En un acto que casi podría considerarse de contrición, la Corte Suprema de Justicia pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigue a dos de sus expresidentes, los otrora poderosos magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, tras resultar salpicados en el carrusel de sobornos multimillonarios que ejercía el exfiscal Gustavo Moreno a políticos que estuvieran en líos con la justicia.
No solo eso, en otra decisión veloz en momentos en los que tambalea la justicia por cuenta del escándalo desatado por Moreno, la Corte decidió llamar para hoy al exfiscal y su socio Leonardo Pinilla a que declaren su relación con Musa Besaile, barón de la política en Córdoba que fue el que dio el golpe definitivo al asegurar que estos dos le pidieron plata para evitarle una orden de captura en su contra.
Las fichas que encajan
En su declaración ante la Corte, Besaile contó cómo el exfiscal le pidió 2.000 millones de pesos para enredar una investigación que llevaba en ese alto tribunal por sus presuntos nexos con paramilitares. Ese dinero, según dijo, terminaría en varios bolsillos, entre ellos, el del magistrado Leonidas Bustos, que para la fecha era el presidente de esa entidad y ostentaba una enorme influencia y decisión en los casos que allí se llevaban.
Este testimonio, explosivo por si mismo, toma una dimensión mayor en todo este carrusel de corrupción porque caza a la perfección con las versiones del exsenador Julio Manzur y del exgobernador de Córdoba y también embolatado con la justicia, Alejandro Lyons, que fue el primero en denunciar las supuestas coimas que exigía Moreno a cambio de dilatar sus procesos en la justicia.
Para el caso de Manzur, mencionado por Besaile ante la Corte y citado por este tribunal para declarar el 4 de septiembre, el excongresista sostuvo que Moreno lo contactó para ofrecerle frenar su captura por parapolítica, que finalmente se dio en enero de 2015.
Aparte, aunque inicialmente no se contempló, esta semana se conoció que ante la Fiscalía, Lyons dio indicios de que ese dinero pudo tocar las puertas del alto tribunal.
Moreno, la pieza clave
Diversas versiones lo señalan: Moreno fungía como un mercader de la libertad, que cobraba altas sumas de dinero para que políticos embolatados con la justicia pudieran asegurarse de seguir disfrutando las mieles de la libertad mientras que los magistrados y sus socios podían enriquecerse.
De eso se jactaba él mismo en las declaraciones que captó la justicia de Estados Unidos y que pusieron de nuevo en la lupa de la opinión pública a los senadores Hernán Andrade, el mismo Musa Besaile y el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quienes eran algunas de las “muestras del catálogo” de la efectividad de Moreno ante los estrados judiciales.
Sin embargo, lo clave del testimonio de Moreno, si es que decide contar todo lo que sabe, radica en que hasta el momento no hay prueba testimonial ni fáctica suficientemente sólida como para hundir a Bustos y Ricaurte.
“Lo que dice Besaile es que el abogado le exigió plata que iba a entregar a magistrados, pero no está diciendo que se los entregó directamente”, explicó el expresidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, quien recalcó la importancia de encontrar ese nexo sólido que permita una acusación con más peso y fundamento.
Si bien hasta ahora son tres los salpicados por Moreno y Pinilla en las interceptaciones, el dossier de congresistas que en algún momento usaron sus servicios como litigante llega a los 15, la mayoría liberales y de la U.
Lo que aún es un misterio es si Moreno uso sus contactos para mover los procesos o sacarles más dinero por caso, pues hasta el momento sólo se han hecho públicas las acusaciones, pero no hay pruebas de las transacciones o trazabilidad de las presuntas coimas.
Los focos en la Cámara
Aunque inicialmente fueron tres los presidentes de la Corte Suprema de Justicia involucrados en el escándalo (Camilo Tarquino, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos), el primero sería llevado por la Fiscalía, pues no era magistrado para la época de los hechos, por lo cual no goza del fuero. El segundo está en veremos, pues la Corte envió su caso también a la Fiscalía. Para Bustos, sobre el que pesa un indicio directo del soborno y es considerado el más poderoso de los tres, pasará sin duda a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Esto implica un reto mayúsculo para este órgano del Congreso, usualmente criticado por ser inefectivo y que esta semana decidiría si toma el caso contra los exmagistrados acusados de corrupción.
Sin embargo, el presidente de la Comisión y coordinador de la investigación contra Bustos y Ricaurte, Fabio Arroyave, aseguró que está confiado en que los resultados llegarán.
Su mejor argumento para ello es la decisión contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, quien fue declarado indigno en una decisión histórica y pasó a ser investigado penalmente por la Corte Suprema por exigir dinero para “torcer” una tutela contra la Fiduciaria Petrolera S.A., Fidupetrol.
“La Comisión está en condiciones de responderle al país como ya lo demostró en el caso Pretelt y vamos a actuar con prontitud como lo pidió la Corte”, aseguró.
Según detalló, hasta el momento solo existe una indagación preliminar y no un proceso oficial contra Bustos y Ricaurte, pues están recibiendo la documentación pedida a la Fiscalía, a la Corte Suprema y a la Presidencia sobre el caso. Cuando comprueben que los tiempos de las denuncias coinciden, llamarán a declarar a los exmagistrados, dijo.
Por otra parte, Arroyave sostuvo que insistirán en el llamado a indagatoria a Gustavo Moreno y que, de ser extraditado antes de cumplirse la diligencia, irán a recibirla en Estados Unidos.
Al ser preguntado si conocía a Moreno y los magistrados, de quienes se dicen tenían una reputación en el capitolio, el representante investigador aseguró que conocía sus perfiles, pero negó tener indicios de la actividad que llevaban bajo cuerda.
“Si bien la opinión pública tiene interés en el tema, es necesario asegurarnos que los procesados tengan todas las garantías”, concluyó.
Por la importancia del tema, se conoció que este ente legislativo recibirá el acompañamiento de la Procuraduría en la investigación.
Más allá de la gravedad del asunto, cabe anotar que el terremoto que se está viviendo no habría dejado tantos estragos si el sistema de justicia estuviera sólido y sin brechas.
En la última década, se han visto salpicado magistrados en escándalos que vienen de menor a mayor.
De Sale a Pretelt
En las facultades de derecho, lo primero que enseñan es que las altas cortes encarnan lo más alto de la justicia en el país, por eso, las asociaciones sospechosas de magistrados deben ser tomadas como una cosa seria.
Desde las revelaciones de los presuntos nexos de personajes polémicos como Ascencio Reyes y Giorgio Sale con altas figuras de las cortes, ese manto de gracia del que gozaban los magistrados se empezó a debilitar.
No obstante, el punto de no retorno llegó en 2015, cuando el propio magistrado Mauricio González denunció que Víctor Pacheco, abogado de la empresa Fidupetrol, entregó 500 millones al también magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt para que le dictaran un fallo de tutela favorable y evitar un pago multimillonario.
En agosto de 2016 llegó la suspensión de Pretelt, que se aferró a su silla cuanto pudo, pero finalmente se convirtió en el primer aforado en perder su dignidad en Colombia.
Menos de un año después, el exgobernador Lyons, acusado de 20 delitos de corrupción en su departamento descubrió la figura del exfiscal Moreno y con ello, inició la caída de fichas de dominó que hoy tiene enlodado a lo más alto del sistema de justicia.
2.000
millones de pesos le
habría dado Musa Besaile
al exfiscal Gustavo Moreno.
30
visitas se registraron
de Gustavo Moreno al magistrado Leonidas Bustos.
3.000
millones de pesos sería la “tarifa” de Gustavo Moreno por sus oficios en las cortes.
