El municipio de Briceño, Norte de Antioquia, tiene según el Dane 7.900 habitantes, 2.000 familias. A pesar de ser una región donde se puede cultivar gran variedad de productos, solo existen 727 unidades productivas, de las cuales 58 tienen asistencia técnica y 75 cuentan con algún tipo de construcción o poseen maquinaria. De esos 727 negocios, solo 33 solicitaron crédito para producir, pero solo a 17 les fue aprobado.
Esa es una radiografía de lo que actualmente pasa con la agricultura en esa población antioqueña, donde queda claro, como lo afirma el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, “nos muestra de una forma dramática, por qué los campesinos buscan alternativas como los cultivos de uso ilícito, y es que no hay crédito, no hay asistencia técnica para ellos”.
Aún sin tener una hoja de ruta concreta, la cual estaría lista en dos meses, y sin saber cuántas hectáreas de mata de coca existen en Briceño, el Gobierno, las Farc y las comunidades de 10 veredas (ver mapa), iniciaron el proyecto piloto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
Dicho plan fue presentado, sin muchos detalles a los campesinos representantes de las diferentes veredas y a los medios de comunicación, y después de ese evento, los presidentes de las juntas de acción comunal sostuvieron varias reuniones con el personal del Gobierno y las Farc para conocer pormenores.
Sin embargo, según varios líderes como John Arley García, representante de la vereda Palmichal, “quedamos insatisfechos porque pensábamos que en las reuniones nos iban a mostrar el plan que tienen para que dejemos los cultivos ilícitos, pero no dijeron nada, entonces seguimos a la expectativa. Este lunes (mañana) tenemos una nueva reunión para conformar unos comités y empezar a trabajar”.
La realidad en las veredas
No es desconocido que para los campesinos, a falta de garantías por parte del Estado para cultivar otros productos, la hoja de coca se convierte en la mata que más oportunidades les ofrece, “la coca no da plata, pero nos da un sustento”, es lo que dicen la mayoría de personas que la trabajan en Briceño.
John explica que para sembrar cinco mil palos de coca “usted necesita unos cinco millones de pesos, para las semillas, los jornales, el lote, un timbo de petróleo, ácido, amonio, cemento, entre otras cosas; esa cantidad de palos ya procesados le puede dejar a uno libres entre tres y cuatro millones cada dos meses”.
Beatriz Jaramillo, presidenta de la junta de acción comunal de la vereda el Roblal añade que “para quienes cultivan, movilizar el producto para su venta no requiere de un transporte especial y muchas veces el comprador está cerca”, y añade que todos los representantes de las diferentes veredas pidieron al Gobierno y a las Farc que “no se inicie con la erradicación hasta que los otros proyectos que se elijan comiencen a producir, porque por ejemplo el cacao se demora casi dos años y el café un año para dar”.
Dicha posibilidad aún se está negociando, sin embargo, Rafael Pardo insiste en que después del plazo de dos meses en los que se espera esté lista la hoja de ruta, “los campesinos se comprometan a sustituir los cultivos” y aclara que “la coca sigue siendo ilegal, la siembra también, pero el Gobierno no ha renunciado a ninguna de las alternativas”.
Vías: lo más urgente
José Cárdenas Zapata es el dueño de una Yipeta Willys azul modelo 54, aún tiene las antiguas placas negras y “fue modificada para poder transitar las trochas de Briceño”; al momento de esta reportería el vehículo, que recién llegaba de la cabecera municipal a Pueblo Nuevo (tres horas de camino), para surtir de cerveza a las tiendas, sufrió un daño en la transmisión, sin embargo para su propietario, “es algo normal después de la exigencia de la trocha por la que llegamos.
“Trabajamos para estas comunidades que están más distantes: Orejón, Pueblo Nuevo, el Roblal, Gurimán, El Hoyo. Transportamos toda clase de insumos, de material, comida, todo lo que la región produce”, dice José, quien asegura que su carro alcanza a movilizar hasta dos toneladas y media y depende del peso y la distancia cambia el precio para los campesinos, “desde Orejón o Pueblo Nuevo cobramos entre 250 y 300 mil pesos el viaje, eso sí depende de las condiciones de la vía”, agrega.
La Yipeta de José lleva todo tipo de insumos a esas comunidades, y saca ganado y café que los campesinos venden en el pueblo, pero ese transporte se complica cuando llueve. La vía, que tiene unas pronunciadas pendientes, se vuelve intransitable con el lodo y el paso por la quebrada “la Juez” es imposible ante la falta de un puente para cruzarla.
“En invierno es muy normal que nos toque quedarnos varios días en estas veredas porque simplemente no hay paso, por ejemplo hace pocos días se nos dio un viaje, salimos un lunes y llegamos el martes por la tarde y al señor que nos contrató le cobre 400 mil pesos por tanto inconveniente que hubo, y él también me respondió por la dormida, ese señor llevaba una carga de café, y si le fue muy bien le pagaron por eso 700 mil pesos, entonces vea que el campesino ya va perdiendo solo con la sacada del producto”, relata José.
Interesados en Catatumbo
“La edificación de la paz con la participación del pueblo se puede decir que ha empezado a andar con este proyecto piloto”, fueron las palabras del jefe guerrillero “Pastor Alape”, al dar inicio al plan de sustitución, y una de las premisas que tiene dicho programa es la inclusión de las comunidades, por eso una comitiva de campesinos de la región de Catatumbo, Norte de Santander, llegó hasta Briceño para aprender y copiar lo que salga del reemplazo de cultivos de uso ilícito.
Olga Lucía Quintero Sierra, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo y vocera de la cumbre agraria, dice que la gente que ella representa tiene grandes expectativas con el inicio del plan de sustitución, pero esperan que “sean tenidas en cuenta las propuestas que se tienen y que han llegado desde muchas regiones que tienen el mismo problema, no solo de cultivos de uso ilícito, también de abandono social”, afirma.
Otro de los pedidos en el que coinciden los representantes del Catatumbo y de Briceño es la seguridad que el Gobierno debe prestar, y es que en ambas zonas aún quedan otros grupos interesados en comprar la coca a los campesinos.
“Los Urabeños” o “Clan del Golfo” es uno de los grupos que compra la pasta de coca en otras veredas del municipio de Briceño, algo que según las autoridades, ha generado una racha de homicidios entre los grupos que se dedican a la compra y comercialización del producto. Sobre esto, Rafael Pardo asegura que tanto el Gobierno como la Fuerza Pública “ya trabajan en la interdicción sobre la capa intermedia, la que compra la base, la pasta de coca que cultivan los campesinos”.
1.000
hectáreas, de 37 mil que hay en Briceño, tienen escrituras de propiedad formalizadas.
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