El pasado 28 de enero, la alcaldía del municipio de Jardín lanzó una campaña para convencer a quienes ofrecen alojamiento informal de que formalicen su servicio a través del Registro Nacional de Turismo –RNT–.
Hasta el pasado viernes, cuenta la coordinadora de turismo de la Alcaldía, Adriana María Villa, 16 de estos se legalizaron para sumarse a la oferta formal del municipio que cuenta con 134 hoteles.
“La respuesta ha sido lenta, pero ahí vamos ganando terreno. Tenemos identificados aproximadamente 90 alojamientos que deben legalizarse”, expone la funcionaria.
Quienes decidan convertirse en prestadores de servicios turísticos formales podrán integrar las plataformas de promoción de Fontur, en las que este municipio del Suroeste antioqueño figura como uno de los destinos más cotizados. También podrán acceder a beneficios del Gobierno. Hoy, por ejemplo, el subsector de alojamiento tiene una exención del pago de la sobretasa a la energía que expira el 31 de diciembre de 2021.
La cruzada por la formalización a nivel nacional viene hace años, pero se ha intensificado ante la necesidad de recuperación de un sector que sintió como pocos los estragos de la pandemia. En la temporada de fin de año pasada la ocupación hotelera en el país fue del 30,9 %, 21 puntos porcentuales por debajo del indicador que marcó la misma temporada en 2019, con una ocupación del 52,9 %, según Cotelco.
La ruta de la formalización
En 2018, a través de los decretos 2063, el Gobierno simplificó el trámite de inscripción en el RNT, eliminando costos y requisitos, como la certificación sobre sostenibilidad, uno de los principales cuellos de botella. Ese mismo año, con el decreto 2119, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tipificó las tres modalidades de alojamiento turístico en el país. Las convencionales (hoteles, hostales, centros vacacionales); la vivienda turística (incluye casas y apartamentos), y finalmente aquellos hospedajes esporádicos (ofrecer algún espacio en la residencia donde uno vive), y las que se alquilan a través de plataformas como Airbnb.
Adicional a esto, con la nueva Ley de Turismo que entró en vigencia el pasado 1° de enero, plataformas como Airbnb o Booking tendrán que estar inscritas en el RNT, y quienes promocionen en estas sus alojamientos también deben hacerlo.
Esto viene además con una serie de requisitos que les trasladan responsabilidad a las plataformas para garantizar la prestación óptima del servicio, para lo cual tendrán plazo hasta el 1° de enero de 2022. (ver radiografía).
Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, señala que el gremio hotelero es positivo respecto a estas nuevas medidas, aunque apunta que en el sector comprenden que para ver efectivamente reducciones en las cifras de informalidad tendrán que aguardar un tiempo prudente.
Mientras tanto, Restrepo cree necesario intensificar las campañas de sensibilización dirigidas a los actores informales. “Yo creo que una medida que puede ser muy efectiva y que debemos explorar mucho más, tanto el gremio, como las entidades públicas y los medios, es mostrarle a quien desarrolle esta actividad las responsabilidades que le corresponden a la luz de la norma, y que precisamente el desconocimiento de esta puede hacerle incurrir muy fácilmente en situaciones con consecuencias graves, que pueden ir desde multas hasta la extinción de dominio”, explica.
Eduardo Mejía Jaramillo, director de Cotelco en Quindío, respalda lo dicho por Restrepo respecto a la necesidad de concientizar más a la población sobre los riesgos de promover servicios de hospedaje turístico, y de paso precisa que el país tardó en tomar decisiones para frenar este fenómeno que ahora ofrece cifras “preocupantes”.
“Mientras nuestros grandes destinos turísticos crecen, paralelamente también se multiplica a un ritmo acelerado la informalidad”, señala.
Quindío fue el departamento con mayor ocupación hotelera en la temporada de fin de año con un 62,8 %. Sin embargo, sostiene el dirigente gremial, los 1.000 establecimientos de alojamiento inscritos en el RNT, ubicados en Salento y Filandia –dos de los municipios que más impulsan el turismo en la región– tienen que competir con los más de 700 informales identificados.
Ante esto, concluye, más que lamentarse queda marcar diferencias con un servicio de calidad.
Sumarse al ecosistema
Putumayo, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo -MinCit-, es uno de los destinos emergentes con mayor proyección por su potencial ecoturístico. En Villagarzón, durante cinco o seis años, Bibiana Jaojoy “pirateó” prestando alojamiento ocasional o vendiendo alimentos a los aventureros que llegaban a disfrutar de las cascadas del municipio. Hace tres años decidió formalizarse y hoy sus “Posadas ecoturísticas Donde se oculta el Sol”, cerca a la popular cascada que lleva el mismo nombre, están en proceso para hacer parte, a través de la estrategia de Negocios Verdes de Corpoamazonia, del Portafolio de Turismo de Naturaleza, una de las grandes apuestas del Gobierno para desarrollar turismo con sostenibilidad ambiental y desarrollo de las comunidades locales.
“Muchas personas se meten en el tema del turismo espontáneamente, pero a medida en que se posicionan los lugares y llegan los grandes operadores uno ve, al mismo tiempo, el potencial de emprendimiento, pero también la poca capacitación que se tiene, porque el turista es exigente y cuando no tienes nada de calidad que ofrecer el ecosistema te saca, como decimos en las capacitaciones con el Sena”, cuenta la emprendedora.
Mauricio Jaimes, un empresario que oferta viviendas turísticas en Santa Marta inscritas en el RNT, reconoce que no es fácil tomar la decisión de legalizarse. “Decirle a alguien que recibe un beneficio económico por esta actividad que se reglamente con la obligación eventual de pagar impuestos, no es fácil, pero lo justo es que en proporción al servicio que ofrezcamos los prestadores tengamos condiciones equitativas”, dice.
Gracias a la tipificación de las modalidades de alojamiento y a las facilidades de formalización, es posible tener mapeado cómo se conforma este subsector turístico. Según cifras de Fontur, con corte a diciembre de 2019, existen formalizados 16.240 establecimientos convencionales, 11.495 viviendas turísticas y 1.836 hospedajes no permanentes.
Todo prestador de servicio de vivienda turística u hospedaje no permanente que supere más de 50 salarios mínimos legales al año con esta actividad debe aportar una contribución parafiscal de $2.500 por cada millón de pesos facturado.
En últimas, como señala la coordinadora de turismo de Jardín, Adriana Villa, se trata de que todos ayuden a preservar las bondades del turismo. “Esto trae muchos beneficios, pero también responsabilidades. Hay una obligación de cuidar la cultura, garantizar la sostenibilidad, preservar la biodiversidad, y todos los días es más riguroso. Hoy tenemos la exigencia de establecer la capacidad de carga, mediciones del aire, seguridad de las comunidades. Por eso la invitación a los empresarios para que se legalicen, para que en lugar de restar, sumen”
51,3%
de los servicios turísticos en el Suroeste de Antioquia son informales, según Situr.
