Las reacciones de la decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, al darle la garantía de no extradición y libertad inmediata a Jesús Santrich, y la posterior renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez, continúan.
Ayer, el Gobierno de Estados Unidos pidió urgente apelación de la decisión que tomó al justicia especial, argumentando que los delitos de narcotráfico de que se le acusan, sí fueron cometidos después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc.
“Consideramos esta decisión lamentable, ya que cumplimos con los requisitos de extradición establecidos con Colombia, y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se le acusa al señor Santrich se produjeron después del primero de diciembre de 2016”, comunicó la Embajada estadounidense.
Sin embargo, la JEP una vez más aclaró el porqué desestimó lo poco que al parecer aportó Estados Unidos para justificar la extradición del exjefe guerrillero y, por eso, confirmó la compulsa de copias para que se investigue a los funcionarios de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la recolección de pruebas.
“La JEP le solicitó a la Fiscalía que remitiera la documentación que soportara la asistencia judicial que le permitía actuar en el territorio colombiano a los ‘testigos confidenciales’ bajo la dirección de las autoridades norteamericanas”, y añadió que el ente investigador “no aportó tal documentación y dijo que esas personas habían actuado como particulares. Cuando autoridades extranjeras van a practicar pruebas en otro país, deben contar con la debida asistencia judicial, que es el permiso para recaudar las pruebas”.
Pero el rifirrafe no es solo entre instituciones, también entre personalidades.
El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez “deploró” lo hecho por la JEP y afirmó que los acuerdos de paz “crearon un cogobierno con el narcotráfico”.
A esto, Humberto de la Calle, exjefe del equipo negociador del gobierno de Juan Manuel Santos, respondió que no hay nada de cierto en tal afirmación y que el senador utiliza un lenguaje “incendiario”.
“Las Farc se obligaron a romper todo vínculo con esa actividad. El acuerdo prevé que la garantía de no extradición no cubre los delitos posteriores al acuerdo. La providencia de la JEP no debilita eso. Se basa en la ausencia de las pruebas sobre la fecha de los delitos atribuidos a Santrich”, comunicó De la Calle.
Mientras siguen saliendo reacciones a la luz pública, desde la cárcel la Picota de Bogotá aún no se dan noticias de la libertad del exguerrillero de las Farc, Jesús Santrich, por lo que su defensa interpuso un Habeas Corpus en el Tribunal Superior de Bogotá, para exigir su libertad inmediata.
