Uno de los principales objetivos del Gobierno de Iván Duque es volver a asperjar los cultivos de coca con glifosato, una de las promesas de campaña que no se ha materializado y que no tiene contento a los Estados Unidos, uno de los aliados en la guerra contra las drogas.
De hecho, el presidente de EE. UU., Donald Trump, certificó la labor de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pero advirtió sobre la necesidad de que el país retome pronto las aspersiones aéreas contra los cultivos ilícitos, si quiere cumplir sus metas en materia de erradicación
De acuerdo con Trump, “el presidente Duque y su gobierno se mantienen como estrechos colaboradores de los Estados Unidos y las fuerzas militares y de policía han mostrado una gran valentía y compromiso para enfrentar a los traficantes de alto nivel, atrapar los cargamentos de droga y erradicar manualmente los cultivos de coca”.
Agrega: “Sin embargo, los cultivos de coca y la producción de cocaína continúan en niveles inaceptables. Para alcanzar nuestra meta de 5 años compartida de reducir a la mitad los cultivos y la producción de cocaína y los cultivos de coca para 2023, Colombia debe retomar las aspersiones aéreas, que siguen siendo una herramienta irremplazable además de la erradicación manual y el desarrollo alternativo”.
No obstante, el Ejecutivo no la tiene fácil, y volver a las fumigaciones en el corto plazo no parece posible.
Las trabas
Duque expresó esta semana que espera que al terminar el 2020 estén listos los protocolos exigidos por la Corte Constitucional para retomar las aspersiones aéreas, sin embargo, aún no está ni siquiera programada la audiencia pública que debe realizar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales previo a su autorización, ya que la pandemia no ha facilitado las reuniones multitudinarias.
“Al darse la situación de pandemia y al existir un fallo judicial que impedía la consulta previa de carácter virtual, lo que se ha hecho es correr los tiempos, pero nuestra agenda de gobierno y de responder los protocolos se mantiene para, con la ayuda de Dios, tener este proceso culminado finalizando este año y tener esa herramienta adicional” señaló el mandatario.
En dicha audiencia se pondrá en conocimiento de las comunidades los protocolos que se supone buscarán mitigar los efectos adversos de la fumigación, para ello el Gobierno promete no asperjar en territorios étnicos, ni en zonas de reserva o de tratamiento especial, pero en ello no están de acuerdo los campesinos ni las organizaciones sociales.
En una declaración firmada entre otros por WWF Colombia, el Foro Nacional Ambiental, Fescol, la Fundación Natura, la Facultad de Estudios Ambientales de la U. Javeriana y las universidades del Norte y Tecnológica de Colombia, aseguran que es “bastante preocupante que el gobierno insista en volver a una senda que ha demostrado ser poco efectiva para erradicar cultivos ilícitos y altamente cuestionable por sus implacables efectos, más aun en este momento tan complejo de la pandemia”.
Lo otro es que si la Anla otorga su autorización y el Consejo Nacional de Estupefacientes, controlado por el presidente, avala la aspersión los grupos de campesinos demandarán ante la Corte para que examine con lupa si sí se cumplan sus condiciones, entre las que se encuentran demostrar la reducción del impacto del químico en la salud de los pobladores, los animales y el medio ambiente.
Incluso muchos de los campesinos que hoy se oponen a la fumigación firmaron acuerdos de sustitución voluntaria, pero al Gobierno la plata no le alcanzó y solo vinculó formalmente a 95 mil familias, dejando por fuera a otras 215.244 cuya expectativa era salir de la coca con un proyecto productivo en marcha. De momento, los caminos del Ejecutivo son legalizar para sustituir y los pagos por servicios ambientales, soluciones que aún no están disponibles en todos los territorios y que tampoco garantizan la sostenibilidad.
