Por segunda vez en la historia, la Corte Suprema de Justicia escogerá a una mujer como fiscal general de la nación, luego de que hace catorce años Viviane Morales llegó al cargo en medio de un proceso que tuvo a un fiscal encargado por un año, tres ternas enviadas por el Gobierno y una anulación de parte del Consejo de Estado.
En esta ocasión, el 25 de enero, la Sala Plena de la Corte Suprema tiene en el orden del día de su primera sesión la responsabilidad de decidir quién entre Amelia Pérez Parra, Ángela María Buitrago Ruíz, y Luz Adriana Camargo Garzón, tomará las riendas del que el fiscal general actual, Francisco Barbosa, ha calificado como “el segundo cargo más importante” del país.
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Las hojas de vida de las tres candidatas están en los despachos del alto tribunal desde finales de septiembre, cuando el presidente Gustavo Petro reemplazó a Amparo Cerón por Luz Camargo, lo que desató varias controversias jurídicas que, cuatro meses después de aquella reunión con el saliente presidente de la Corte, Fernando Castillo Cadena, se han resuelto poco a poco.
Reparos en común
Las tres ternadas para suceder a Francisco Barbosa tienen varios aspectos en común. Han sido fiscales, tienen vasto conocimiento en derecho penal y están nombradas en lo que la academia y algunas organizaciones, como Human Rights Watch, han calificado como una celebración al principio de independencia de poderes, vulnerado si un o una fiscal general aspira a hacer oposición política.
Entre sus cualidades en conjunto, además, persiste un aspecto clave: sus desencuentros con el estado actual de la Fiscalía General de la Nación. Cada una de las tres asegura tener algo que cambiar, desde la composición de algunas unidades encargadas de investigar ciertos delitos hasta la cantidad de empleados de carrera que tiene la entidad.
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Ángela Buitrago, por ejemplo, cuestionó que la estructura organizacional de la Fiscalía concentra demasiado poder en las direcciones y altas jerarquías, pero no en los funcionarios. “Tenemos un número de fiscales muy reducido, un número de Policía Judicial que no alcanza a equiparar el de fiscales y un número de asistentes que no iguala al de los fiscales”, dijo el 23 de noviembre.
El resultado de esa desorganización, según Buitrago, es que la tasa de absoluciones en los casos que llegan a juicio está entre el 57% y 63%. Asimismo, según la ternada Luz Camargo, es necesario buscar la manera de que la Fiscalía pueda atender una criminalidad que “no es homogénea”: “No es la misma criminalidad la que actúa en Soledad, Atlántico, que la que ocurre en Acandí, Chocó”.
Mejorar la investigación criminal, el camino a seguir
Buitrago, Camargo y Pérez tienen claro que el futuro de la Fiscalía General de la Nación reposa en la capacidad de sobrepasar las tasas de impunidad y de absoluciones. Para Amelia Pérez, la clave está en fortalecer las Unidades de Reacción Inmediata (URI), tanto en términos de personal como en recursos técnicos y científicos. “Son la puerta de entrada de la ciudadanía a la justicia”, señala.
Para Luz Adriana Camargo, el enfoque no debe irse hacia las URI, sino hacia las seccionales de la Fiscalía que a nivel departamental reciben denuncias y asignan a los equipos de investigación encargados, sobre todo en el uso de la tecnología para reforzar el análisis criminal, pues se trata de “un elemento básico para abordar los fenómenos criminales”.
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Camargo se ha basado en sentencias de la Corte Suprema para explicar que la Fiscalía hasta ahora incumple con la “debida diligencia” con la que debe actuar, lo que hace que presente “incongruencias” entre las imputaciones y los hechos jurídicamente relevantes, la base de cualquier causa penal. “En esas materias no se puede estar fallando”.
Mientras que Ángela María Buitrago le apostaría a una “reingeniería” que se separe de la mera jerarquización y le apueste a la labor natural del ente: investigar y acusar. “Muchas personas están en el cargo de fiscal y no cumplen con su trabajo”, afirmó, por lo que haría reajustes para cambiar la carga laboral “inmanejable” por la que en cada despacho podría haber entre 400 y 1400 carpetas.
Su papel en la paz
La memoria histórica de Colombia se ha construido a partir de denuncias de víctimas y atenciones de la justicia. Las tres ternadas para ser fiscal general tienen en común que han cimentado su carrera en diversos roles y escenarios que incluyen la investigación y judicialización de protagonistas de varios hechos renombrados en los libros de historia.
Por ejemplo, Ángela María Buitrago Ruiz fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia entre 2008 y 2010. En ese período fue la encargada de llevar a responder a altos mandos militares que participaron en la violenta retoma del Palacio de Justicia, como el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales o el coronel, también retirado, Alfonso Plazas Vega.
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Luz Adriana Camargo, por su parte, fue magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el cargo investigó, junto al hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, la parapolítica. Y la exfiscal Amelia Pérez Parra, exjueza instructora y fundadora de la Unidad de Derechos Humanos, indagó en masacres como las de Trujillo, El Aro y Pichilín, así como en el ataque al club El Nogal.
