Colombia

Confinamientos y desplazamientos no dan tregua en el Pacífico colombiano

Chocó y Nariño concentran el mayor número de afectaciones de los grupos ilegales. Entre enero y abril se presentaron 18.152 víctimas de este hecho.

Las comunidades étnicas son unas de las más afectadas por estas situaciones. FOTO: Colprensa

10 de julio de 2021

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Preocupación manifestó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) al presentar este 9 de julio el balance sobre la situación humanitaria de Colombia en los primeros cuatro meses de 2021. Las cifras entregadas dan cuenta de que en el país persisten problemáticas como desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades, accidentes por minas antipersonal y artefactos explosivos, desapariciones en el marco del conflicto y ataques a las misiones médicas (ver gráfico).

“En los primeros meses de 2021 notamos una profundización de las consecuencias humanitarias de los conflictos armados y de la violencia, en particular en algunas regiones como Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño”, indicó Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia, quien agregó que la población civil sigue sufriendo las peores consecuencias de esta problemática, con afectaciones que se han agudizado por la actual pandemia.

Por ejemplo, el balance refirió que en los primeros cuatro meses del año se documentaron 33 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, lo que indica, según la entidad, que se documentó un promedio de una desaparición cada tres días, una situación que tuvo un comportamiento igual durante todo el 2020. “Estas cifras reflejan solo una parte de la realidad, ya que hay muchos otros casos que no se han reportado, por temor de los familiares o por otras razones”, señaló el informe del CICR.

El caso de Chocó y Nariño

Según el documento, solo los casos de confinamiento (18.152 personas afectadas) y desplazamientos masivos (13.695 personas afectadas) registrados en el país entre enero y abril de 2021 representan el 64 % de los de todo el año 2020. Caraffi fue enfático en decir que, si la tendencia de estos primeros meses se mantiene, “al final del año tendríamos el doble de los confinados y desplazados de 2020”.

El balance muestra que Chocó concentra el 73 % de los confinamientos. Informes de la Defensoría del Pueblo señalan que este departamento atraviesa una situación crítica: sus cifras, que abarcan el primer semestre de 2021, hablan de 20.392 personas afectadas por estos eventos, es decir, 7.141 registros más que los del CICR solo en los meses de mayo y junio.

Según fuentes del Ministerio Público, este problema se ha agudizado en Chocó desde 2017, tras la salida de las Farc del territorio por la firma del Acuerdo de Paz, cuando “se inició la expansión de la disputa entre el Eln y el clan del Golfo, que no se quedó solo en las zonas rurales, sino que también ha llegado a algunas cabeceras municipales y, en algunos casos, se han dado alianzas con estructuras de delincuencia común”.

Por ello, las comunidades, principalmente de resguardos indígenas y consejos comunitarios afro, optan por confinarse como un mecanismo de protección, lo que les quita autonomía territorial, pues no pueden salir con tranquilidad a buscar alimentos o agua, ejercer prácticas sagradas o tratar enfermedades con la medicina tradicional.

Por su lado, el CICR reportó que Nariño tiene el 43 % de desplazamientos masivos, con un caso cada 11 días en los primeros cuatro meses del año, lo que dejó 5.888 afectados. Las autoridades departamentales tienen las cifras del primer semestre de 2021, por lo cual el número asciende a 14.000 personas.

Amilkar Pantoja, subsecretario de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, expresó que el municipio Roberto Payán sigue siendo el caso más preocupante, pues “desde el 7 de mayo ha albergado en su cabecera municipal a más de 5.000 personas, entre ellas 2.600 menores de edad”. El funcionario agregó que otros municipios, como Barbacoas y Tumaco, también presentan esta problemática y que en este último también se vive un confinamiento.

La situación es tal, contó Pantoja, que en estas zonas no podrán comenzar el retorno presencial a clases, pues las aulas de los colegios albergan a las personas desplazadas, quienes reciben ayudas humanitarias, como kits de aseo, alimentos y la instalación de ollas comunitarias de parte de los gobiernos municipales, departamental y la Unidad para la Atención y la Reparación a las Víctimas. Por el momento, trabajan para lograr las condiciones de seguridad y garantías para que los afectados puedan regresar a sus hogares.

“Desde el año pasado, vivimos esta situación, que se debe a la disputa por la ocupación estratégica del territorio y por el dominio de economías ilícitas, son más de 16 grupos armados en la región, tanto así que las comunidades no saben quién es quién y, para salvaguardar sus vidas, deciden salir y resguardarse”, puntualizó el subsecretario.