La propuesta de reforma al sistema penitenciario abrió un nuevo frente de batalla entre el Gobierno de Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que ya están enfrentados por los posibles cambios en el diseño de la primera línea del Metro y la declaración de “Bogotá región” en pleno año electoral.
López es una férrea crítica de la propuesta que llevará el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ante el Congreso para cambiar el formato del sector en términos de penas, trato a los presos y liberaciones de las personas señaladas por delincuencia.
Es tal la puja de la mandataria local con esa iniciativa que convocó a una firmatón contra la propuesta de excarcelar “delincuentes” y darles alternativas diferentes a la detención para que cumplan con sus compromisos ante la justicia.
La idea fue esbozada por López al término de un Consejo de Seguridad en el que convocó a un “gran movimiento ciudadano contra la impunidad” y prometió hacer una carta dirigida a Petro, Osuna y al Congreso “rogándoles que no le den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos como es su obligación”.
La administración distrital maneja la estadística de que ocho de cada diez personas capturadas por hurto y en flagrancia quedan libres, un dato que usa para sustentar los altos índices de robo que se registran en Bogotá y la alta percepción de inseguridad.
Por eso, López apunta que se opone a que el “Gobierno saque a la calle a los delincuentes. No los cuidan en la Picota, mucho menos en sus casas. Lo que hay que hacer es invertir en seguridad y justicia, no hablar carreta”.
El elegido para llevar a cabo esa transformación en el sistema penitenciario es el ministro Osuna, quien le respondió que su propuesta “no es un proyecto de excarcelación, es un proyecto que le apunta a que las víctimas tengan reparación. No es de excarcelación, es de resocialización dentro de las cárceles”, en los micrófonos de W Radio.
Los voceros de la Casa de Nariño han puntualizo que los delitos graves no serían excarcelables, como las violaciones a los Derechos Humanos, pero esa posibilidad sí se está abriendo para conductas calificadas “menores”.
La Casa de Nariño confía en la posibilidad de resocializar los casos de patrones como hurto, la omisión de socorro, la calumnia, el daño a bien ajeno, la inasistencia alimentaria, el abuso de confianza y las lesiones personales. Y aunque son conductas frecuentes, el índice de judicialización de esas conductas en algunos casos no alcanza el 1%.
El proyecto de ley de humanización penitencia –que es el nombre técnico del articulado que busca esos cambios en el sistema penal– estima que los reos podrían salir a trabajar durante el día y dormir en las cárceles en la noche, reducir el tiempo de sus penas gracias a labores comunitarias o en empresas privadas y recibir beneficios por buen comportamiento.
Entre tanto, la veeduría Ciudadana al Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia rechazó la propuesta de López sosteniendo que la alcaldesa tiene “argumentos populistas, llenos de miedo que impactan la psicología social, que partiendo de una posición cómoda de autoritarismo, provoca conmoción y confusión, tratando de impedir reformas progresistas, y de avanzada a una política penitenciaria y carcelaria que ha sido abandonada por años por la voluntad política a la que usted alcaldesa hace parte”.
