Con satisfacción, pero al mismo tiempo con cautela fueron recibidas por parte de expertos en la materia las medidas anunciadas por los magistrados de la Corte Constitucional para darles transparencia, publicidad y celeridad a los procesos al interior de esa Corporación.
Por ejemplo, para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, Manuel Quinche, “hay que ser cautelosos pues una reforma de esa índole no se debe hacer en caliente, hay una gran riesgo de que esta coyuntura sea aprovechada por los enemigos históricos que ha tenido la Corte para hacerle daño”.
Por su parte, para el profesor de Ciencias Políticas de la UPB, Miguel Silva Moyano, el hecho de que los magistrados no se hayan referido al tema del escándalo Pretelt fue positivo porque “se mantuvo la discusión en el plano misional e institucional y no en el personal. Aquí el problema no son las personas sino las instituciones y si bien es cierto, estamos esperando respuestas del caso Pretelt, la Corte no se puede modificar en función de un caso particular”.
Las reformas, que, según los togados, serán implementadas en abril próximo contemplan la reglamentación del proceso de selección de tutelas, así como la necesidad de dotar de un carácter más corporativista las funciones electorales de ese alto tribunal en la elección del registrador y el contralor general.
Las reformas anunciadas
El magistrado Mauricio González, quien es una de las piezas claves del caso Pretelt, asumió la vocería del órgano constitucional y dio a conocer el paquete de reformas que pretenden implementar y que se concentra en tres grandes ejes temáticos.
El primer bloque de propuestas abarca el proceso de selección de tutelas en el alto tribunal, que puede ser el proceso donde más riesgo existe de que incidan intereses personales debido a la falta de claridad en sus reglas.
Precisamente, la propuesta de González pretende que sea un proceso más reglado y menos discrecional, donde haya unos criterios de selección establecidos y exista una motivación a las decisiones que allí se tomen. También se quiere que el recuso de insistencia —usado para insistir en la selección de una tutela desechada— tenga una regulación mucho más estricta.
Quinche, quien dijo estar de acuerdo con esta idea, agregó que “corresponde a una necesidad muy vieja, pues en los primeros años de la Corte el número de tutelas era muy bajo y hoy está desbordado, de ahí la necesidad física de que cambie el proceso”.
Otro punto que será reformado tiene que ver con el lleno de los vacíos que hay en el tema de términos y plazos para la presentación de ponencias y la publicación de fallos, ya que se ha vuelto bastante usual que la Corte dé a conocer el sentido del fallo, pero se tarde algunos meses en publicar la sentencia.
Para Silva, “cualquier acción que vaya encaminada a dar celeridad a los procesos brindará estabilidad institucional, sobre todo si así se evita que las decisiones interfieran con eventos políticos, como sucedió con la revocatoria del alcalde Gustavo Petro, que por las demoras de la Corte generó una especie de asincronía institucional y se prestó para suspicacias”.
Por otro lado, aunque es un asunto contemplado en la reforma de equilibrio de poderes, los magistrados propusieron, de manera provisional, que las funciones electorales que tienen que ver con la postulación de candidatos a registrador y contralor no se concentren exclusivamente en el presidente de la Corte sino en la Sala Plena.
Sin embargo, Quinche difiere en lo que tiene que ver con la eliminación de las funciones electorales de las Cortes, pues “si no tuvieran la posibilidad de participar en esos procesos, la Corte Suprema no hubiese podido rechazar, por ejemplo, la terna del gobierno de Uribe para Fiscal, dentro de la cual estaba Pretelt, lo que me pareció un gran acierto”.
