró y por el contrario empeoró, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población afiliada en 18 departamentos (incluyendo Bogotá). “Reporta 257,07 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cuando el promedio nacional es de 51 muertes”.

Richard Aguirre Fernández

Periodista de la Universidad del Quindío. De Calarcá.

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