El consumo de tabaco tiene impactos que van más allá de la salud pública. Esa es una de las conclusiones del estudio Caso a favor de la inversión para el control del tabaco en Colombia que presentaron ayer RTI International, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Solo en 2017, su consumo representó 17 billones de pesos, lo que equivale al 1,8 % del PIB. Fumar, de acuerdo con el reporte, significa costos indirectos para el país por aspectos como la mortalidad prematura, las pausas que hacen las personas para fumar y, el presentismo y el absentismo laboral; es decir, la falta de productividad en el trabajo. Sin contar los importes directos por el gasto en la salud pública, aspectos sanitarios y de instituciones de salud. “El tabaco es un problema de salud y de desarrollo sostenible”, indica el reporte.
Para 2018, el 8,3 % de la población adulta reconoció ser fumador activo, un porcentaje que se mantuvo a comparación del periodo anterior de medición, 2017. Ante esa prevalencia del uso del tabaco y los costos que implica este, expertos recomiendan cuatro medidas conectadas con el CMCT que permitirían ahorrar 58 billones de pesos en pérdidas y evitar 154.450 muertes en quince años.
Fórmula contra el tabaco
Son cuatro las recomendaciones que recibió el Gobierno: aumentar los impuestos sobre el tabaco para reducir su asequibilidad, prohibir fumar en espacios públicos para proteger a los no consumidores del humo, exigir que el 50 % del tamaño del empaquetado esté cubierto con advertencias de sus implicaciones en la salud e implementar el empaquetado neutro, sin publicidad.
La directora de investigaciones de la Fundación Anáas, institución encargada de buscar políticas para el bienestar, Blanca Llorente, es una de las expertas que participó en el reporte. Ella relata que la política de control de tabaco es una herramienta necesaria el ineludible si los países quieren avanzar en desarrollo sostenible. “El tabaquismo tiene enormes costos sociales y nos resta productividad”, dice.
De ahí que el estudio considere que invertir en políticas públicas contra el consumo del tabaco, intensificando esas cuatro medidas, ahorra dinero y salva vidas.
Y el Gobierno ya dijo que está abierto a acatar esas sugerencias. El viceministro de Salud, Iván Darío González, comentó que el Ejecutivo está comprometido con el tema, “especialmente con las orientadas a proteger del humo del tabaco en espacio públicos”.
En 2016 el impuesto sobre cada paquete del producto pasó de 700 a 2.100 pesos con la tramitación de la Ley 1819, pero se debe aumentar esa tasa para cumplir con los requisitos del estudio, pues la CMCT considera que el tributo debería superar el 75 % del precio de la venta al público del producto. Es decir, unos 6 mil pesos en impuestos por cada caja de cigarrillos.
Queda abierta la puerta sobre la regulación de otras formas de tabaco, como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de vapeo (ver Paréntesis) cuya incidencia aumenta en poblaciones jóvenes, según el estudio.
