En Colombia solo se han hecho dos reformas políticas. La primera, en 2003, cambió el sistema de partidos e introdujo reglas como el umbral y la cifra repartidora. La segunda, en 2009, estableció sanciones a congresistas vinculados con grupos al margen de la ley, restricciones a la doble militancia y la financiación de campañas.
Esas modificaciones no garantizan que el sistema electoral se blinde contra la corrupción. Así lo considera la organización Transparencia por Colombia, que presentó un informe con propuestas sobre dicho flagelo, en el que propone puntos para combatirlo como una “reforma de fondo” al sistema político electoral.
Ese punto, indica Transparencia, pretende evitar la entrada de la corrupción desde la financiación de campañas e implementar una “política criminal electoral”. No obstante, el magíster en Estudios Políticos de la U. La Gran Colombia, Gabriel Clavijo, afirma que el problema de la corrupción va más allá de las leyes: necesita acuerdos políticos y una suma de voluntades.
Dice el profesor de Ciencia Política de la U. de los Andes, Juan Carlos Rodríguez, uno de los problemas de hoy en día es la financiación con dineros oscuros. “Con el sistema actual controlar su ingreso es casi imposible porque cada candidato hace su propia campaña con sus finanzas”, explica.
Transparencia señala que “la corrupción es un fenómeno estructural y sistémico presente en la gestión pública nacional, municipal y departamental”. No solo busca un interés económico sino que “hace parte de las formas de actuación de diferentes grupos para acceder y gestionar el poder, ya sea este político o económico, legal o ilegal”.
La siguiente recomendación que hace es poner la lupa en la contratación pública, reduciendo los regímenes especiales y la contratación directa. Seguido de un sistema de meritocracia para otorgar empleos públicos y la prevención de conflictos de interés para crear escenarios de independencia de los contratos laborales, evitando su manipulación por parte de intereses políticos y clientelistas”.
Otro punto, a juicio de Transparencia, es invitar a los ciudadanos a participar más en la definición del uso de los recursos públicos. “Se requiere información clara, oportuna y veraz sobre el manejo presupuestal de las entidades”, afirma. Además, invita a fortalecer la institucionalidad a cargo de la lucha anticorrupción.
En ese punto proyecta crear una entidad rectora anticorrupción adscrita al Poder Ejecutivo que tendría como fin crear una política pública con capacidad técnica, presupuestaria, política y de decisión para coordinar acciones en la administración pública.
Desde la óptica del docente del Instituto de Estudios Políticos de la U. de A., Germán Valencia, hay un pendiente en crear una dependencia con esas propiedades. “La corrupción es amplia. Se requiere una súper organización con múltiples instituciones, funciones o focos”, afirma.
En la Cámara de Representantes está en curso un proyecto de ley que contempla medidas de protección para quienes denuncian delitos de corrupción, aspecto que señala Transparencia como un paso para evitar este delito en el flagelo. Sumado a esto, también reseña la importancia de sancionarla de forma efectiva.
Finalmente, insta a “avanzar en la reforma a la justicia, fortalecer la capacidad de investigar y sancionar casos de gran corrupción, e impulsar legislación sobre responsabilidad penal de personas jurídicas”.
