A seis meses de la instalación de los diálogos de paz con el ELN, la delegación del Gobierno de Gustavo Petro intenta apaciguar la crisis en la mesa de conversaciones por la que esa guerrilla pausó los acercamientos con la institucionalidad colombiana, después de que el presidente afirmara que ese grupo armado no es el mismo de antes.
El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y la delegación de paz, suscribieron un comunicado en el que reiteraron que “el Gobierno colombiano reconoce una vez más al ELN su carácter político de organización armada rebelde, así como la aplicación del DIH en la confrontación que el Estado aún sostiene con dicha organización”.
Los negociadores sostienen que la mesa está soportada en la Constitución colombiana y que los países garantes y acompañantes, además de Naciones Unidas, dan cuenta de su legitimidad.
Esa afirmación es la respuesta al señalamiento hecho por los elenos de que Petro habría puesto en duda la legitimidad de los negociadores del grupo armado, al afirmar que en la mesa está sentado el “viejo” ELN, mas no quienes representan el ala joven de la guerrilla.
No obstante, Rueda y los negociadores sostienen que “el Gobierno está sintonizado por completo con el clamor de la población civil y ve con profunda preocupación la continua degradación del conflicto armado y la mayor injerencia de las economías ilícitas, lo cual continúa generando sufrimiento en las comunidades”.
La cuestión de las economías ilegales es un punto sensible en esa discusión, pues el mandatario sostuvo el viernes (12 de mayo) que el ELN estaría conectado con los mercados ilícitos.
En el documento de página y media, ese equipo también llamó la atención sobre que “la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz” del actual gobierno está basada en los principios de la seguridad humana, priorizando la protección de la vida, de las personas, de la naturaleza y de las libertades humanas y, por tanto, difiere notablemente de las antiguas doctrinas de seguridad”.
El Gobierno sigue apostando porque en el siguiente ciclo de conversaciones se logren acuerdos sobre el cese al fuego de carácter bilateral, medidas de protección a la sociedad civil con un arraigo territorial y en materia de participación de la sociedad en el marco del proceso de paz con el ELN.
