Toda la tarde de ayer, periodistas de diferentes medios de comunicación colombianos esperaron una confirmación que, hasta las 11:06 p.m., cierre de edición del periódico EL COLOMBIANO, nunca llegó: el caso del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y soborno de testigos, pasaría de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía.
Este diario intentó confirmar las versiones que circularon en los portales durante toda la tarde, pero no hubo confirmación ni de los magistrados de la CSJ ni de la Fiscalía ni del expresidente Uribe, a quien se le consultó pero no respondió.
La especulación se acrecentó ayer cuando el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fue hasta la CSJ supuestamente a entrevistarse con los magistrados. Fuentes de la Fiscalía confirmaron a este diario que Barbosa sí estuvo en el recinto, pero no recibió el expediente.
“El expediente deben radicarlo oficialmente. Esto tiene un trámite y un protocolo. Estamos a la espera de que eso suceda”, expresaron desde el ente investigador.
Una pendiente
La decisión de quien asume el caso de Uribe está pendiente, pues con su renuncia al Senado, ocurrida el pasado 18 de agosto, éste perdió el fuero que hacía que cualquier proceso penal en su contra fuera asumido por la Corte Suprema como máxima instancia judicial del país.
Desde ese momento, el alto tribunal quedó facultado para investigar y juzgar a Uribe solo en actos que se hubieren cometido en relación con sus funciones como congresista.
Con esto, el debate jurídico sobre a quién competía continuar al frente del proceso se desató en el país. Mientras algunos juristas citaban el Auto 31653 del 1 de septiembre de 2009 de la Corte Suprema, en el que esa corporación afirmaba que la renuncia de un congresista a su investidura “no sustrae a la Corte de su competencia para seguir investigando”, otros citaban un parágrafo del Artículo 235 de la Constitución colombiana, que determina que “cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas”.