Este jueves se llevó a cabo el primer encuentro de los ternados para ocupar el cargo de Fiscal General con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los responsables de dar el aval para que alguno de ellos sea el nuevo jefe del búnker. Sin embargo, es de anotar, que la presentación la hacen ante una Corte que no está completa, por lo que escoger fiscal es un asunto matemáticamente bastante difícil (ver recuadro)
Durante la exposición, el primero en hablar fue el actual consejero presidencial Francisco Barbosa, quien señaló que es necesario “retomar la idea del fortalecimiento de la investigación de la Fiscalía General”.
También consideró necesario robustecer la Policía Judicial y fomentar acciones para estar en territorio. “Quiero ser fiscal de territorio y no de búnker”. Barbosa, además, aseguró que en caso de quedar elegido acompañaría al tribunal de paz “en lo relativo a la Policía Judicial y en todo lo que se requiera para entender la dinámica del cierre del conflicto”.
El actual consejero también busca imponer en su plan bandera un mecanismo relativo a la defensa y prevención de las mujeres y los niños, esto enmarcado en que se deben esclarecer el 100% de los feminicidios.
Luego llegó el director de la Agencia Jurídica, Camilo Gómez, quien se unió a la voz de Barbosa y propuso tener a la Fiscalía como “una oficina litigante” donde sus mayores clientes y su razón de ser sean los ciudadanos. “La Fiscalía debe estar bien organizada, ser eficiente y dar buenos resultados”, por lo que Gómez consideró que un paso adecuado para lograr esto es la interlocución directa la Rama Judicial, en especial con la Corte Suprema de Justicia. Consideró, en razón a la jurisprudencia, que no se deben cambiar las normas sino aplicar las ya existentes.
El candidato añadió que es necesario contar con el uso adecuado de la tecnología, aplicada al derecho. “Ese es uno de los grandes retos de la Fiscalía. El uso adecuado de la tecnología debe concluir en una mejor justicia y debe acercarla al ciudadano”.
Gómez tiene claro que la tecnología sin ayuda humana no funciona, por eso dijo que si llega a ser elegido se compromete a potenciar los instrumentos tecnológicos que existen en este momento en el ente acusador, esto con el fin de hacer más “eficiente y ágil” la investigación.
Señaló que es necesario mantener un modelo de investigación tendiente a superar el esclarecimiento de crímenes, por lo que consideró que “la Fiscalía no puede enfrascarse más en discusiones sobre la JEP o condiciones de competencias, por lo anterior considero que la misión de la Fiscalía en la construcción de la paz, empieza con la colaboración armónica con la JEP y la Comisión de la Verdad y termina con la investigación integral de las graves violaciones de derechos humanos”.
A su turno, Clara María González, actual secretaría Jurídica de Presidencia, indicó que es importante que los procesos judiciales que adelanta la Fiscalía estén basados en pruebas de alta calidad, por lo que se comprometió a que sus investigaciones no terminarán en prescripciones. “La Fiscalía debe limitarse exclusivamente a su función Constitucional de investigar los hechos que revisten características delictuales y acusar ante los jueces cuando exista mérito para ello evitando así errores judiciales”, añadió.
González señaló que uno de sus planes bandera de la Fiscalía será las investigaciones tendientes a fomentar acciones de prevención y judicialización para los casos de feminicidios y población indefensa como lo son los niños. Por ello, consideró pertinente abrir un esquema de investigación exclusivo para tales situaciones.
En cuanto al tribunal de paz (JEP), González fue escueta en su respuesta al decir que la relación debe ser armónica, de cooperación, colaboración e independencia dentro de los controles del marco de la ley.
Sobre uno de los temas más álgidos en cuestión jurídica, el de Odebrecht, los tres ternados coincidieron que aún no hay mucha información sobre lo ocurrido. Los aspirantes a fiscal afirmaron que es necesario sostener una investigación fuerte que entregue no solo resultados jurídicos en razón a los responsables del hecho, sino también en cuanto a la ciudadanía.