“Tenemos que rechazar con claridad la violencia y el vandalismo, y por eso invito a los miembros del Congreso a que trabajemos en la próxima legislatura para que tengamos en Colombia una ley moderna antivandalismo y antidisturbios”.
De esta manera, el presidente Iván Duque anunció la que sería una de sus prioridades en el último año del Congreso actual, antes de las elecciones de 2022.
Expertos consultados por EL COLOMBIANO consideraron que es un llamado coherente con la postura de rechazo del Gobierno frente los actos vandálicos que se han presentado en el país, en el marco de las protestas que empezaron con el paro del 28 de abril. Sin embargo, reconocieron que la proposición causó revuelo en el mundo político y civil.
¿Por qué la propuesta?
Aún no se conoce el contenido del proyecto y, si se cumple lo dicho por Duque, no se revelaría sino hasta el próximo 20 de julio dentro del paquete de iniciativas que presente el Ejecutivo para la última legislatura.
No obstante, el presidente sí dio algunas luces de qué traería el articulado. Por ejemplo, señaló que serviría para “diferenciar entre lo que debe ser una expresión pacífica y lo que es vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, destrucción de la infraestructura o violentar los derechos de la ciudadanía”.
Además, se le trasladaría más responsabilidades a alcaldes y gobernadores. “La defensa del orden público es una especie de pirámide institucional, que empieza desde lo local hasta el comandante supremo, pero donde ninguno puede relativizar nuestra competencia”. En ese sentido, EL COLOMBIANO constató que en la reunión que el miércoles sostuvieron Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el tema fue abordado.
Además, Duque insistió en que como sociedad se debe hacer una clara exigencia en que ningún ciudadano tiene el derecho a agredir a la institucionalidad ni a quien protege a la ciudadanía ni a quien defiende sus derechos. Y agregó: “Tenemos que llamar por su nombre a quien transgrede y atenta contra la ley”.
En este punto hay que recordar que, de acuerdo al último balance del Ministerio de Defensa, durante las protestas de las últimas 8 semanas –hasta el 27 de junio–, se han aplicado 227.524 sanciones por violaciones al Código de Policía, 1.408 personas han sido capturadas en flagrancia y 727 bienes policiales han sido afectados.
¿Hace falta?
Como se dijo, fueron múltiples las reacciones que generó la propuesta, desde manifestaciones de apoyo hasta críticas, pasando por quienes dicen que no hace falta al ya haber leyes al respecto.
Entre quienes la apoyaron, se encuentra el representante del Centro Democrático –partido de gobierno–, Óscar Villamizar, quien aseguró que “los actos de vandalismo han desbordado la capacidad de respuesta de los mandatarios, es necesario que en la próxima legislatura prioricemos este tema. La ciudadanía no puede seguir sometida a la voluntad de los autores de estos actos”.
El exviceministro de Justicia Rafael Nieto dijo que una norma de este talante serviría “si es para hacer más severas las sanciones para esas conductas. Pero de ninguna manera puede ser una excusa para no combatir con fortaleza a los delincuentes. La ley existente ya da herramientas”.
Y el Comité Intergremial de Antioquia –conformado por las 5 cámaras de comercio del departamento y por 29 gremios– publicó un comunicado en el que, condenando “los actos terroristas y los bloqueos”, manifestó el apoyo a “la propuesta de tramitar una ley antivandalismo y antidisturbios para que no pretendan quienes promueven la destrucción de las ciudades pasar impunemente por eludir los derechos de los colombianos”.
Sin embargo, hay voces que cuestionan la propuesta. Para la abogada penalista María Helena Luna la propuesta podría caer en “populismo punitivo” y señala que “con la Ley 1453 de 2011 se reformó el código penal y de procedimiento, el cual contiene delitos que ya recogen supuestos fácticos de vandalismo, afectación al orden público o a la propiedad”.
La abogada agrega que “el problema estructural es la conformación de Fiscalía y Policía, pues en esas instituciones recaen las fases más cruciales para que nuestro sistema penal funcione. En este caso, no es un tema de nuevas leyes” (ver Paréntesis).
Similar es la opinión del también penalista Francisco Bernate, quien apunta que un proyecto de este tipo “no es útil ni necesario. En 2011 se expidió la ley de seguridad ciudadana. Desde ahí, esos comportamientos son considerados un delito. 10 años después, lo que no sabemos es la eficiencia de esa ley y si funciona”.
A su juicio, entonces, lo que se debe hacer, antes que tramitar nuevas normas es “un balance sobre la ley de seguridad ciudadana, estudiar los casos, qué hay que aclarar y qué no y, sobre una base real, plantear soluciones”.
En todo caso, aún se debe esperar al 20 de julio para conocer las implicaciones reales del anuncio de Duque.
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personas fueron capturadas entre el 28 de abril y el 27 de junio: Ministerio de Defensa.
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