Las tres tendrán que enfrentarse a un nuevo escenario de criminalidad, en el que las organizaciones han logrado ejercer control social en áreas despejadas por las desmovilizadas Farc. Además, tendrán que mantener un canal de diálogo constante con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algo a lo que hasta ahora solo se ha referido Pérez Parra: “Sin justicia, jamás será posible la paz”, señaló.
Para las mutaciones del conflicto armado y la presencia de actores criminales, además de fortalecer la investigación criminal para lograr ventajas en negociaciones y condenas, las candidatas han planteado expresamente que buscarán diversificar el portafolio de atenciones de la Fiscalía, con el fin de atacar prioritariamente los delitos de alto impacto e incluso los transnacionales.
La programación en la Corte Suprema
La Corte se siente segura frente al cumplimiento del cronograma que fijó el 31 de octubre, cuando estableció las fechas en las que escuchó a las ternadas en una audiencia pública y en las que iba a desarrollarse una primera jornada de votación, que resultó fallida el 7 de diciembre, cuando priorizó la posesión del magistrado Fernando Jiménez y la espera del nombramiento de Gerardo Barbosa.
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La confianza quedó demostrada en un oficio remitido al Consejo de Estado en medio de una acción de tutela que pide que se le exija a la Corte votar antes del 13 de febrero, cuando termina el período de Francisco Barbosa, y evitar que Martha Mancera sea fiscal interina. Se trata de un recurso elevado por el docente antioqueño Germán Espinosa Mejía.
En resumen, Espinosa Mejía, en una tutela de dieciocho páginas que combina letras mayúsculas y minúsculas azules y rojas, indica que busca evitar períodos de interinidad como el de Guillermo Mendoza Diago, quien fue fiscal encargado por un año luego del fin del período del exembajador en Egipto Mario Iguarán. Según él, la Corte Suprema no ha hecho nada para evitar ese escenario.
“Se hace notar que los argumentos expuestos por el accionante tienen como sustento suposiciones infundadas de una eventual demora en la elección del funcionario público, lo que carece de asidero alguno, pues, como se indicó, se ha seguido estrictamente el cronograma inicial, con total transparencia y publicidad”, aseguró el magistrado Fernando Castillo como respuesta.
Sin embargo, la probabilidad de que no haya humo blanco este jueves es palpable, principalmente por la elección de las mesas directivas de la Corte y de cada Sala, que está pautada para el mismo 25 de enero. Aun así, a diferencia de la segunda mitad del año pasado, el pleno de la Corporación está completo: 23 magistrados y magistradas podrán votar, la ganadora deberá tener más de 17 apoyos.
Consejo de Estado, protagonista en la elección
La tutela del docente Espinosa no es la única que llegó a la alta corte de lo contencioso administrativo. Es, de hecho, la segunda, luego de la elevada por el expresidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Botero Zuluaga, quien se quejó de que las tres candidatas fuesen mujeres. Ese panorama, dijo, vulneraba varios de sus derechos fundamentales.
Como la tutela se radicó contra la Corte Suprema y contra el presidente Gustavo Petro, quedó en manos del Consejo de Estado, que en dos instancias ratificó que los reproches de Botero fueron infundados, pues el Gobierno consolidó una acción afirmativa en favor de un sector históricamente vulnerado en los altos cargos decisorios del país, como la Fiscalía General.
“La desigualdad de género parte de reconocer que históricamente las mujeres han sido discriminadas y, por lo tanto, es necesario tomar acciones que contribuyan a disminuir las brechas entre mujeres y hombres para que se logre avanzar hacia la igualdad de género”, explicó la sentencia de primera instancia que luego el magistrado intentó tumbar.
El togado Botero Zuluaga, inconforme con que las tres postuladas sean mujeres, adujo como impugnación que sus derechos sí fueron transgredidos. Por un lado, por la corte Suprema de Justicia, pues “se negó a devolver la terna”; por otro, por parte del presidente Petro, “con una publicación realizada el 10 de octubre de 2023 en la red social X”.
En su argumentación para que la segunda instancia revocara el primer fallo, Botero aseveró que una terna de mujeres implica que el Consejo de Estado deba tener en cuenta que “es tan palpable que la discriminación se traslade hacia el hombre”, no solo por la exclusión de un varón, sino porque exigir su inclusión “se hace merecedor de improperios e infamias”.
“Actualmente, opinar en contra de lo ‘políticamente correcto’ es prácticamente un ‘delito social’. Los hombres ya no pueden opinar de equidad de género. Hablar de los derechos del hombre ahora es tabú”, protestó Gerardo Botero Zuluaga en un párrafo que resaltó con negrita. El expediente luego llegó a la Sección Cuarta del Consejo, que negó definitivamente sus pretensiones.
La estocada final llegó el 23 de enero, cuando el alto tribunal administrativo, con ponencia de la magistrada Stella Carvajal, retomó que el presidente Petro concretó una “medida afirmativa” que encuentra “pleno respaldo” en la Constitución, por lo que “no puede ser entendida como una forma de discriminación, ahora por razones de género, respecto de los hombres”.
“La conformación de la terna femenina para la elección de la próxima fiscal general de la nación reivindica los derechos a la igualdad material y a la participación de la mujer de manera adecuada y efectiva en los máximos niveles decisorios del Estado”, subrayó el fallo de segunda instancia, que puso fin a la discusión jurídica sobre la terna.
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