La Plenaria del Senado de la República acaba de aprobar, en último debate, el acto legislativo que establecerá la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia.
El proyecto de acto legislativo realizará una modificación a la Constitución Política colombiana, para establecer la pena para los responsables de este tipo de delitos.
La iniciativa ha rodado por el Congreso 13 veces en los últimos años y, finalmente, fue aprobada.
Su discusión estuvo enredada por una recusación contra la Plenaria del Senado. El recusador argumentó que había interés electoral de los congresistas para aprobar este proyecto, que ha generado discusión y debate en el país, entre quienes lo califican como una medida de populismo punitivo, y entre quienes señalan que es una pena severa para reducir los delitos contra la niñez.
Antes de la votación para rechazar la recusación, los 22 congresistas de la Comisión Primera, que también fueron recusados en el debate de la semana pasada en esa Comisión, se retiraron de la discusión y votación, por considerar que no se había resuelto la recusación en la Comisión de Ética del Congreso, pese a que el presidente de esa Comisión, Carlos Abraham Jiménez, había dicho que rechazaba la recusación, por considerar que no cumplía con los requisitos legales para radicarse.
Finalmente, con 58 votos, la Plenaria decidió rechazar la recusación y procedió a debatir y aprobar la ponencia radicada para darle vía libre al acto legislativo. Con el cambio constitucional quedó así ahora:
“Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declara extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social. De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua. Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado”.
Es decir que el condenado al cumplir los 25 años de su pena le podrán revisar la misma, para que un juez, disponga si le pueden rebajar algunos años siempre y cuando haya cumplido con un proceso de resocialización.
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¿Inconveniente o no?
Sobre esta noticia, que aún deberá pasar a concilicación y control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, el exministro de Justicia Yesid Reyes señaló que al aprobarse el acto legislativo, esto “implicará una notable reducción de la pena para quienes sean condenados por esos delitos. Con la ley vigente, quien abuse sexualmente de un menor y luego lo mate, puede ser condenado a 60 años que con trabajo y estudio pueden quedar en 40”, dice Reyes.
Su argumento se basa en que el acto legislativo fue aprobado con una revisión de la pena a los 25 años de la condena. “El acto legislativo permite que esos delincuentes queden libres después de 25 años, que con trabajo y estudio son solo 16,5. Es decir, el acto legislativo permite que esos delincuentes puedan quedar en libertad después de 16,5 años de privación efectiva de la libertad, en vez de tener que cumplir los 40 años físicos que les impone la legislación actual”.
Al preguntarle a Reyes si consideraba que el acto legislativo superaría el control de constitucionalidad, respondió: “No lo creo, en la medida en que la cadena perpetua puede ser considerada como una pena que afecta la dignidad humana”.
Sobre la aprobación, Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, manifestó que “la cadena perpetua es inoportuna, la administración de justicia tiene graves problemas funcionales como la congestión, la insuficiencia de investigadores especializados en este tipo de conductas, el error judicial, el hacinamiento carcelario, los costos económicos y la sostenibilidad, solo para mencionar algunos factores”.
La más contenta fue la hija de la difunta congresista Gilma Jiménez, Yohana Jiménez, quien continuó el legado de su madre, en aras de establecer esta pena en el país.
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Al respecto, en diálogo con EL COLOMBIANO, manifestó que “la pena de prisión perpetua seguirá prohibida en Colombia, con una sola excepción y es que el delito sea cometido contra un niño, esa es la valía y el significado tan especial que tiene la Ley Gilma Jiménez. Nosotros los colombianos le enviamos un mensaje al mundo, les contamos que en nuestro país no toleramos la violencia contra los niños, no perdonamos a los delincuentes que atentan contra sus vidas, su integridad física o sexual. Cumpliremos así con la prevalencia de sus derechos ordenada en el Art. 44 de la Constitución”, resaltó Jiménez.
Adicionalmente, Yohana ha asegurado que nadie nos puede garantizar que un violador o un asesino de niños no vaya a atacar a otro niño si sale de la cárcel, pero argumenta que ahora con la ley Gilma Jiménez sí se puede garantizar.
“Esta semana, cuando sea una realidad la Ley Gilma Jiménez, se viene un trabajo todavía más arduo. Se deberá tramitar por el Congreso las leyes que reformen, entre otros, el Código Penal y lo más importante que consoliden una Política Pública integral para la protección efectiva de nuestros niños y la garantía de sus derechos, normas que le den aplicabilidad a esta reforma”, concluyó.
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Hay que fortalecer la investigación
Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –entidad que vela por la protección de los derechos de la infancia– manifestó en enero de este año a este diario que lo que falta es justicia, “pues de cada 100 casos de abuso sexual, 95 quedan en la impunidad. De modo que si cinco personas van a cadena perpetua, 95 quedan libres. Eso no nos garantiza justicia ni seguridad”.
Lo mismo piensa el doctor en Derecho, Francisco Bernate, que, en efecto, se “deben fortalecer las capacidades de investigación y justicia del Estado para tener una red fuerte” pues, según él, el problema de Colombia está en la ausencia de “investigadores, la desprotección de los niños y la inexistencia de mecanismos de protección temprana” de estos delitos.
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