La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) comenzó tareas ayer de análisis e identificación en Puerto Berrío, labor que será piloto para su quehacer en los demás municipios con casos pendientes.
En diálogo con EL COLOMBIANO, su directora, Luz Marina Monzón, se refirió a los retos y los planes de la entidad actualmente. Habló de cómo el recrudecimiento de la confrontación armada afecta las labores de búsqueda y como se está articulando al polémico Caso 03, conocido como ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.
¿Cuáles son las mayores dificultades para la labor?
“Yo creo que el conflicto armado es un riesgo, porque nosotros buscamos en esos territorios. Entones, si se agudiza el conflicto, y si esos actores no respetan una misión humanitaria, eso es muy grave porque no podemos ingresar.
Otra dificultad es que no se agilice el relacionamiento interinstitucional y no se motive la participación de la sociedad civil, porque no hay posibilidad de que alguien haga una búsqueda solo. Además, este trabajo requiere una determinación del Gobierno, de comprometerse realmente con la implementación del Acuerdo”.
¿El presupuesto es una preocupación?
“Este año no nos dieron todo el presupuesto. Nos dieron 120.000 millones de los 128.000 que habíamos pedido. Esos 128.000 millones estaban representados en funcionamiento y tres proyectos de inversión: uno de acciones humanitarias, uno de fortalecimiento institucional y otro de tecnología. En tecnología nos quitaron recursos, ahí se hizo un recorte de 5.000 millones de pesos.
En 2016, el sistema incluso se instaló con recursos de cooperación internacional. Naciones Unidas hizo una bolsa que se llama Fondo Multidonante, con esos recursos todo el sistema se instaló porque no hubo disponibilidad de fondos del Estado inmediatamente.
Esto no puede depender de cooperación, que es muy importante y yo espero que se mantenga, pero esta es una responsabilidad del Estado y el Estado tiene que poner de manera prioritaria dentro de su presupuesto la implementación de este Acuerdo”.
¿Cómo se articularán al caso de las ejecuciones extrajudiciales?
“Tenemos varias acciones en la misma lógica de coordinación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ese caso tiene incidencia en lo que es la búsqueda porque muchas personas que fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias están reportadas como desaparecidas. La JEP nos está dando información y a partir de eso estamos estructurando nuestra metodología que son los planes regionales de búsqueda.
De hecho, parte del trabajo en Samaná (Caldas) tiene que ver con hipótesis de posibles ejecuciones extrajudiciales, como también podría ser el Cementerio Universal de Medellín y Puerto Berrío.
Hemos venido asistiendo a algunas audiencias de personas que han estado ofreciendo información, pero no solamente en estos lugares, también en Urabá, en donde hay personas en el marco del caso 03 que están dando información sobre lugares de ubicación”.
¿Cuál es el plan en Puerto Berrío?
Nosotros tenemos un equipo territorial en el Magdalena Medio, porque esa es una zona en el marco del conflicto armado donde se concentran muchas desapariciones.
Entonces, el equipo está trabajando en la recolección y en el análisis de ese contexto regional que empieza a conectarse con Samaná, porque el río Magdalena tiene deparecidos y no se quedaron en el punto en que los arrojaron y la información recopilada en Samaná nos lleva a Puerto Berrío”.
¿Qué podría decirles a los familiares de las víctimas?
“La Unidad está genuinamente comprometida en encontrar a sus seres queridos. ¿Qué significa que estamos geuinamente comprometidas? Que no solo reconocemos que esta unidad existe por ellos, sino que la implementación de esta entidad ha tenido en cuenta sus reclamos, sus necesidades y estamos implementando metodologías que agilicen la búsqueda de sus seres queridos”
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